Las cinco comunidades gobernadas por el Partido Popular han unido fuerzas esta semana contra la recién aprobada ley de universidades, la LOSU. En un manifiesto conjunto, los respectivos consejeros de Educación y Universidades de Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla y León, y Murcia han expresado su "preocupación" ante los "efectos adversos" que pueda provocar la norma ratificada en el Congreso de los Diputados el pasado 9 de marzo, y han avanzado que estudiarán recurrirla ante el Tribunal Constitucional (TC).

"Se trata de otro ataque al Estado", denuncian en un documento fruto de las reuniones mantenidas durante este martes y miércoles en Murcia. El texto, al que ha tenido acceso 20minutos, expone los puntos "negativos" de la ley, que, consideran, ha generado "desasosiego, incertidumbre y preocupación"; y expone una lista de medidas "coordinadas" que impulsarán en sus respectivos territorios para enmendar la "oportunidad perdida" con esta tercera reforma universitaria de la democracia.

Los responsables del ramo en cada comunidad autónoma —Román Rodríguez, de Galicia; José Carlos Gómez, de Andalucía; Juan María Vázquez, de Murcia; Enrique Ossorio, de Madrid; y María del Rocío Lucas, de Castilla y León— cargan contra una norma "contradictoria" que "desregula el sistema", hace que se creen "50 sistemas universitarios" y "coarta la autonomía" de los campus. 

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La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), sostienen, rompe con la cohesión nacional y crea "estudiantes a varias velocidades según donde estudien". Perjudica también, según los firmantes, a la carrera universitaria, al posibilitar "figuras similares con distintas obligaciones docentes e investigadoras", y "desprestigia" la figura del profesor asociado, (casi el 40% del total de docentes), que con la ley impulsada por Joan Subirats pasarán a ser indefinidos progresivamente. En esa línea, consideran que se pone "en riesgo de colapso" la convocatoria de plazas de 2024, por "falta de precisión" y las "deficientes" disposiciones transitorias en la ley. 

"Estamos ante una ley perjudicial para la calidad de las universidades, porque no se avanza en gobernanza, en internacionalización, en equidad entre estudiantes ni en transferencia de conocimiento ni en la conexión de la universidad con la sociedad", recriminan. Rechazan también la enmienda introducida a última hora que establece que los claustros universitarios puedan "analizar y debatir otras temáticas de especial trascendencia", lo que, según los consejeros del PP, supone "tomar posicionamiento político sobre temas ajenos al ámbito universitario". 

Por todo ello, y una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los populares avanzan que "se estudiará" la "posible inconstitucionalidad de la ley", ya cuestionada también, según indican, por comunidades autónomas, rectores y catedráticos. 

Medidas ante una "oportunidad perdida"

Los consejeros del ramo de las comunidades gobernadas por el PP, se "comprometen" también a impulsar otras medidas en sus comunidades para tratar de amenizar esos "efectos negativos". Según anuncian en el documento, coordinarán "nuevos desarrollos legislativos" en sus respectivos territorios para "dar certidumbre al profesorado, estudiantes, PAS, familias y sociedad". Mantendrán también la Agencia Nacional de Evaluación, Calidad y Acreditación (ANECA), pese a que la LOSU establece que en un año desde su aprobación, la agencia de evaluación de los profesores funcionarios deberá pactar convenios de colaboración con las agencias autonómicas. 

Avanzan otras iniciativas, como implantar un modelo de carrera académico distinto, o reforzar el papel de los consejos sociales en la relación entre la sociedad y la universidad, "evitando su politización". "Creemos en una universidad libre y crítica, al margen de imposiciones ideológicas y adoctrinamientos políticos", subrayan. 

Exigen, por último, que el Gobierno comprometa al menos el 1% del presupuesto de los fondos europeos de recuperación para educación universitaria, frente al 0,3% actual, y proponen un PERTE universitario. La ley sí que pretende acabar con la infrafinanciación de las universidades (actualmente se destina el 0,7% del PIB), pero lo hace fijando un horizonte de incremento de aquí a siete años con el objetivo de llegar al 1% en 2030.