La larga y turbulenta tramitación de la reforma de la ley de seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza, afrontará el próximo martes la que es posible que sea su última encrucijada. Ese día, el 14 de marzo, se celebrará la sesión de la comisión de Interior del Congreso en la que los grupos parlamentarios tendrán que votar el informe de la ponencia, el texto final que, en caso de ser aprobado, llegará al Pleno para ser aprobado definitivamente. Y, a escasos días de que se celebre esa votación, el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, por una parte, y ERC y EH Bildu, por otra, sigue aún muy lejos, por lo que la norma podría incluso caer la semana que viene.

La situación a la que el Gobierno y sus aliados llegan a la reunión del martes que viene ha sido una constante en la negociación de una reforma, la de la ley mordaza, que ha avanzado a tirones desde el principio y que lleva bloqueada desde hace meses en varios asuntos clave para ERC y EH Bildu. Hasta ahora, el Ejecutivo y sus socios han ido superando los obstáculos con muchas dificultades, el último el mes pasado, cuando el texto fue aprobado en la ponencia gracias a que ERC cambió de criterio a última hora y decidió salvarlo para evitar que fuera derribado definitivamente y poder seguir negociando.

No obstante, quedan pocas bolas extra para seguir alargando la negociación. PSOE y Unidas Podemos, que tienen mayoría para hacerlo, decidieron este jueves convocar para el próximo martes la sesión de la comisión de Interior del Congreso en la que los grupos tendrán que votar el dictamen, es decir, el texto de la ley con todas las enmiendas que se han ido añadiendo durante la tramitación. Ese es el último paso del procedimiento legislativo antes de que la norma llegue al Pleno y el Congreso se pronuncie sobre ella de forma definitiva. Pero para que eso pase, primero tiene que sumar más 'síes' que 'noes' el martes.

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Y, hoy por hoy, el dictamen de la ley no tiene ni mucho menos asegurado ser aprobado para poder pasar al Pleno. Fuentes de ERC interpretan el paso dado por PSOE y Unidas Podemos convocando la comisión el próximo martes como una manera de presionarles a EH Bildu y a ellos para que se avengan a aprobar la norma, pero insisten: ERC está, en este momento, en el 'no' al texto. "El PSOE ahora mismo quiere presionar" y no seguir negociando, asegura un dirigente republicano catalán, que considera que los socialistas han decidido no ceder en ninguno de los puntos clave para los independentistas.

Por su parte Unidas Podemos, que ha hecho piña con el PSOE en las últimas semanas para cerrar la negociación frente a la intención de ERC y EH Bildu de dilatar las conversaciones, pone el foco en la necesidad de encarar por fin la recta final de la tramitación parlamentaria de la reforma de la ley mordaza. "Se trata de decidir si se quiere la ley de Rajoy" u otra que, pese a que no llega tan lejos como los independentistas y los morados querrían, tiene "avances", sostienen fuentes de Unidas Podemos, que hacen hincapié en que la ley mordaza lleva seis años en vigor con gobiernos de izquierdas.

Los tres asuntos bloqueados

Son tres asuntos, fundamentalmente, los que imposibilitan hoy por hoy que haya acuerdo entre el Gobierno y ERC y EH Bildu. El más espinoso es la redacción de los artículos relativos a la desobediencia y las faltas de respeto a la autoridad, en los que se apoyan buena parte de las multas y sanciones que han impuesto los agentes policiales desde 2015, cuando se aprobó la norma. El texto actualmente vigente considera falta leve "las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones", y las castiga con entre 100 y 600 euros.

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Los socios del Gobierno consideran enormemente ambigua esta redacción y denuncian que abre la puerta a la arbitrariedad, pero por ahora no se ha conseguido consensuar un texto alternativo. El mes pasado, PSOE, Unidas Podemos y el PNV hicieron un nuevo intento de acercarse a ERC y EH Bildu a través de una enmienda conjunta para limitar la capacidad de las fuerzas de seguridad de imponer sanciones cuando fueran víctimas de "expresiones o actos relevantes" de carácter "humillante, despectivo u ofensivo". 

En concreto, PSOE, Unidas Podemos y el PNV planteaban que no podría "considerase sancionable la sola disconformidad con un mandato legitimo o el respetuoso ejercicio de la libertad de expresión". Pero a los independentistas no les pareció que esa redacción tapase todos los posibles agujeros, y tampoco hay avances en los otros dos puntos que mantienen bloqueada la negociación: la prohibición de las pelotas de goma como material antidisturbios -PSOE y Unidas Podemos plantean que se realice "un estudio sobre el empleo del material antidisturbios" a partir del cual se desarrollaría un protocolo de utilización del mismo algo que resulta insuficiente a ERC y EH Bildu- y la regulación de las devoluciones en caliente. 

En este último aspecto, las posiciones son enormemente distantes. El PSOE ni siquiera quiere entrar a legislar en la reforma de la ley mordaza sobre la posibilidad de expulsar en la misma frontera a los inmigrantes que intenten acceder irregularmente a Ceuta y Melilla, ya que los socialistas entienden que esa materia debe estar regulada en la ley de extranjería. Y EH Bildu y ERC, por su parte, exigen la prohibición de esta práctica.