La reforma de la ley de seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza, va quemando etapas en el Congreso pese a que la falta de avances en la negociación sigue bloqueando el pacto. Este miércoles, la ponencia que llevaba meses debatiendo el texto provisional y las enmiendas de los grupos ha votado que la proposición de ley pase a ser debatida y votada en comisión, el último trámite parlamentario que le queda antes de ser enviada al Pleno para su aprobación definitiva. Y lo ha hecho gracias al voto favorable de ERC, que unido al de PSOE, Unidas Podemos y PNV ha permitido que la tramitación continúe pese a que sigue sin haber acuerdo en los puntos más espinosos de la reforma.

Su apoyo a que se siga tramitando la norma supone un cambio de posición de ERC, que hasta ahora había hecho tándem con EH Bildu para impedir que el texto pasara a comisión y había forzado a seguir negociando en la ponencia con el fin de esquivar las presiones del Gobierno para aprobar definitivamente la reforma. El paso de los republicanos catalanes se ha producido apenas unas horas después de que se anunciara oficialmente el pacto entre la Generalitat de Cataluña -gobernada por ERC- y el PSC para aprobar los Presupuestos autonómicos de esa comunidad.

No obstante, que ERC haya permitido que se dé un paso más en la tramitación de la ley no implica que ya haya un acuerdo para aprobarla. En ello insistió la diputada republicana María Carvalho, que tras la reunión de la ponencia de este miércoles aseguró que el voto de ERC "todavía es un no", pero que la formación no quiere "levantarse de la mesa". "Queremos que haya movimientos, sobre todo por parte del PSOE", reclamó Carvalho, que criticó que "los artículos que comportan el 70% de las multas impuestas a causa de la ley mordaza siguen vivos" en la reforma y el PSOE se resiste a eliminarlos.

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Las quejas de la diputada de ERC se refieren a la redacción de los artículos relativos a la desobediencia y las faltas de respeto a la autoridad, en los que se apoyan buena parte de las multas y sanciones que han impuesto los agentes policiales desde 2015, cuando se aprobó la norma. El texto actualmente vigente considera falta leve "las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones", y las castiga con entre 100 y 600 euros. Los socios del Gobierno consideran enormemente ambigua esta redacción y denuncian que abre la puerta a la arbitrariedad, pero por ahora no se ha conseguido consensuar un texto alternativo.

Este miércoles, PSOE, Unidas Podemos y el PNV hicieron un nuevo intento de acercarse a ERC y EH Bildu para desbloquear este asunto. Las tres formaciones presentaron una enmienda conjunta en la que se limitaba la capacidad de las fuerzas de seguridad de imponer sanciones cuando fueran víctimas de "expresiones o actos relevantes" de carácter "humillante, despectivo u ofensivo". En concreto, PSOE, Unidas Podemos y el PNV planteaban que no podría "considerase sancionable la sola disconformidad con un mandato legitimo o el respetuoso ejercicio de la libertad de expresión". 

A ERC y EH Bildu, no obstante, esa nueva redacción no les ha parecido suficiente. A priori, ambas formaciones apuestan directamente por suprimir los artículos de la ley de seguridad ciudadana que permiten sancionar administrativamente a los manifestantes que faltan el respeto a los agentes, porque entienden que estos ya están protegidos por instrumentos como los delitos de injurias del Código Penal. Fuentes socialistas se muestran abiertas a seguir negociando, pero dejan claro que el PSOE no piensa suscribir la eliminación de esos artículos, sino únicamente su reforma.

Pelotas de goma y devoluciones en caliente

Tampoco ha habido avances en los otros dos puntos que mantienen bloqueada la negociación: la prohibición de las pelotas de goma como material antidisturbios y la regulación de las devoluciones en caliente. En este último aspecto, las posiciones son enormemente distantes. El PSOE ni siquiera quiere entrar a legislar en la reforma de la ley mordaza sobre la posibilidad de expulsar en la misma frontera a los inmigrantes que intenten acceder irregularmente a Ceuta y Melilla, ya que los socialistas entienden que esa materia debe estar regulada en la ley de extranjería. Y EH Bildu y ERC, por su parte, exigen la prohibición de esta práctica.

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Por el contrario, PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu sí presentaron este miércoles una nueva propuesta para desatascar el desacuerdo en torno a las pelotas de goma, aunque ERC y EH Bildu tampoco lo aceptaron porque no vetaba la utilización de este armamento por parte de las fuerzas antidisturbios. La enmienda de socialistas, morados y nacionalistas vascos planteaba que el Ministerio del Interior realizara "un estudio sobre el empleo del material antidisturbios" a partir del cual se desarrollaría un protocolo de utilización del mismo, pero no prohibía ningún material.

Para el PSOE, según confirman fuentes socialistas, prohibir las pelotas de goma -ya vetadas por la legislación autonómica en comunidades como Cataluña- en la reforma de la ley mordaza es poco útil porque deja fuera otro tipo de material, como las balas de foam, pero también porque el PSOE entiende que son los mandos policiales los que mejor conocen las herramientas que necesitan para sus operativos. Fuentes socialistas recuerdan, además, que el permiso para utilizar las pelotas de goma debe darlo la Delegación o la Subdelegación del Gobierno a petición de las fuerzas policiales, por lo que su uso está regulado.