El pasado día 16 de febrero se aprobó el informe de la subcomisión para un Pacto de Estado contra el antigitanismo y por la Inclusión del Pueblo Gitano, en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados. Un informe que recoge las conclusiones fruto de todas las comparecencias llevadas a cabo en dicha subcomisión y que han servido para ofrecernos, de primera mano, la realidad que vive la población gitana en España.

Después de un largo camino combatiendo el racismo, elevar la lucha contra el antigitanismo a nivel institucional se está convirtiendo en una cuestión de Estado y una prioridad para los y las socialistas.

El antigitanismo es la expresión más despiadada de discriminación que sufrimos los gitanos y las gitanas por el mero hecho de serlo. Ese antigitanismo que tiene como misión arrancar la dignidad a las personas que comparten este mismo origen étnico y que a la vez deshumaniza y golpea sistemáticamente sus oportunidades de futuro. Esta lacra, por desgracia, que ha sido naturalizada y aceptada por parte de la sociedad mayoritaria durante siglos, explica los motivos por los que una parte importante de la población gitana sigue soportando unos índices de desigualdad impropios de una sociedad avanzada.

Nuestro país, nuestra democracia, siguen teniendo una deuda con el pueblo gitano. Poco a poco estamos consiguiendo que la “cuestión gitana”, desde la política, ocupe el espacio de debate público que le corresponde, por eso tiene tanto valor que tantas personas gitanas, activistas, líderes de movimientos sociales o profesionales, hayan acudido al lugar donde reside la soberanía popular para reivindicar que la política tenga en cuenta la voz del pueblo gitano a la hora legislar y emprender medidas destinadas a promover la igualdad.

Los españoles y españolas que compartimos este mismo origen cultural, aunque se obvie la realidad, nos obliga a recordar que somos ciudadanos y ciudadanas de derecho, que debemos ser tratados en pie de igualdad con el resto de la sociedad mayoritaria, y para ello, habida cuenta de la situación que la inmensa mayoría de la población gitana sufre en nuestro país, deben ponerse en marcha políticas eficaces que contemplen la perspectiva gitana en todas las normas, medidas y acciones que apruebe el Estado y el conjunto de administraciones públicas a todos los niveles.

No tengo duda alguna de que la legislatura que se está desarrollando en estos momentos es la legislatura de las políticas de igualdad. En estos últimos años, y a pesar de las enormes dificultades coyunturales que estamos sufriendo (una pandemia y la guerra a las puertas de la Unión Europea), el Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha puesto en marcha medidas destinadas a promover y asentar una sociedad más justa e igualitaria.

Y en ese sentido, como diputada y mujer gitana me siento muy orgullosa de poder participar como representante del pueblo en esta legislatura tan especial, en la que se han aprobado normativas que vienen a cumplir algunas de las reivindicaciones más anheladas por la población gitana española.

La regulación de los materiales educativos que enseñan la historia y la cultura gitanas en los centros escolares, la normativa que protege la venta ambulante, o la reciente Ley de Empleo que menciona específicamente al Pueblo Gitano como grupo de especial cuidado y seguimiento, son ejemplos de que, con voluntad política, compromiso y sensibilidad, es posible plasmar en el Boletín Oficial del Estado medidas concretas que den respuestas a necesidades históricas.

Creo indispensable hacer un breve alto en la aprobación de la nueva Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, un hito histórico que establece que el antigitanismo es una forma específica de discriminación, y además conlleva una reforma esencial del Código Penal añadiendo esta forma cruel de intolerancia como elemento motivador a la hora de cometer un delito de odio. Un paso más para luchar contra la impunidad.

Debemos tener muy claro que este añadido expreso al Código Penal es importantísimo en la lucha por la erradicación de esta injusticia en nuestra sociedad, puesto que no es posible combatir aquello que no se conoce, o que se pretende ignorar olvidando su propia denominación.

No voy a olvidarme, en absoluto, de otras medidas como el Ingreso Mínimo Vital, la subida de las pensiones, el aumento del salario mínimo interprofesional, o la inversión histórica en dependencia, también ejemplos de esta política hecha por y para la gente, que muestran que es posible gobernar poniendo las necesidades de la ciudadanía como motivación esencial y que ha impactado en muchos hogares de las familias gitanas y no gitanas para amortiguar las consecuencias económicas y sociales de dos crisis que desgraciadamente nos ha tocado vivir.

Legislar en democracia supone un poder inmenso, por eso tiene tanta importancia que las leyes que emanen de las Cortes Generales tengan vocación de mejorar las condiciones de vida de las personas y, por tanto, consolidar el sistema democrático. Más allá del ruido provocado por la desbocada oposición política de una derecha cada vez más ultra, que propaga su corte mediática un día sí y otro también.

Una derecha disfrazada de civilizada, pero que en realidad va de la mano de la ultraderecha a la hora de poner obstáculos para que los grupos sociales más desfavorecidos históricamente puedan ejercer sus derechos en pie de igualdad como corresponde.

Una derecha ultra que dice sentirse reconocida por los principales valores del pueblo gitano, como son, por ejemplo, la querencia por la familia y el respeto a las personas mayores, pero que en el fondo quiere que los gitanos y las gitanas sigamos condenados a los guetos y a la discriminación, eso sí, “formando parte del paisaje”, como ellos dicen, sin que nuestra voz sea oída, sin que se reconozcan nuestros derechos, sin que se tengan en cuenta nuestras necesidades. Y lo que más le molesta a esta “gente de bien” es que las mujeres gitanas rompamos con los estigmas, seamos mujeres empoderadas, seamos feministas y progresistas y, aún peor, que una mujer gitana posea la capacidad de representar a todos los españoles y españolas desde la responsabilidad pública. Para un ultraderechista imaginar que un gitano o gitana mande en su país debe ser el mayor guantazo a la historia de persecución a nuestro pueblo. Al final, le estamos diciendo que con nosotros y nosotras no pudieron.

En el fondo, a la derecha ultra le molesta que la voz gitana sea escuchada en el Congreso, de ahí su interés en generar ruido durante los debates y tratar de desviar la atención de lo que realmente interesa. A la derecha ultra no le interesa el debate político sereno, escuchar con atención y empatía, o contribuir a tomar decisiones de una manera constructiva y positiva. Solo le interesa la confrontación estéril, generar división y denigrar las instituciones.

Desde el Partido Socialista seguimos trabajando de otra forma. Buscamos el consenso por medio del diálogo, el entendimiento desde las legítimas diferencias políticas, y la toma de decisiones para fortalecer este sistema de libertades que tanto trabajo nos costó poner en pie entre todos y todas. Somos el Gobierno de la Gente y, en esta particular batalla, los gitanos y gitanas hemos logrado una victoria, colocar nuestras demandas en el centro de la agenda política.

Por eso tomamos nota de lo que se ha expuesto en esta subcomisión, y por eso vamos a seguir trabajando con intensidad para hacer realidad ese Pacto de Estado contra el antigitanismo y por la inclusión del pueblo gitano, porque la máxima expresión de discriminación antigitana es, en sí misma, un ataque a la dignidad no solo del pueblo gitano, sino de toda una sociedad que presuma de ser democrática.