El Senado devuelve al Congreso la reforma del aborto y la ley trans para su aprobación final

La ministra de Igualdad, Irene Montero, interviene durante una sesión plenaria, en el Senado, a 8 de febrero de 2023, en Madrid (España).
La ministra de Igualdad, Irene Montero, interviene durante una sesión plenaria, en el Senado, a 8 de febrero de 2023, en Madrid (España).
Gustavo Valiente / Europa Press
La ministra de Igualdad, Irene Montero, interviene durante una sesión plenaria, en el Senado, a 8 de febrero de 2023, en Madrid (España).

Recta final para la reforma de la ley del aborto y la ley trans. El Senado ha dado luz verde este miércoles a ambas normas, pero al haberse introducido enmiendas tendrán que volver al Congreso para ser aprobadas definitivamente. Superan así su penúltimo trámite en la Cámara Alta, donde los grupos de la derecha han mostrado su oposición frontal a ambas leyes impulsadas por el Ministerio de Igualdad

La del aborto -que aspira a reformar la ley actual, de 2010, y devolver a las menores de 16 y 17 años el derecho a abortar libremente hasta la semana 14 sin consentimiento de padres o tutores- ha sido la primera en ser ratificada por los senadores, con 146 votos a favor y en contra los de PP, Vox y Cs. Es también la norma que, en comparación con la tumultuosa tramitación de la ley trans, ha tenido un recorrido más tranquilo. Frente a las críticas del PP y Vox durante el debate de la ley de este miércoles, la portavoz socialista, Eva Granados, ha recordado que un 83% de los españoles está a favor del aborto y ha destacado que "los derechos no son para quitar libertad a nadie, sino para darla a quien la quiera ejercer".

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha aprovechado su intervención en el Pleno para dar las gracias a la "mayoría feminista del Senado por hacer posible esta ley". "Las mujeres feministas tenemos muy claro que sin derechos sexuales y reproductivos no somos ciudadanas de pleno derecho", ha subrayado al cerrar el debate sobre la ley, que coincide además con la reunión del Tribunal Constitucional (TC) que aborda, tras casi 13 años, el recurso del PP contra la ley de plazos de 2010. 

El proyecto vuelve ahora al Congreso para recibir su respaldo definitivo tras haberse incorporado cambios mínimos de las cerca de 200 enmiendas que llegaron a registrar los grupos. Una de ellas es la propuesta por el PSOE -apoyada por todos los partidos salvo Vox- para impedir protocolos contra el aborto como el que Vox llegó a plantear en Castilla y León para ofrecer a las mujeres que acudan a interrumpir su embarazo la posibilidad de escuchar el latido del feto o ver una ecografía 4D. Concretamente, en el Senado se ha aprobado blindar en la ley la prohibición de condicionar la voluntad de una mujer, "ya sea para afianzar, revocar o para demorar" su decisión de interrumpir su embarazo, al tiempo que se establece que solo se permitirá comunicarle "información clínica imprescindible y pertinente". 

Aborto desde los 16 y registro de objetores

Más allá de las modificaciones, la ley que salió del Consejo de Ministros en mayo de 2022 aspira a garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, establece un registro de objetores de conciencia y elimina la exigencia de la autorización de los padres para las menores de 16 y 17 años. Suprime también los tres días de reflexión y la obligación de dar un sobre cerrado con información (ayudas, recursos, etc.) a las mujeres, y reconoce una baja laboral por menstruaciones incapacitantes, que correrá a cargo del Estado desde el primer día.

Además, contempla el reparto gratuito de productos de higiene femenina (compresas, tampones, etc.) en colegios, centros sociales, sanitarios y penitenciarios; y fija como obligatoria la educación sexual en todas las etapas educativas. 

Medidas que, no obstante, no apoyan ni el PP y Vox, que presentaron sendos vetos al proyecto de ley al considerar que vulneran derechos fundamentales; ni tampoco Ciudadanos. Los partidos de la derecha han acusado al Gobierno de impulsar una ley "innecesaria, inoportuna y precipitada" que, según los populares, "señala y estigmatiza" a los médicos objetores y dejará a las mujeres "menos informadas"; o que, a juicio de Vox, "promueve la cultura de la muerte".

La ley trans avanza también

La ley trans también ha recibido el visto bueno -con 144 votos a favor, 108 en contra y dos abstenciones- de la Cámara Alta este miércoles en un debate algo más farragoso. La norma que, desde su nacimiento ha provocado momentos de crisis entre los socios de coalición, aterrizará de nuevo en el Congreso más de un año y medio después de que el anteproyecto fuese aprobado en el Consejo de Ministros. En este caso, solo se han introducido a última hora "correcciones técnicas", como cambiar en un artículo el término "procedimientos" por procesos o borrar la posibilidad de que los funcionarios puedan solicitar una excedencia por "violencia intragénero". 

"Nos han dicho muchas veces que [la ley] no llegaría al Congreso, que no llegaría al Senado, pero hemos llegado hasta aquí", ha celebrado Irene Montero durante su intervención, en la que ha querido lanzar un mensaje al colectivo trans y LGTBI: "Por fin, el Estado va a reconocer que sois quienes sois sin necesidad de que presentéis un informe porque estéis enfermos". 

Por su parte, la senadora socialista Donelia Roldán ha asegurado que la ley "es un compromiso del PSOE" que, junto a la de igualdad de trato y no discriminación, culmina con un proceso "de muchos años de trabajo" iniciado por el activista LGTBI y socialista fallecido en 2015, Pedro Zerolo.

El PP denuncia el "borrado de las mujeres"

Desde el PP, contrarios a la norma, han cargado contra el proyecto de Igualdad, al que han tachado de "intervencionista" y "sectario", en palabras de la senadora popular Patricia Rodríguez, quien también ha denunciado que el proyecto "desprotege a los más vulnerables, especialmente a los menores" y ha afeado que no se hayan tenido en cuenta los informes de órganos consultivos. 

"Es una ley que puede tener consecuencias irreversibles", ha aseverado Rodríguez, al señalar que permitir el cambio registral de sexo sin condiciones promueve el "borrado de las mujeres". "Si ya no existe la diferencia entre sexos, ¿no existirá entonces la violencia machista?", ha preguntado en el Pleno. 

Autodeterminación de género sin hormonación

La ley trans reconoce la libre autodeterminación de género (sin consentimiento paterno ni aval judicial) desde los 16 años y sin pasar por años de hormonación. El texto permite que las personas de entre 14 y 16 años cambien su sexo en el DNI con el consentimiento de sus representantes legales, y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial. Responde esta medida -esencia del articulado- al afán del Ejecutivo por "despatologizar" a las personas trans y que dejen legalmente de ser consideradas enfermas. 

La norma contempla también la posibilidad de que aquella persona que ya haya conseguido el cambio de sexo se arrepienta. En ese caso, tendrán que haber transcurrido seis meses como mínimo desde la rectificación para optar a una reversión que solo se concederá si la aprueba un tribunal. Además, las terapias de conversión, destinadas a modificar la orientación sexual de una persona, pasarán a estar prohibidas con esta ley, incluso cuando cuenten con el consentimiento de la persona afectada, y se castigará con multas de hasta 150.000 euros.

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