El Tribunal Constitucional ha dado el segundo y último paso previo a la deliberación sobre el recurso presentado en 2010 por el Partido Popular contra la ley del aborto impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Tras rechazar el martes la abstención de la magistrada Concepción Espejel, la corte de garantías ha decidido este miércoles inadmitir a trámite el recurso presentado por cinco exdiputados populares contra el presidente Cándido Conde-Pumpido, los magistrados Juan Carlos Campo e Inmaculada Montalbán y la propia Espejel, que ha anunciado un voto particular en contra. 

Según ha comunicado el órgano de garantías, después de tomar esta decisión el Pleno ha comenzado a deliberar sobre el fondo del recurso. El debate, aseguran, está siendo "intenso", dada la "complejidad del asunto". Los magistrados continuarán debatiendo la ponencia este jueves, y "probablemente" lleguen a una conclusión. 

El Pleno considera que el escrito de los cinco exdiputados populares, entre los que se encuentra el exministro de Defensa Federico Trillo, carece de "legitimación a título particular". El Constitucional alega que el derecho a recusación corresponde en este caso "a la agrupación de 50 o más diputados que interpuso el recurso de inconstitucionalidad" (fueron 71). 

De esta forma, el Pleno queda a salvo de la falta de cuórum que habrían provocado las recusaciones al dejar la decisión en manos de siete magistrados, uno menos de los que se necesitan para deliberar. Los exdiputados del PP solicitaron apartar a Cándido Conde-Pumpido porque ejercía como fiscal general del Estado en el momento en que se elaboró la norma. 

El Constitucional rechaza la abstención de la magistrada Espejel en el recurso contra la ley del aborto y asegura así el cuórum necesario

También pidieron retirar a Montalbán y Espejel porque, como vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2010, participaron en la elaboración de un informe sobre la ley del aborto. El Constitucional ya se pronunció sobre esta circunstancia el pasado martes, negando que fuera un obstáculo, dado que ocurrió "hace más de 12 años" y el informe nunca llegó a remitirse al Ejecutivo. 

La última recusación, dirigida contra el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, defendía que el magistrado sería parcial porque entre 2009 y 2011 (coincidiendo con la publicación de la ley) ejerció como secretario de Estado de Justicia.  

Superado este escollo, la corte de garantías constitucionales podrá abordar, después de casi 13 años, el recurso que presentó en su día el Partido Popular solicitando su tramitación "preferente". Los once magistrados que componen a día de hoy el tribunal -una de las sillas permanece vacía a la espera de que PSOE y PP acuerden un sustituto para Alfredo Montoya, que dejó el TC tras sufrir un ictus- debatirán la ponencia del magistrado conservador Enrique Arnaldo, que prevé ratificar la norma, aunque con algún matiz. 

Sin embargo, cualquier modificación que proponga el togado podría poner trabas al debate, pues "el sentir mayoritario apuesta por avalar la ley íntegramente", según confirmaron fuentes del TC a Europa Press. Si el borrador del ponente Arnaldo no deja intacta la ley, el rechazo de la corte podría propiciar un cambio de ponencia, o bien una modificación del borrador de manos del propio Arnaldo. El obstáculo principal reside en el artículo 17, que versa sobre la "información previa al consentimiento de la interrupción voluntaria del embarazo".

Además, la ponencia pone el foco sobre dos cuestiones que estima constitucionales siempre que se interpreten como propone. Se trata del aborto terapéutico, para acotar que el concepto de salud solo se refiere a la salud física o psíquica; y de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, para que abarque a todos los implicados en las actuaciones previas o posteriores a la intervención.

Otro de los asuntos espinosos es el del consentimiento paterno, que en la ley inicial no era necesario cuando las menores de edad decidían abortar. Este fue uno de los preceptos que el PP impugnó en su día, pero el Gobierno de Mariano Rajoy lo derogó, con lo que el recurso carece de sentido a día de hoy. Sin embargo, paralelamente al trabajo de la corte de garantías se tramita en el Senado la nueva ley del aborto, impulsada por el Ministerio de Igualdad, que permitiría de nuevo que las jóvenes de entre 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo sin el permiso de sus progenitores o tutores.

El jueves será el último de los tres días de Pleno, que podría desembocar en una decisión final (si se avalase la propuesta) o en un cambio de ponencia, que decidiría el presidente Conde-Pumpido. Existe una tercera opción: que Arnaldo esté dispuesto a rectificar su borrador y adaptarlo al criterio mayoritario del Tribunal si este difiere del suyo.