El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha convocado un Pleno extraordinario el próximo jueves para abordar y tratar de poner solución a la precaria situación en la que se encuentra el Tribunal Supremo a consecuencia del veto que el Gobierno impuso en 2021 al órgano de gobierno de los jueces para prohibirle nombrar magistrados mientras esté en funciones. Este impedimento, en tanto que el Partido Popular y el Gobierno han sido incapaces de llegar a un acuerdo para renovar el CGPJ, ha llevado al Supremo a acumular un total de 19 vacantes. Así lo denunció el alto tribunal el 16 de enero a través de un informe del director de su gabinete técnico en el que se advirtió además de que en los próximos meses la situación se agravará y 24 de las 79 sillas del tribunal quedarán vacías.

El CGPJ se ha propuesto analizar las "disfunciones y consecuencias" que la parálisis institucional está generando en el servicio público de la Justicia y reaccionar a la denuncia del Supremo, aunque no está claro cual será su estrategia. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces indican a 20minutos que los vocales pretenden recibir una propuesta de la comisión permanente del órgano. "Una opción puede ser hacer nombramientos provisionales de magistrados en comisión de servicio; otra vía podría ser la ampliación del gabinete técnico del Supremo", señalan estas mismas fuentes.

Cualquiera de estas vías funcionaría como una especie de parche, una manera de esquivar el veto del Ejecutivo y solucionar así la acumulación de vacantes. Las salas de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo son las más afectadas por la situación. Según denunció el informe del Supremo, en 2023 la falta de magistrados en ambas salas provocará que se dicten unas 1.230 sentencias menos de lo debido, "con el grave perjuicio que eso supone". Ambas salas corren el riesgo de llegar al "colapso", señaló el alto tribunal.

Del total de las vacantes que entorpecen la labor del Supremo, dos están en la Sala Primera, diez en la Sala Tercera, cinco en la Sala Cuarta y dos en la Sala Quinta. Y entre las tareas pendientes del Consejo General del Poder Judicial está la de nombrar un nuevo presidente para el Supremo, un puesto que actualmente ocupa Francisco Marín de forma interina.

La trayectoria de este magistrado, que ha alcanzado uno de los más honorables cargos a los que se puede aspirar como parte del Poder Judicial, es una muestra clara de la precaria situación del mismo. En junio de 2020, Marín llegó a la vicepresidencia del Supremo sustituyendo a un compañero jubilado ante la imposibilidad de que el Consejo hiciese un nombramiento oficial. En un contexto parecido llegó a ocupar la presidencia, interino de nuevo.

En los próximos meses se jubilarán otros cinco magistrados, dejando una vacante en la Sala de lo Civil, otra en la Sala de lo Penal, una más en la Sala de lo Contencioso y otras dos en la Sala de lo Social y la Militar. "Con una situación de la que el Tribunal Supremo no es en ningún caso causante, sino víctima directa, se hace necesario articular algún sistema que permita superar las dificultades existentes y resolver los recursos en plazos razonables, para no causar mayores perjuicios a los ciudadanos que confían en la Justicia", reza el informe por el que el Supremo exigió soluciones al Parlamento.