La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que impulsa el ministro Joan Subirats, suscita el apoyo del sector en los temas esenciales: mejora de la financiación, reducción de la temporalidad y de la brecha de género, y equilibrio entre la docencia y la investigación. Hasta aquí muy bien. Sin embargo, hay un asunto que incomoda y levanta ampollas. ¿Sobre qué aspectos los claustros pueden pronunciarse? En uno de los últimos trámites parlamentarios, ERC y Bildu presentaron una enmienda que ha quedado incorporada al texto que debe ratificar el Senado, según la cual, el claustro, que es el máximo órgano de la universidad, está habilitado para debatir "temas de especial trascendencia".

Se trata de un coladero para acabar votando todo tipo de declaraciones políticas que chocan con el principio de neutralidad de las instituciones. Desde Cataluña las voces de alarma se encendieron en seguida por parte de entidades como Universitaris per la Convivència porque durante el infausto procés muchos claustros votaron resoluciones a favor de la autodeterminación. En 2019, el conjunto de las universidades catalanas se adhirió a un manifiesto en contra de las penas que impuso el Tribunal Supremo a los líderes independentistas. Dicha declaración fue declarada nula por la Justicia porque no tenía amparo en la autonomía universitaria y vulneraba los principios de neutralidad política e ideológica exigible a todas las instituciones públicas, tal como sostiene el Tribunal Constitucional.

Los claustros no representan a nadie en "temas de especial trascendencia"

Varios miles de profesores han firmado cartas al ministro Subirats y a los senadores para que la ley garantice la neutralidad de los claustros. Una cosa es el libre debate de ideas, función esencial de las universidades, y otra es que estas opten por una línea concreta, defendiendo una posición política de parte. Además, los claustros no representan a nadie en "temas de especial trascendencia", es decir, en asuntos políticos, pues sus representantes no han sido elegidos para esos fines, de lo contrario acabaríamos creando universidades de derechas o de izquierdas, soberanistas, federalistas o autonomistas.

La enmienda de ERC y Bildu pretende dar cobertura para que se puedan seguir produciendo ese tipo de declaraciones que convierten las universidades en trincheras ideológicas. Sorprende que muchísimos rectores del conjunto de las universidades españolas prefieran guardar silencio ante el disparate que se propone, y no se den cuenta de que romper el principio de neutralidad es entrar en el terreno del populismo. Para que la universidad siga siendo un foro libre de debate es vital que no se enfangue en posiciones políticas. En la defensa de la neutralidad nos jugamos también su libertad.