La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) saldrá adelante en la votación de este jueves, según lo manifestado hoy por los portavoces parlamentarios. Cerca de tres años después de que se empezara a trabajar en la iniciativa por el entonces ministro del ramo, Manuel Castells, el proyecto encauza ya la fase final de su tramitación de la mano de su sucesor, Joan Subirats, quien, tal y como prometió, hizo "suya" la norma para cosechar los apoyos suficientes de la comunidad académica y de la Cámara Baja. Y así se ha hecho. La norma se votará este jueves y, previsiblemente, saldrá aprobada con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y PDECat.

El objetivo del texto -impulsado para modernizar el sistema universitario español, blindar su prestigio y financiación y mejorar las condiciones de docentes y alumnos- esté definitivamente aprobada a principios de 2023, pero para ello todavía debe recibir el visto bueno del Senado. Con todo, las posiciones mostradas por los portavoces de cada grupo parlamentario este miércoles auguran ya un desenlace favorable para el ministerio de Subirats. 

"Esta ley era totalmente necesaria. La anterior tiene más de 21 años en vigor, se hizo en un momento en que aún estaban por desplegar competencias de las comunidades autónomas, en el cual era inimaginable los cambios tecnológicos que se han ido produciendo, y entendemos que era absolutamente indispensable encarar esta reforma", ha defendido el titular de Universidades, Joan Subirats, al finalizar el debate en el Pleno. 

La ley de universidades prohibirá segregar por sexo a colegios mayores adscritos a un centro público

Poco a poco, y durante un largo proceso de consulta y escucha con los diferentes actores del sistema universitario, la norma ha ido avanzando en su tramitación con algunos cambios respecto a su redactado inicial para cosechar el mayor consenso posible. Se fija la meta de alcanzar una financiación del 1% del PIB para las universidades de aquí a 2030; se establece un proceso de estabilización de las plazas del profesorado y reduce la temporalidad del 40 al 8%; se impulsa la internacionalización de la universidad, se otorgan derechos al estudiantado (como el paro académico), y se democratiza la entrada a la universidad y el acceso a los puestos de rectorado. 

Son solo algunos de los cambios que contempla una ley tan extensa como compleja, y en la que se han añadido cambios de última hora pactados durante la tramitación parlamentaria, como la prohibición de que los colegios mayores que segreguen por sexo estén adscritos a la universidad pública, o que los profesores e investigadores de las universidades también pueda presentarse al puesto de rector (y no deban ser funcionarios únicamente). 

El PP critica una "ley antisistema universitario"

Sin embargo, el PP ha cargado con fuerza contra una ley que tilda de "antisistema universitario" y "de ERC" por todas las enmiendas que se han acordado con los republicanos. "Sale sin consenso, y eso no es bueno para la universidad", ha lamentado la diputada popular María Jesús Moro. 

Igualmente, Vox ha reprochado que la ley "no garantiza el derecho a la educación". "Cuando los estudiantes convoquen una parodia de huelga, tendrán el derecho quienes quieran ir a clase poder ir a estudiar. Premian con becas a estudiantes mediocres que solo aprueban el 25% de los créditos", ha aseverado el diputado Joaquín Robles. 

Por motivos distintos se han posicionado en contra otros grupos como la CUP o Junts, que echan en falta aspectos importantes como la concreción de la financiación para estabilizar el profesorado; o el BNG, que exigía que el objetivo de aumentar la financiación llegase al 1,5% del PIB (y no solo al 1%). Tampoco Ciudadanos está conforme a una norma que considera que está siendo usada "con fines políticos y partidistas". 

Los grupos valoran el consenso

Pese a los 'noes' a la ley y los reproches, hay algo en lo que han coincidido prácticamente todos los grupos parlamentarios (incluso el PP): la predisposición del ministro de Universidades a dialogar y tratar de lograr el mayor consenso posible. Un consenso que, en palabras del socialista Roberto García Moris, surge de "tres largos años de trabajo". "Esta ley es clave para revertir una década perdida", ha subrayado el diputado del PSOE, dirigiéndose a la bancada del PP. 

ERC, por su parte, ha celebrado que se incluyeran sus enmiendas en el proyecto, aunque afirman que no pueden proclamar la ley como "suya" mientras haya "un rey firmando títulos" y se mantenga la "tasa de reposición". Así, la republicana Marta Rosique ha avisado: "Hoy acaba una etapa, pero empieza otra: la de hacer seguimiento de los acuerdos conseguidos. Estaremos muy atentos de que haya un aumento sustancial de la financiación".

Pese a que Bildu coincidía en la "necesidad" de impulsar una nueva ley de universidades adaptada a las nuevas exigencias, asevera que la norma sigue siendo "poco ambiciosa" y que "no mejora el sistema universitario". Tras avanzar que su formación se abstendrá en la votación de mañana, Isabel Pozueta ha lamentado la "oportunidad perdida" con esta iniciativa.

La tercera ley universitaria de la democracia

Una de las claves de la ley es el compromiso marcado de pasar del 0,7% del gasto del PIB en universidades al 1% en menos de una década. Aspira también a mejorar las condiciones del profesorado asociado, convirtiéndolo en indefinido.  

Las universidades tendrán que reducir la temporalidad de sus docentes al 8%

En aras de erradicar la precariedad de los docentes universitarios, el proyecto de Subirats busca reducir la temporalidad, y fija que el porcentaje de plantilla del Personal Docente Investigador (PDI) con contrato temporal no puede superar el 8% (actualmente está en 40%). Además, la ley contempla medidas para que los profesores temporales puedan acceder y ascender en la carrera académica, reconociendo su experiencia docente en algunas convocatorias a Ayudante Doctor o mediante el fomento de contratos postdoctorales.

Plantea además la creación de microcredenciales y microgrados para los ya titulados o a quienes acrediten cierta experiencia profesional. Además, durante la tramitación se consiguió reconocer por primera vez el derecho al paro académico, y topar el precio de las matrículas universitarias, que a partir de ahora solo podrán mantenerse o bajarse.