El Partido Popular ya no rechaza frontalmente la actual ley del aborto que recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC) en 2010. La llamada ley de plazos ha dejado de ser para los populares una norma que acarrea "perjuicios irreparables", como defendió en su recurso de anticonstitucionalidad hace casi 13 años, y fijan ahora la línea roja en un punto fundamental: el permiso paterno para las menores que quieran abortar. "El resto de las cuestiones no son mollares para el PP", subrayó este martes el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.
La ley vigente, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, estableció el aborto libre desde los 16 años y hasta la semana 14 de gestación, y eliminó los tres requisitos -que acarree un riesgo grave para la salud física y mental de la mujer, que esta haya sido violada o que el feto presente malformaciones o taras físicas o psíquicas- que exigía la legislación anterior, de 1985, para poder abortar. La norma fue recurrida por el PP ese mismo año, y Mariano Rajoy la reformó en 2015 únicamente para elevar a 18 la edad mínima para interrumpir voluntariamente el embarazo.
Ahora, más de una década después, hay una nueva norma a punto de ser aprobada en las Cortes. El actual Gobierno de coalición impulsó una reforma que, entre otras novedades, recupera el aborto libre desde los 16 años y sin consentimiento paterno, elimina los tres días de reflexión, la obligación de conceder un sobre cerrado con información, y establece un registro de objetores de conciencia parecido al de la ley de eutanasia.
Feijóo reconoce que el recurso ha quedado antiguo
La iniciativa afronta su recta final en el Senado, donde el PP ha registrado un veto y 75 enmiendas, en ninguna de las cuales toca los plazos del aborto libre. Pese a que se trata de un asunto todavía espinoso en el seno del partido (hay miembros que todavía se proclaman en contra), y a que desde Génova rechazan ser abortistas, el PP es consciente de que es preciso "regular una realidad".
Además, en todo este tiempo el tribunal de garantías no ha llegado a pronunciarse sobre el recurso de los populares, el cual abordará, casi 13 años después, en su primer pleno previsto para el próximo 7 de febrero. A este respecto, Feijóo ya reconoció el martes que la apelación ha quedado antigua, y confirmó que la oposición de los populares ya no va enfocada a eliminar los plazos, sino a defender el consentimiento de los padres para las menores de 16 y 17 años.
"Hay algunos miembros del PP que pueden estar más a favor o en contra de la interrupción del embarazo durante unos plazos, se puede discutir el número de semanas, pero lo que es sustancial en nuestro partido, donde tenemos un acuerdo base, es que las menores deben tener el consentimiento de sus padres", explicó el líder del PP en Telemadrid.
"Hay cuestiones que ya están superadas", coinciden fuentes del entorno de Feijóo, quienes defienden que no han retirado el recurso en todos estos años porque lo firmaron personas concretas del PP, y no la formación en general.
75 enmiendas a la nueva ley del aborto
Así las cosas, y en medio de todo el revuelo que ha generado la presentación del protocolo contra el aborto en Castilla y León, los populares han registrado una batería de enmiendas a la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad. En ellas, más allá de mantener el consentimiento paterno para las menores, exigen mantener el periodo de los tres días de reflexión para la mujer que decida abortar o que la información que se le dé sobre este proceso se produzca con anterioridad, de forma verbal y escrita.
Estas dos últimas son medidas eliminadas con la nueva norma, que establece que las mujeres solo recibirán información adicional sobre maternidad y ayudas disponibles si así lo piden, y en ningún caso se las obligará a esperar tres días antes de proceder a la interrupción del embarazo. "El Estado confía en el criterio y la decisión de las mujeres", aseveró este martes la titular de Igualdad, Irene Montero, durante un acto en el ministerio.
Otra de las enmiendas de los populares propone eliminar el registro de sanitarios objetores de conciencia que pretende crear la ley para "garantizar la seguridad jurídica y el pleno respeto del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo".
También proponen otras modificaciones, como eliminar la baja por menstruaciones incapacitantes que contempla la iniciativa, ya que el PP la considera "estigmatizante" y potencialmente perjudicial para las mujeres en el ámbito laboral; así como los artículos que tienen que ver con el reparto de productos de higiene femenina (compresas, tampones, copas, etc.) o anticonceptivos en centros públicos.
El plazo de enmiendas se cerró el pasado 27 de diciembre, por lo que el próximo paso se dará en la Comisión de Igualdad en el Senado, donde los grupos parlamentarios votarán los vetos presentados por el PP y Vox, y luego se votarán todas las enmiendas y el proyecto del Gobierno en el Pleno previsto para el 7 de febrero, el mismo día en el que los magistrados del Constitucional abordarán el recurso a la ley de 2010.
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