El Ministerio de Igualdad ha ofrecido a la justicia pulseras de control telemático para los agresores sexuales excarcelados como consecuencia de la revisión de penas por la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. Pese a que esta medida extraordinaria se puso a disposición de los jueces en diciembre, el departamento dirigido por Irene Montero todavía no ha recibido ninguna petición por parte de los tribunales a día de hoy, según ha precisado este martes la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.
En una rueda de prensa convocada para presentar la 'Estrategia Estatal para combatir las Violencias Machistas 2022-2025', Rosell ha explicado que en el mes de diciembre -en medio de todo el revuelo que causó el goteo de rebajas de condena y excarcelaciones de violadores-, la Delegación dio instrucción a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de que se atendieran en 24 horas "las peticiones judiciales de instalación de dispositivos".
"Me consta que la fiscal de Sala lo comunicó a todas las fiscalías. No me consta por parte del CGPJ porque aún no se ha ordenado ninguno, pero está a disposición de las mujeres que puedan haber sufrido esta particular revictimización", ha detallado.
La medida, que consiste en instalar pulseras telemáticas a los agresores sexuales para localizar su ubicación y alertar a la víctima y a la Policía cuando se salte la orden de alejamiento, se ofreció para dar "más seguridad" a las víctimas afectadas por las excarcelaciones "sorpresivas" (al menos una quincena) a raíz de la aplicación de la ley de libertad sexual.
Cobra especial relevancia teniendo en cuenta que, ahora, este tipo de dispositivos de control telemático están limitados para las víctimas de violencia de género únicamente, esto es, para aquellos casos en los que los agresores sean parejas o exparejas. Desde Igualdad detallan que actualmente hay 3.015 agresores con esta pulsera instalada, pese a que cuentan con un total de 4.396 dispositivos. "Hay dispositivos suficientes, pero lo que no ha habido hasta ahora son peticiones de los jueces", precisan fuentes del ministerio.
Además, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha anunciado que próximamente también se pondrá a disposición de las afectadas por las excarcelaciones y rebajas de condenas el servicio telefónico de ATENPRO para que tengan atención las 24 horas del día.
Ya a largo plazo, Rosell ha señalado que este servicio telefónico de atención y protección de las víctimas (que otorga atención psicológica, asesoramiento jurídico, etc.) estará, a finales de este año 2023, a disposición de "todas las víctimas" de violencias machistas. Asimismo, este año se va a licitar otro contrato de 48 millones de euros para que, a partir de febrero de 2024 haya también dispositivos telemáticos para todas las formas de violencia que se reconocieron con la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (sexual, vicaria, familiar y social).
2.308 millones para combatir las violencias machistas
El acto de este martes estaba convocado para presentar la 'Estrategia Estatal para combatir las Violencias Machistas 2022-2025', aprobada el pasado noviembre en Consejo de Ministros. Compuesta por 266 medidas y distribuida en cuatro ejes principales, la estrategia está dotada de un presupuesto de 2.308 millones de euros, a distribuir entre los distintos departamentos ministeriales que trabajan en la lucha contra las violencias machistas. Así lo ha detallado este martes la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, en una rueda de prensa a la que también ha acudido la ministra Irene Montero.
La responsable de Igualdad ha explicado que la estrategia "es un manual de instrucciones" que ordena las políticas públicas impulsadas hasta ahora en materia de violencia machista y que sirva para establecer el marco de trabajo que deben impulsar las administraciones en los próximos años para atajar con "todas" las violencias contra las mujeres.
Es, además, la segunda que se aprueba a nivel estatal, después de que expirara en 2016 la anterior, de 2013. Según ha contado Ángela Rodríguez, el seguimiento del cumplimiento de las 266 medidas va a ser anual, y se hará a través de un grupo creado específicamente para ello. "Es una novedad muy relevante que va a implicar, no solamente una capacidad de cumplimentar todo lo que está en la estrategia, sino de hacer también un seguimiento mucho más transparente", ha precisado la 'número dos' de Montero.
Preguntada por los retos a los que se enfrentan como Gobierno y como Ministerio de Igualdad, la ministra de Igualdad ha señalado dos puntos principales: la educación y la colaboración interinstitucional. Educación, para prevenir todos los tipos de violencia "desde las edades más tempranas", pero también para la formación especializada a todos los profesionales que tengan contacto directo o indirecto con las víctimas (sistema judicial, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sistema sanitario, servicios de emergencias, servicios sociales, etc.). "En el último repunte lo veíamos con mucha claridad: hay muchas mujeres víctimas que por una vía o por otra han entrado en contacto y han dado señales claras de querer comunicar situaciones de violencia", ha asegurado.
Por otro lado, y desde el ámbito de la detección precoz, Montero ha puesto de relieve la necesidad de mejorar la coordinación y "compartir información" entre las instituciones. "Tenemos que ser capaces de mejorar la coordinación entre instituciones", ha instado, tras explicar que en muchas ocasiones las víctimas dan información a una trabajadora social que luego puede ser útil mayor coordinación y en la capacidad de compartir información. "Necesitamos una mirada integral donde la información que aportan las víctimas puede marcar la diferencia entre conocer la situación de riesgo de una mujer o no conocerla y, por tanto, no llegar a tiempo", ha aseverado.
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