El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Estrategia Estatal contra las Violencias Machistas 2022-2025, con más de 250 medidas dirigidas a investigar, prevenir, erradicar y atender todas las formas de violencia ejercidas contra las mujeres. Entre ellas, destaca la creación de una 'app' en la que el Gobierno plantea aglutinar información sobre todos los derechos y recursos a los que tienen acceso las víctimas, así como una serie de iniciativas destinadas a mejorar la recopilación de información, a impulsar la sensibilización entre la población y a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las administraciones públicas para con las víctimas. 

La estrategia, ratificada a petición del Ministerio de Igualdad con motivo del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres el 25 de noviembre, es la segunda que se aprueba en España sobre esta materia a nivel estatal; aunque la anterior, de 2013, expiró hace ya seis años, en 2016. Se trata, además, de un mandato establecido en la recién aprobada ley de libertad sexual -comúnmente conocida como ley del 'solo sí es sí'- en la cual se da al Ejecutivo el plazo de un año para aprobar y poner en marcha una estrategia de prevención y respuesta de las violencias machistas, de carácter cuatrienal, y elaborada por la Conferencia Sectorial de Igualdad. 

El documento al que se ha dado luz verde se articula en un total de 267 medidas recogidas en cuatro ejes: actualización y consolidación de las obligaciones de los poderes públicos; sensibilización, prevención y detección de las distintas formas de violencia machista; protección, atención y reparación integral; y respuesta coordinada para la protección y garantía de los derechos. 

Consolidar la responsabilidad institucional

En el primer eje, el Ejecutivo marca la hoja de ruta a seguir para actualizar y consolidar las obligaciones de los poderes públicos frente a la violencia machista, con un total de 25 medidas. Comprende acciones para garantizar la permanencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el diseño de un sistema de rendición de cuentas y evaluación para asegurar que las instituciones cumplen con sus obligaciones, o el establecimiento de mecanismos para evaluar el grado de satisfacción de las víctimas que acceden a los recursos. En esa línea, contempla la incorporación del testimonio y la escucha "activa" a las mujeres supervivientes y víctimas, así como a sus hijos e hijas, en la elaboración de políticas públicas. 

Sensibilización y prevención de las violencias

El segundo bloque es el más extenso, y recoge 148 medidas destinadas a la sensibilización, prevención y detección de las violencias machistas. Así, establece el objetivo de mejorar la recopilación de datos (sobre españolas asesinadas en el extranjero, formas de violencia en el proceso penal o la aplicación del falso síndrome de alienación parental en las sentencias), e impulsar campañas de concienciación social para erradicar "todas" las formas de violencia machista (no solo la que se comete en el ámbito de la pareja o expareja, sino también aquellas violencias sexuales, digitales, económicas, etc.).

También en ese sentido contempla proyectos educativos, la implementación del instrumento ya validado y estandarizado para facilitar la detección de la violencia de género en el Sistema Nacional de Salud, recursos dirigidos a hombres para prevenir violencias, o programas de formación a los colectivos que intervienen con supervivientes y víctimas (fuerzas cuerpos de seguridad, medicina legal, ciencias forenses, etc.)

Protección y reparación de las víctimas

Las ochenta medidas que se plantean para la protección, atención y reparación integral de las víctimas se distribuyen todas en el tercer eje. En él, se fijan los procedimientos básicos para la acreditación de las víctimas (tanto de violencia machista como las de trata) y se sugiere la creación de una "aplicación inteligente adaptada y accesible a todas las mujeres y jóvenes" en las que se aglutine toda la información relativa a los recursos especializados y los derechos de las víctimas. Otras de las medidas de este tercer eje son la garantía de recursos habitacionales, del acceso al Ingreso Mínimo Vital, al parque público de vivienda, la "desburocraticación" de la respuesta judicial, o la elaboración del primer 'Plan de Actuación y Desarrollo de los derechos de los niños y niñas como víctimas directas de la violencia de género'.

Respuesta coordinada de las administraciones

El último eje, el cuarto, comprende medidas sobre la respuesta coordinada de las administraciones y para proteger y garantizar los derechos de las víctimas. Recoge la puesta en funcionamiento de una "ventanilla única" de la red de servicios sociales (preservando las competencias de cada comunidad autónoma) y actuaciones para combatir los estereotipos de género en las instituciones y organismos que acompañan a víctimas y supervivientes.