La Fiscalía insta a adoptar medidas cautelares para agresores machistas sin que la víctima lo pida y promover el uso de pulseras telemáticas

Un grupo de mujeres con pancartas durante una manifestación contra las violencias machistas, a 25 de noviembre de 2022, en Santander, Cantabria (España).
Un grupo de mujeres con pancartas durante una manifestación contra las violencias machistas, a 25 de noviembre de 2022, en Santander, Cantabria (España).
Juan Manuel Serrano Arce / Europa Press
Un grupo de mujeres con pancartas durante una manifestación contra las violencias machistas, a 25 de noviembre de 2022, en Santander, Cantabria (España).

La fiscal de Sala contra la violencia sobre la mujer, Teresa Peramato, ha propuesto este miércoles a los fiscales de toda España una serie de actuaciones destinadas a mejorar la protección de las víctimas de violencia de género. Ante el repunte de asesinatos machistas registrado en diciembre y el fin de semana negro de enero, en el que se produjeron cuatro feminicidios en apenas 24 horas, Peramato sugiere impulsar medidas cautelares (como órdenes de alejamiento) aunque las víctimas no las pidan, y que se instalen dispositivos telemáticos (como las pulseras) cuando no se haya solicitado prisión provisional para el agresor.

"Debemos ser proactivos en orden a procurar la máxima protección de las mujeres y de sus hijos, todos víctimas de esta violencia, extremando la diligencia a la hora de valorar todas las circunstancias personales y de hecho", insta la fiscal en el comunicado. La propuesta de Peramato para fortalecer la protección de las víctimas de violencia de género va en dos direcciones: prevención y protección.

En primer lugar, recuerda a los fiscales que intervienen en las guardias de violencia de género su "deber" de "intensificar" su actuación para proteger a las víctimas, solicitando "cuando proceda", y "aunque ellas [las víctimas] no lo interesen", las medidas cautelares necesarias para reducir el riesgo de que se repitan conductas violentas o, en el peor de los casos, que se cometa un asesinato. En ese sentido, señala que dichas medidas deben adoptarse tras valorarse toda la información disponible en los registros (como VioGén), y en función de la valoración de riesgo (promoviendo en especial la forense). 

En cuanto a la valoración de riesgo policial, la fiscal de sala subraya que, para aquellos casos en los que se determine que el riesgo es "extremo", "alto" o "medio de especial relevancia", se prime la instalación del dispositivo telemático de detección de la proximidad (las pulseras telemáticas), "salvo que entiendan que procede acordar la prisión provisional a fin de proteger a las víctimas". 

De igual manera, si durante ese proceso se agravara el riesgo a los niveles señalados -por valoraciones de la Policía, informes forenses, declaración de la víctima, incumplimientos de la medida cautelar acordada, etc.- también debería pedirse la instalación del dispositivo.

"Escasa protección penal"

Peramato ha reconocido igualmente que, aunque los fiscales cuentan en estos casos con la valoración de riesgo policial que se lleva a través del Sistema VioGén, "no siempre es suficiente". Según indica en el escrito, "en muchos casos" necesitan "para mayor certeza y seguridad", la valoración forense del riesgo "y para ello del auxilio de las unidades de valoración integral forense que no existen en todos los partidos judiciales".

Asimismo, la fiscal de sala repasa los últimos datos que deja la violencia machista en España en las últimas semanas, y recuerda que, de los 12 feminicidios confirmados en diciembre, en la mitad existían denuncias previas de la pareja o de una expareja. "De ellas, solamente en dos ocasiones se acordó una orden de protección y en ambas quedaron sin efecto las medidas en pocos meses", asevera. 

Además, defendiendo su propuesta, Peramato señala que, según datos del Consejo General del Poder Judicial del tercer trimestre de 2022, la proporción de denuncias y órdenes de protección fue muy dispar: 10.302 solicitudes de órdenes de protección frente a 49.479 denuncias, esto es, el 20%. 

Por otro lado, las órdenes acordadas fueron el 66,7% de las solicitadas (6.873), "por lo que en relación con el total de denuncias interpuestas solo se acordó protección en un 13.9% de los supuestos denunciados", explica. "Son datos que, a simple vista, alertan de la escasa protección penal que se dispensa durante la tramitación de los procedimientos por violencia de género", subraya.

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