La fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, se ha pronunciado este martes sobre el protocolo que ultima el Ministerio del Interior para alertar a las mujeres que convivan con reincidentes por violencia machista, y ha advertido de que dicha información no puede darse automáticamente a las víctimas. Según Peramato, esta debe ser la última opción, a elegir cuando sea imprescindible para proteger a la víctima y tras analizar las circunstancias concretas de cada caso. 

Así lo expresa la fiscal de Sala en un informe remitido a la responsable del Área contra la Violencia de Género del Ministerio del Interior a mediados de diciembre, y en el que evalúa el conjunto de la normativa vigente que afectaría a la medida. Concretamente, en el documento indica que la medida que planteó el departamento de Fernando Grande-Marlaska ante el repunte de asesinatos machistas en el último mes "no puede llevarse a cabo de manera automática y/o generalizada".

Agrega Peramato que únicamente debería darse esa información una vez se concluya, tras examinar cada caso, no solo que los antecedentes del agresor suponen "un factor de riesgo relevante", sino también que comunicar esa información a la víctima "resulta necesario para prevenir la comisión de una infracción penal mediante la adopción de medidas adecuadas de protección o autoprotección".

Fuentes de Interior han precisado que "nunca se ha pretendido, planificado o sugerido la activación de una alerta genérica o automática frente a reincidentes por violencia de género" y que en lo que se está trabajando es en "un protocolo que permita tasar y ponderar la colisión de derechos fundamentales, en la misma línea que lo indicado por la Fiscalía".

El Gobierno tendrá "en las próximas semanas" la fórmula para alertar a mujeres con parejas con antecedentes de violencia de género

Este es uno de los informes que Interior encargó en diciembre para evaluar la viabilidad de una medida que aspira a "poner el foco en el agresor" y fortalecer la protección de las víctimas, según recalcó Marlaska el lunes. La idea surge tras comprobar que en varios de los casos registrados en el último mes el agresor acumulaba denuncias por violencia de género con parejas anteriores a la víctima asesinada. Lo que pretende ahora el Ejecutivo es encontrar la fórmula para aprobar un protocolo que permita alertar a una mujer que acuda a la comisaría a denunciar una agresión de que su pareja acumula antecedentes por violencia de género.  

"Por la experiencia se sabe que en estos casos la actual pareja denunciante tiene mayor riesgo de ser agredida nuevamente con más intensidad y menor tiempo de latencia", incide la Fiscal de Sala, en línea con lo señalado el lunes por el titular de Interior.

"Triple juicio" antes de adoptar la medida

Sobre el posible choque de esta medida con la ley de protección de datos, Peramato recuerda que "el derecho a la protección de los datos personales no es un derecho absoluto", sino que debe considerarse en relación con otros derechos fundamentales, como podría ser el de la integridad de la víctima. Sin embargo, subraya que, de aprobarse, debería incluirse en el Protocolo de protección y seguridad de las víctimas, de 2019, teniendo en cuenta cómo puede afectar tanto a la persona implicada como a sus familiares. 

Por último, la fiscal incide en que, para respetar el derecho de proporcionalidad (que el uso de los datos sea "adecuado" y "pertinente" en relación con la finalidad), antes de trasladar la información sobre los antecedentes a la víctima debe llevarse a cabo un "triple juicio": determinar si la medida conseguirá el objetivo propuesto; si es necesaria, en el sentido de que no exista otro camino más moderado para conseguir el mismo propósito; y si es equilibrada, es decir, si producirá más ventajas que inconvenientes.