España se juega este año 17.000 millones de euros en ayudas directas de los fondos europeos. O lo que es lo mismo, un 25% de todas las transferencias previstas hasta 2026. 17.000 millones que se repartirán en dos desembolsos vinculados a dos medidas clave: la segunda parte de la reforma de las pensiones, que Gobierno y sindicatos todavía no han cerrado; y la reforma fiscal, que el Ejecutivo da por cumplida, pero que está por ver su encaje con lo acordado con Bruselas.

La primera dificultad a la que se enfrenta el Ejecutivo este año es la segunda parte de la reforma de las pensiones. Este compromiso se recoge en cuatro de los 58 hitos que la Comisión Europea evaluará en el primer desembolso del año. De que estos lleguen a buen puerto dependen 10.000 millones de euros.

Tras una primera parte que garantizó el poder adquisitivo de los pensionistas, en la segunda pata de la reforma el Gobierno deberá adoptar medidas para garantizar que las pensiones son sostenibles a futuro. Las negociaciones para cerrar la reforma están avanzadas y en Seguridad Social creen que el núcleo de la propuesta tiene ya un consenso suficiente.

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Sin embargo, las dos alas de la coalición en el Gobierno siguen sin ponerse de acuerdo sobre una cuestión clave: el ajuste del periodo de cómputo para calcular la pensión. El ministro encargado de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, propuso a los sindicatos elevar de 25 a 30 años el periodo empleado para calcular la pensión inicial, con la posibilidad de descartar los dos peores. Algo que desde Unidas Podemos y los sindicatos rechazan, pues no lo ven necesario.

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Más allá de esta cuestión también está por ver que las dos patas de la reforma en su conjunto convenzan a Bruselas. En este sentido, la delegación de la Comisión Europea que visitó España el pasado septiembre para evaluar la ejecución de los fondos ya mostró su preocupación por los costes del sistema. "El gasto en pensiones en España sigue siendo importante, tenemos que asegurarnos de que no sube exponencialmente, que es manejable y que es adecuado", señalaban entonces fuentes de la delegación.

El plazo para tener lista la segunda pata de la reforma de las pensiones expiraba en diciembre del año pasado. Ante la falta de acuerdo, Gobierno y sindicatos han prolongado la negociación a este año, aunque todavía no hay fecha para la próxima reunión. En todo caso, fuentes sindicales trasladan que está habiendo contactos informales, aunque no hay nuevas propuestas oficiales sobre la mesa.

Reforma fiscal: la guerra trastocó los planes del Gobierno

El segundo desembolso de los fondos europeos previsto para este año, dotado con 7.000 millones de euros, está vinculado a otra de las grandes medidas del plan de recuperación, la reforma fiscal. Cuando España remitió su hoja de ruta de reformas a la Comisión a finales de 2020, el Gobierno se comprometió a revisar el sistema de beneficios fiscales y a desarrollar las recomendaciones del comité de sabios para reformar el sistema tributario.

Sin embargo, el veredicto de los expertos nació ya como papel mojado. Pocos días antes de que los sabios publicaran sus conclusiones, Rusia invadía Ucrania trastocando por completo la política fiscal europea. En julio, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descartó la posibilidad de una reforma fiscal completa para priorizar otras medidas de apoyo a la economía. Pero en octubre, el Ejecutivo presentó los presupuestos junto a un paquete fiscal que incluía tres nuevos impuestos especiales (banca, energéticas y grandes fortunas) y Montero dio por cumplido así el pacto con Bruselas. "Creemos que la Comisión no nos va a poner problema", zanjó entonces el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.

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Desde el ministerio de Hacienda señalan a este periódico que el Gobierno está aplicando una política fiscal progresiva que ha permitido reducir el diferencial de recaudación con la UE, una de las exigencias de la Comisión. Además, agregan que el diálogo con Bruselas en materia fiscal es "constante y frecuente".

Está por ver si la propuesta de Hacienda es suficiente como para contentar a Bruselas. La Comisión Europea señala a 20minutos que España ya ha cumplido algunos hitos comprometidos en materia fiscal por los que ya recibió los correspondientes desembolsos, como el caso de la modificación de impuestos directos e indirectos en 2021 o la introducción de impuestos a los plásticos de un solo uso. Sin embargo, recuerdan que Bruselas no hace comentarios oficiales sobre las evaluaciones actualmente en curso. 

Los 'hombres de negro' que visitaron España en septiembre ya advirtieron de que "hacen falta ingresos y que la recaudación sea lo más eficiente y eficaz posible". Además, se mostraron confiados en que las medidas se adoptarían en plazo. "Va a ser a tiempo, desde luego, porque si no llega a tiempo el desembolso se pone en riesgo", señalaban fuentes de la delegación. 

Consecuencias inciertas para los incumplidores

Desde la Comisión Europea, trasladan a 20minutos que la puesta en marcha del plan de recuperación español va "en línea con el cronograma previsto". A preguntas de este medio sobre las consecuencias que tendría incumplir los plazos de una reforma, la portavocía de la Comisión señala que los planes de recuperación tienen "hitos, objetivos y un cronograma claros". No obstante, recuerdan que los plazos para poner en marcha las reformas son "indicativos", aunque consideran importante que los países hagan lo posible para que se implementen a tiempo. De igual manera, recuerdan que son los Estados quienes deciden cuándo solicitar los pagos, pero que solo pueden hacerlo dos veces al año. Bruselas emplaza a los Estados a que envíen las peticiones de desembolso "cuando todos los hitos y objetivos de ese desembolso se hayan cumplido".

Respecto a las consecuencias que tendría para un país un incumplimiento de las reformas pactadas, la Comisión se remite al artículo 24 del reglamento de los fondos europeos. Este precepto establece que si Bruselas considera que no todos los hitos y objetivos se han cumplido satisfactoriamente, se puede optar por un desembolso parcial y suspender el resto del pago de un desembolso. El Estado incumplidor tendría seis meses de plazo para satisfacer las demandas de la Comisión y, si no lo lograse, se enfrentaría a una pérdida definitiva de esa parte de los fondos. 

Sin embargo, el reglamento no deja claro qué porcentaje de los fondos se podría congelar por el incumplimiento de una reforma concreta, algo que hasta ahora no ha ocurrido en ningún país. El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), organismo encargado de fiscalizar la política presupuestaria de la UE, ya reprochó a la Comisión la ausencia de un método de cálculo claro del importe de la suspensión o reducción del pago que correspondería al incumplimiento de un hito o reforma específica.