El año que termina lo hace, desde el punto de vista político, agitado para el presidente valenciano, Ximo Puig. Las revelaciones del caso Azud que apuntan a una posible caja B del PSPV-PSOE con la que este partido habría financiado actos electorales a través de empresas próximas a la trama hace 15 años han sacudido los cimientos del Palau de la Generalitat en un ejercicio marcado también por la dimisión de Mónica Oltra y los cambios en el Consell, por los roces en el Botànic, los problemas en la gestión sanitaria y la falta de una solución para el déficit de financiación que lastra las cuentas autonómicas.

En el otro lado de la balanza, el president se aferra a su gran balón de oxígeno, la elección de Sagunt por parte de Volkswagen para instalar su gigafactoría de baterías para coches eléctricos, así como a la reciente aprobación de los octavos Presupuestos del Botànic "en tiempo y forma" pese a las discrepancias sobre energías renovables, bous al carrer o impuestos.

En medio de este panorama, las encuestas dibujan un escenario de máxima igualdad tanto entre los bloques de izquierda y derecha como en la primera posición, con el PP de Carlos Mazón en disposición de arrebatar la Presidencia a Puig con el apoyo de Vox. Los sondeos apuntan, pues, hacia dos fórmulas posibles de gobierno valenciano para los próximos cuatro años: la reedición del Botànic con el PSPV, Compromís y Unides Podem o un Consell de derechas. Al igual que en 2019, la demoscopia apunta a que en mayo todo se decidirá por un estrecho margen, por lo que los próximos meses serán decisivos.

El principal factor desestabilizador para el barón socialista es la investigación del caso Azud. No solo porque afecte a la financiación de su partido, sino también por las derivadas que la instrucción pueda tener para el actual Consell, que había hecho bandera de la regeneración en contraposición a los gobiernos anteriores del PPCV. De hecho, Puig lleva apuntando desde 2015 al levantamiento de la "hipoteca reputacional" que pesaba sobre la Comunitat Valenciana por los casos de corrupción. En este sentido, la investigación al hermano del jefe del Consell por el caso de las ayudas al fomento del valenciano también ha salpicado a Puig.

Otro de los principales argumentos de Puig, la estabilidad del Consell, se ha visto sobrepasado por los acontecimientos este año. Si a mediados de mayo la salida de Vicent Marzà de Educación acabó con una remodelación que afectó a cinco carteras, al mes siguiente la exvicepresidenta Mónica Oltra acabó renunciando a todos sus cargos tras ser imputada por la gestión del caso de abusos a una menor tutelada por parte de su exmarido. Por si fuera poco, a finales de octubre, su sucesora, Aitana Mas, forzó la destitución de la entonces titular de Agricultura, Mireia Mollà, por discrepancias en Compromís.

Los desencuentros entre los socios del tripartito de izquierdas en aspectos como la implantación de las energías renovables (y su atasco administrativo), la bonificación del impuesto de sucesiones a las grandes empresas familiares (que el PSPV aprobó con la oposición) o la atención sanitaria en los bous al carrer no han impedido finalmente que los octavos Presupuestos del Botànic se hayan aprobado antes de finalizar el año, una de los aspectos en los que se suele visualizar la unidad de acción.

También en la última parte del año se han evidenciado problemas en la gestión sanitaria con las denuncias de "colapso" hospitalario por la acción combinada de la gripe, la Covid y el virus sincitial respiratorio, agravado con una convocatoria de huelga por el Sindicato Médico CESM para enero. A ello se une la pérdida de las dos agencias estatales a las que optaba la Comunitat Valenciana para albergar sus sedes y que el Gobierno de Pedro Sánchez otorgó a A Coruña y Sevilla: la Espacial y la de Inteligencia Artificial. Finalmente, el enquistamiento del problema de la financiación autonómica, con la Comunitat a la cola de España con 178 euros menos por persona que en la media de España, sigue engordando el déficit y, por lo tanto, la deuda, que ya roza los 54.000 millones de euros.

Así, la elección de Sagunt para albergar la gigafactoría de Volkswagen ha sido la principal alegría para Puig. La llegada del conglomerado industrial supondrá una inversión de 3.000 millones de euros y la creación de 15.000 empleos (3.000 directos y 12.000 indirectos).

"Reunirse con empresarios no es corrupción"

Puig ha afirmado este jueves, al ser preguntado por las últimas revelaciones del caso Azud, que "reunirse con un empresario no es un símbolo de corrupción" sino "atender a lo que son las relaciones normales".