La reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas en algunos supuestos del de malversación ya tiene luz verde para aparecer en el Boletín Oficial del Estado. El Senado aprobó este jueves de manera definitiva -con 140 'síes', 118 'noes' y tres abstenciones- la reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos y pactada con ERC, y lo hizo sin incluir en ella ninguna enmienda, por lo que el texto no tendrá que volver al Congreso y entrará en vigor el próximo 23 de enero, una vez transcurrido el periodo de adaptación que contempla la propia ley.

La norma contó con los votos a favor del PSOE -Unidas Podemos no tiene senadores-, ERC, PNV, EH Bildu y otros aliados minoritarios, mientras el PP, Vox, Cs y otras pequeñas formaciones votaron en contra. Los populares, como vienen haciendo desde que hace un mes se puso en marcha la tramitación exprés de la reforma, fueron muy duros contra una iniciativa que, a su juicio, supone una "traición a España" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

Así lo afirmó el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, quien advirtió de que su partido "no va a olvidar la traición de Sánchez a sus promesas, votantes y a España". Es más, la "misión" de la oposición será recordar a los españoles "todos los días que quedan en la legislatura la tropelía que ha hecho Sánchez".

El Constitucional admite el recurso del PP y rechaza las recusaciones del presidente y otro magistrado conservador

Frente a las críticas del Gobierno que acusan al PP de deslegitimarles, Maroto aclaró que si bien "Pedro Sánchez es un presidente legítimo porque fue la primera fuerza política en las urnas y fue elegido en el Congreso, su actitud es profundamente ilegítima".

También se adelantó a los reproches del Ejecutivo al haber frenado en el TC dos enmiendas para reformar el sistema de nombramientos de magistrados en el propio Constitucional. "Ni el PP, ni el Tribunal Constitucional han dicho que se puede hacer o que se puede aprobar. Lo que han dicho es que esta ley ni se puede hacer, ni se puede aprobar así. Es un tema de chapuza y de formas", dijo Maroto en relación al recurso que ganó el PP esta semana en el TC para paralizar la tramitación de dicha enmienda, que no tenía nada que ver con la sedición y malversación.

Y es que, en línea con lo que llevan semanas denunciado los populares, el presidente ha hecho "todo lo contrario" a lo que prometió. "Sánchez prometió tipificar el referéndum ilegal, no indultar a los golpistas, no gobernar apoyado en independentistas, dejar a Podemos fuera del Gobierno para conciliar el sueño y que no habría consulta ni referéndum en Cataluña".

De ahí que ahora el PP ponga en duda que el Gobierno no vaya permitir  que se celebre una consulta en Cataluña. "¡Ahora quiere situar a un magistrado concreto en el TC [Cándido Conde-Pumpido] para que cuando esa consulta llegue, el TC no sea un obstáculo". En este sentido, también se adelantó a los reproches del Ejecutivo al haber impedido que dos enmiendas para reformar el sistema de nombramientos de magistrados del TC. "Ni el PP ni el Tribunal Constitucional han dicho que se puede hacer o que se puede aprobar. Lo que han dicho es que esta ley ni se puede hacer, ni se puede aprobar así. Es un tema de chapuza y de formas".

En respuesta, el senador del PSOE José María Oleaga cargó contra el recurso del PP que ha impedido que el Senado votara este jueves, junto a la reforma de la sedición y la malversación, la reforma judicial promovida por el Gobierno. "Su interés es impedir el derecho de los parlamentarios a debatir", espetó Oleaga en una intervención muy dura contra los populares, a los que acusó de querer mantener "amarrados a los jueces" negándose a facilitar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Para el PSOE, esa falta de renovación es la causa última de la crisis institucional que se ha producido en los últimos días, y así lo planteó su senador, que afeó al PP "que la renovación del CGPJ se haga o no en función de que al PP le guste o no los vocales que se eligen". No obstante, Oleaga aseguró que "lo que ha provocado esta situación es que los demócratas estemos más unidos que nunca" y, como ya hiciera el presidente Pedro Sánchez hace unos días, aseguró que el PSOE va a hacer "respetar la democracia y la libertad", aunque no concretó los próximos pasos a dar por el Gobierno.

Guía para entender el choque institucional

A grandes rasgos, la reforma de la malversación busca rebajar las penas para los cargos públicos que, aunque hayan utilizado dinero público para fines para los que no estaba destinado, no hayan tenido "ánimo de apropiarse" del mismo para lucro personal. La redacción reduce el castigo a los políticos que, sin quedarse con el dinero, pongan en marcha un "desvío presupuestario irregular" -una redacción que, para ERC, incluiría a los condenados por el procés- y tendrían un castigo de hasta cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación.

Además, con la reforma aprobada este jueves se crea un nuevo delito de enriquecimiento ilícito pensado específicamente para los políticos, que serviría para castigar a los cargos públicos que tengan un enriquecimiento que no puedan justificar y que sea superior en al menos 250.000 euros a sus ingresos durante el tiempo que ocupen un puesto en la administración y los cinco años posteriores. Este delito se castigaría con una pena de prisión de hasta tres años, de dos a siete años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y una multa de hasta tres veces el enriquecimiento ilícito conseguido.