El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido este lunes por mayoría de seis votos contra cinco el recurso de amparo presentado por el PP contra la reforma legal que cambia las mayorías para renovar este órgano, al tiempo que ha rechazado, con los mismos votos, las recusaciones del presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez, ambos del sector conservador, por lo que no serán apartados de la deliberación de las medidas cautelarísimas que piden los populares, según ha podido saber 20minutos.

Así lo ha decidido el Pleno del Constitucional, que pasadas las siete de la tarde empezaba a estudiar la petición de suspender urgentemente la tramitación de esas dos enmiendas en el Senado. Los seis votos a favor de admitir el recurso y rechazar las recusaciones han sido los de los seis magistrados conservadores del órgano, entre los que se encuentran los recusados. Los cinco magistrados progresistas, incluyendo el vicepresidente Juan Antonio Xiol, han votado en contra de la admisión del recurso y a favor de las recusaciones. 

La decisión sobre las medidas cautelarísimas que reclamaban PP y Vox, todavía pendiente, podría dejar suspendida de inmediato la tramitación de las enmiendas del PSOE y Unidas Podemos, que buscaban forzar la sustitución de cuatro magistrados del Constitucional que ejercen en funciones desde el 12 de junio. Si se aceptan las cautelarísimas, el Senado no podría votar las enmiendas esta semana, tal y como está previsto. 

La decisión del Tribunal Constitucional podría afectar también a lo que ocurra el martes en el CGPJ, cuando está fechada la celebración de un Pleno (a petición de los vocales conservadores del Consejo) para votar candidatos al Constitucional antes de que entre en vigor la reforma del Gobierno y permitir que se produzca la renovación del órgano con las mayorías reforzadas actuales. 

Al conocer la reforma legal que el Ejecutivo puso en marcha el pasado viernes 9 de diciembre, los conservadores cambiaron su postura respecto a los nombramientos del TC, que llevaban bloqueando desde el pasado 13 de septiembre, la fecha límite establecida por ley para la renovación. Este grupo de vocales quiso evitar desde el principio la reforma del Gobierno, con lo que encontraron en cuestión de días dos candidatos para el tribunal de garantías: los magistrados Pablo Lucas y César Tolosa. Su intención declarada era zanjar la renovación con la esperanza de que el Ejecutivo, una vez conseguido su objetivo, echase para atrás la reforma legal. 

Los nombres de Pablo Lucas, César Tolosa y José Manuel Bandrés (propuesto por los progresistas), se debatirán el martes en el CGPJ para, en teoría, alzar a dos de ellos al Constitucional junto a los propuestos por el Ejecutivo, Juan Carlos Campo y Laura Díez. Sin embargo, resulta difícil predecir cómo puede afectar la decisión que el TC ha tomado esta tarde a la postura que adopte mañana el bloque conservador del Consejo. 

Diez días de incendios entre los poderes del Estado

Este último episodio de la crisis del Poder Judicial comenzó el pasado viernes 9 de diciembre, hace diez días: era un día importante para el Gobierno, que estaba tramitando la supresión del delito de sedición, una de las promesas de investidura de Pedro Sánchez y una de las llaves que abrieron la puerta a los Presupuestos del Estado. Al Ejecutivo le corría prisa por zanjar varios asuntos engorrosos antes del comienzo del año electoral, y esta era su oportunidad. El Gobierno presentó varias enmiendas, una de ellas para forzar la renovación del Constitucional, que debía haberse llevado a cabo el 13 de septiembre.

Sánchez esperaba zanjar así un problema que le lastra desde junio y que tiene sus raíces en el bloqueo del Consejo, que comenzó en diciembre de 2018. El 12 de junio caducó el mandato de cuatro magistrados del Constitucional. Por ley, a dos de sus sustitutos los debe nombrar el Gobierno, a los otros dos el CGPJ. Todos ellos deben tomar posesión a la vez. Pero el CGPJ, por estar en funciones, no podía nombrar magistrados. 

Hasta que el Ejecutivo impulsó una reforma legal para que el Consejo pudiera nombrar a los dos magistrados y poner una fecha límite a los nombramientos: el 13 de septiembre. En este momento comenzó la disputa de poderes en torno a la renovación del TC. Los vocales conservadores del CGPJ no se sintieron vinculados a los plazos recogidos en la ley del Gobierno, y han evitado los nombramientos desde el principio.

El Ejecutivo, que comenzó siendo paciente, se ha ido cansando de la actitud de los vocales conservadores. El 29 de noviembre, un primer movimiento mostró hasta que punto Sánchez no estaba dispuesto a seguir esperando: escogió a sus magistrados, el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la catedrática Laura Díez. Y el día 9 de diciembre llegó el golpe definitivo, cuando PSOE y Unidas Podemos presentaron dos enmiendas para revertir la situación.

La reforma que plantearon establece, básicamente, cuatro claves: habrá una fecha límite para que los vocales del CGPJ nombren a dos candidatos del Constitucional; se podrán aplicar responsabilidades penales si no hay renovación; habrá un cambio en el modelo de elección a través del cual se ejecutan estas votaciones, y se eliminará el requisito de que el propio TC dé el visto bueno a los nuevos magistrados.

Pero al martes siguiente, el día 13 de diciembre, el Partido Popular presentó un recurso de amparo y pidió al Constitucional que suspendiera de forma inmediata la reforma legal de Sánchez. Vox hizo exactamente lo mismo y PSOE y Unidas Podemos, por otro lado, le pidieron al tribunal que rechazara la admisión a trámite de los recursos de amparo. Unidas Podemos dio un paso más allá y pidió al Constitucional que su presidente, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez se abstuvieran de las votaciones. El argumento de UP (al que se ha adherido también el PSOE) es que, al ejercer en funciones, esta reforma que les afecta directamente y no deberían deliberar sobre ella. Al votar el futuro de la enmienda están votando el futuro de su puesto de trabajo.

El Constitucional no ha cedido a ninguna de las peticiones del Gobierno, y se abre ahora a estudiar los recursos del PP y Vox. Todavía le queda decidir si, mientras indaga en el asunto, deja en suspenso la reforma del Gobierno.