La Mesa del Senado ha acordado este martes continuar la tramitación del Código Penal que impulsa el Gobierno, pero no incluirá las enmiendas referidas al modelo de elección de magistrados del Tribunal Constitucional por parte del CGPJ, ya que el propio tribunal de garantías las dejó anoche suspendidas a la espera de estudiar el recurso que el Partido Popular presentó contra las mismas. 

La Mesa se ha reunido antes de que se citara la Comisión de Justicia, que estaba prevista para las 9.15 horas pero se ha retrasado. La decisión del órgano ha salido adelante gracias a la mayoría del PSOE y el PNV, pero con el rechazo de los populares. Finalmente, la Mesa del Senado ha dado luz verde para que se celebre la reunión de la Comisión de Justicia, donde se deben separar las enmiendas suspendidas del resto de la proposición de ley. Si la Comisión de Justicia da luz verde al dictamen, la reforma del Código Penal será sometida a votación en Pleno del Senado el jueves 22 de diciembre, sin que las enmiendas recurridas por el PP formen parte de la mencionada votación. 

El lunes por la noche, poco después de conocerse la decisión del Tribunal Constitucional sobre la adopción de medidas cautelarísimas a petición del Partido Popular, el presidente del Senado, Ander Gil, aseguró que el órgano acataría el fallo del tribunal de garantías, que exige paralizar la tramitación de las enmiendas que iban a forzar la renovación del TC (seis meses después de que caducase el mandato de cuatro de sus magistrados).

Aunque Gil y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, garantizaron su "lealtad" institucional, también mostraron su preocupación. El propio presidente del Senado denunció que el PP instrumentalizaba el Constitucional "para obtener lo que no puede extraer del debate legislativo ante las Cámaras". Acto seguido, Gil criticó la decisión tomada por el TC, que calificó como un "paso de difícil retorno en la degradación de nuestro sistema democrático". Por eso, el presidente del Senado anunció que recurriría la decisión del Constitucional, que ha dejado la inviolabilidad del Parlamento "seriamente comprometida".