El Tribunal Constitucional (TC) dejó este lunes suspendida la reforma que, a iniciativa de los partidos que integran el Gobierno, estaban tramitando las Cortes Generales para forzar la renovación del propio órgano. En un Pleno que duró todo el día, el TC decidió que estudiará el recurso de amparo que presentó el PP para frenar la reforma y que, mientras tanto, atenderá a las medidas cautelarísimas reclamadas por este partido y Vox y suspenderá de inmediato la votación de las enmiendas, que se aprobaron la pasada semana en el Congreso e iban a votarse esta semana en el Senado.

El Constitucional había inadmitido previamente las recusaciones del presidente del órgano, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez planteadas por Unidas Podemos y el PSOE, ya que en este momento procesal estos partidos no estaban legitimados para personarse en el procedimiento, cosa que podrán hacer a partir de ahora.

Los seis votos a favor de admitir el recurso y las medidas cautelarísimas, y rechazar las recusaciones, fueron los de los seis magistrados conservadores del órgano, entre los que se encuentran los recusados. Los cinco magistrados progresistas, incluyendo el vicepresidente Juan Antonio Xiol, votaron en contra de la admisión del recurso y de las medidas cautelares, así como a favor de las recusaciones. La minoría progresista ya adelanta que redactará votos particulares para exponer su desacuerdo con la decisión de la mayoría y los motivos por los que, en su opinión, debería haberse rechazado suspender las enmiendas.

Desde el tribunal de garantías informaron de que el secretario de justicia del Pleno era el encargado de trasladarse personalmente anoche al Senado para comunicar a esta Cámara, y también al Congreso, la decisión de los magistrados, de modo que pudiera informar a la Comisión de Justicia, que se reúne a primera hora del martes para dar inicio a la tramitación de la reforma legal que incluía la modificación de las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional para facilitar la renovación del órgano de garantías, el cual tiene a cuatro de sus magistrados ejerciendo en funciones desde el pasado mes de junio.

Ahora, el TC abre una pieza separada y concede un plazo de diez días tanto a la Fiscalía como a demás partes personadas para que efectúen alegaciones respecto al mantenimiento de la medida cautelar de suspensión acordada. Será en este trámite cuando el PSOE, Unidas Podemos y, como ha anunciado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la Cámara Baja puedan ser parte del procedimiento y solicitar al tribunal que deje sin efecto la suspensión cautelar.

Lo que impide el Constitucional es debatir y votar las enmiendas que modifican las citadas leyes orgánicas. Lo que sí se prevé que salga adelante esta semana en el Senado es la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición, crea en su lugar el de desórdenes públicos agravados y cambia el de malversación.

El papel del CGPJ

La decisión del Tribunal Constitucional podría afectar no solo a la tramitación de la reforma, sino también a lo que ocurra este martes en el CGPJ, cuando está fechada la celebración de un Pleno (a petición de los vocales conservadores del Consejo) para votar candidatos al Constitucional antes de que entre en vigor la reforma del Gobierno y permitir que se produzca la renovación del órgano con las mayorías reforzadas actuales.

Al conocer la reforma legal que el Ejecutivo puso en marcha el pasado 9 de diciembre, los conservadores cambiaron su postura respecto a los nombramientos del TC, que llevaban bloqueando desde el pasado 13 de septiembre, la fecha límite establecida por ley para la renovación. Este grupo de vocales quiso evitar desde el principio la reforma del Gobierno, con lo que encontraron en cuestión de días dos candidatos para el tribunal de garantías: los magistrados Pablo Lucas y César Tolosa. Su intención declarada era zanjar la renovación con la esperanza de que el Ejecutivo, una vez conseguido su objetivo, echase para atrás la reforma legal.

Los nombres de Pablo Lucas, César Tolosa y José Manuel Bandrés (propuesto por los progresistas) se debatirán el martes en el CGPJ para, en teoría, alzar a dos de ellos al Constitucional junto a los propuestos por el Ejecutivo, Juan Carlos Campo y Laura Díez. Sin embargo, resulta difícil predecir cómo puede afectar la decisión que el TC ha tomado esta tarde a la postura que adopte mañana el bloque conservador del Consejo.

Diez días de incendios entre los poderes del Estado

Este último episodio de la crisis del Poder Judicial comenzó hace diez días: era un día importante para el Gobierno, que estaba tramitando la supresión del delito de sedición, una de las promesas de investidura de Pedro Sánchez y una de las llaves que abrieron la puerta a los Presupuestos del Estado. Al Ejecutivo le corría prisa por zanjar varios asuntos engorrosos antes del comienzo del año electoral, y esta era su oportunidad. El Gobierno presentó varias enmiendas, una de ellas para forzar la renovación del Constitucional, que debía haberse llevado a cabo el 13 de septiembre.

Sánchez esperaba solucionar así un problema que le lastra desde junio y que tiene sus raíces en el bloqueo del Consejo, que comenzó en diciembre de 2018. El 12 de junio caducó el mandato de cuatro magistrados del Constitucional. Por ley, a dos de sus sustitutos los debe nombrar el Gobierno, a los otros dos el CGPJ. Todos ellos deben tomar posesión a la vez. Pero el CGPJ, por estar en funciones, no podía nombrar magistrados.

Hasta que el Ejecutivo impulsó una reforma legal para que el Consejo pudiera nombrar a los dos magistrados y poner una fecha límite a los nombramientos: el 13 de septiembre. En este momento comenzó la disputa de poderes en torno a la renovación del TC. Los vocales conservadores del CGPJ no se sintieron vinculados a los plazos recogidos en la ley del Gobierno, y han evitado los nombramientos desde el principio.

El Ejecutivo, que comenzó siendo paciente, se ha ido cansando de la actitud de los vocales conservadores. El 29 de noviembre, un primer movimiento mostró hasta que punto Sánchez no estaba dispuesto a seguir esperando: escogió a sus magistrados, el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la catedrática Laura Díez. Y el día 9 de diciembre llegó el golpe definitivo, cuando PSOE y Unidas Podemos presentaron dos enmiendas para revertir la situación.

La reforma que plantearon establece, básicamente, cuatro claves: habrá una fecha límite para que los vocales del CGPJ nombren a dos candidatos del Constitucional; se podrán aplicar responsabilidades penales si no hay renovación; habrá un cambio en el modelo de elección a través del cual se ejecutan estas votaciones, y se eliminará el requisito de que el propio TC dé el visto bueno a los nuevos magistrados.

Pero al martes siguiente, el día 13 de diciembre, el Partido Popular presentó un recurso de amparo y pidió al Constitucional que suspendiera de forma inmediata la reforma legal de Sánchez. Vox hizo exactamente lo mismo y PSOE y Unidas Podemos, por otro lado, pidieron al tribunal que rechazara la admisión a trámite de los recursos de amparo. Unidas Podemos dio un paso más allá y pidió al Constitucional que su presidente, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez se abstuvieran de las votaciones. 

El argumento de Unidas Podemos (al que se ha adherido también el PSOE) es que, al ejercer en funciones, esta reforma que les afecta directamente y no deberían deliberar sobre ella. Al votar el futuro de la enmienda están votando el futuro de su puesto de trabajo. El Constitucional no ha cedido a ninguna de las peticiones del Gobierno, y se abre ahora a estudiar los recursos del PP y Vox a la par que deja suspendida la tramitación de la reforma legal.