El PSOE y Unidas Podemos han presentado este viernes una enmienda  para modificar el artículo 311 del Código Penal y adecuarlo a la realidad de los falsos autónomos. De aprobarse la enmienda, se impondrán penas de entre seis meses y seis años de prisión y multas de seis a doce meses "a quien imponga condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantenga en contra de requerimiento o sanción administrativa". 

Según confirman fuentes de Unidas Podemos, la enmienda pretende convertir en delito penal las prácticas de empresas como Glovo, que siguen haciendo uso de los falsos autónomos. "La 'ley rider' se va a cumplir y las empresas rebeldes se van a acometer al Estado social y de derecho", declaró la vicepresidenta Yolanda Díaz en septiembre. 

PSOE y Unidas Podemos plantean un nuevo delito de enriquecimiento ilícito para políticos que no toca la malversación

Su promesa se materializa ahora en esta reforma legal que va más allá de las sanciones económicas. "La defensa de los derechos laborales en casos flagrantes de injusticia estará garantizada por el Código Penal", ha  señalado Díaz en un tuit. "Modificaremos el artículo 311 para proteger a las trabajadoras y trabajadores y evitar que los incumplimientos reiterados de la legislación laboral queden impunes".

La enmienda se presenta como complemento a la ley aprobada por Trabajo en 2021, por la cual se ha sancionado reiteradamente tanto a Glovo como a Uber Eats, que siguen empleando como falsos autónomos al grueso de sus riders. Las sanciones por el incumplimiento de la 'ley rider' han afectado especialmente a Glovo, que ha pagado más de 100 millones de euros al Estado. 

Sin embargo, a la empresa de reparto a domicilio le sigue saliendo a cuenta utilizar la figura del falso autónomo, que obliga a los propios trabajadores a asumir las cotizaciones a la seguridad social. Pero si la medida sale adelante, Glovo estará cometiendo un delito no solo administrativo, también penal.

La enmienda, diseñada por el ministerio de Trabajo, es solo una de las que se han presentado al proyecto del Gobierno para reformar la sedición. El Gobierno ha incluido otra en la que se plantea un nuevo delito de enriquecimiento ilícito para penar con hasta tres años de prisión y siete de inhabilitación a los cargos públicos que tengan un enriquecimiento que supere por al menos 250 euros sus ingresos. 

Se trata de una enmienda que no toca el delito de malversación (como sí hace la de Esquerra) y que castigará  a "la autoridad que, durante el desempeño de su función o cargo y hasta cinco años después de haber cesado en ellos, haya obtenido un incremento patrimonial o una cancelación de obligaciones o deudas por un valor superior a 250.000 euros respecto a sus ingresos acreditados" y "se negara abiertamente a dar el debido cumplimiento a los requerimientos de los órganos competentes destinados a comprobar su justificación".

Por otro lado, el Ejecutivo se ha propuesto atajar la renovación del Tribunal Constitucional a través de otra enmienda que obliga al CGPJ a elegir dos magistrados para el órgano de garantías en un plazo de 13 días hábiles desde que la ley entre en vigor. La norma, en caso de ser publicada, pondrá al Poder Judicial contra las cuerdas, pues avisa de "responsabilidades penales" para aquellos que impidan los nombramientos. 

Ley rider europea

EFE

El jueves tuvo lugar en la Unión Europea un encuentro entre los titulares de Empleo de los 27, una reunión concertada para sellar una 'ley rider' a nivel europeo. La idea de mejorar desde la UE las condiciones laborales de los falsos autónomos no ha salido adelante porque ha recibido la negativa de todo un bloque de la Unión. La oposición a esta "ley rider" ha estado liderada por la propia Yolanda Díaz, que la ha considerado "poco ambiciosa". 

Según la ministra de Trabajo, la iniciativa de la UE no es garantista de los derechos de los riders. Una postura que han compartido las carteras de Empleo de Bélgica, Eslovenia, Alemania, Luxemburgo, Portugal, Países Bajos, Grecia y Rumanía. "[La ley] se ha debilitado notablemente respecto a la propuesta inicial y no permite la correcta clasificación de las personas que trabajan en las plataformas digitales", sentenció el jueves la ministra.