Los cargos públicos que tengan un enriquecimiento que supere por al menos 250.000 euros sus ingresos se enfrentarán a una pena de prisión de hasta tres años, de dos a siete años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y una multa de hasta tres veces el enriquecimiento ilícito conseguido. Esa es, al menos, la intención de PSOE y Unidas Podemos, que este viernes presentaron una enmienda a la proposición de ley con la que reformarán el delito de sedición para que también se incluya la creación de este nuevo tipo en el Código Penal. 

La enmienda de los socios de Gobierno no modifica en nada el delito de malversación, si bien el Ejecutivo ya ha anunciado que negociará con ERC la rebaja de este ilícito para los políticos que desvíen dinero público pero no se lucren personalmente con él. Los republicanos catalanes, de hecho, presentaron a primera hora de este viernes su propia enmienda en este sentido, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, aseguró que su única "línea roja" es que la malversación siga penada, una condición que también pone Unidas Podemos. El Gobierno, por tanto, está dispuesto a rebajar las penas en ciertos casos de desvío de caudales públicos.

Según figura en la enmienda presentada por PSOE y Unidas Podemos, que tiene muchos números para terminar siendo aprobada, el nuevo delito de enriquecimiento ilícito está diseñado expresamente para afectar a cargos públicos. En concreto, se castigará a "la autoridad que, durante el desempeño de su función o cargo y hasta cinco años después de haber cesado en ellos, haya obtenido un incremento patrimonial o una cancelación de obligaciones o deudas por un valor superior a 250.000 euros respecto a sus ingresos acreditados" y "se negara abiertamente a dar el debido cumplimiento a los requerimientos de los órganos competentes destinados a comprobar su justificación".

ERC propone un nuevo delito de malversación penado con hasta tres años menos de cárcel cuando no haya ánimo de lucro personal

Por tanto, la actitud penada será la ausencia de explicaciones coherentes que justifiquen el enriquecimiento desmesurado del cargo público, algo que PSOE y Unidas Podemos justifican asegurando que es lo más coherente con "el derecho fundamental a la presunción de inocencia". Según la enmienda, este ilícito sería "castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa del tanto al triplo del beneficio obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a siete años".

"Reforzar la lucha contra la corrupción"

Este viernes, el portavoz socialista Patxi López aseguró que el objetivo de este nuevo delito que pretenden crear PSOE y Unidas Podemos es "reforzar la lucha contra la corrupción", aunque lo cierto es que también intenta compensar la rebaja de las penas por malversación en determinados supuestos que ha propuesto ERC y que el Gobierno va a estudiar. "Hasta ahora los cargos públicos tenemos la obligación de publicar nuestras declaraciones de patrimonio, pero no existía ningún procedimiento por el cual pase algo si, al terminar nuestro mandato, hemos tenido un enriquecimiento desproporcionado", presumió López.

Fuentes socialistas explican que este nuevo ilícito penal podría aplicarse a casos como el de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que ha amasado un patrimonio de más de 12 millones de euros desde 1994, fecha en la que entró en política en las filas del PP. La regidora es cónyuge de Lars Gunnar Broberg, promotor inmobiliario de la Costa del Sol que fue encausado el pasado septiembre por pertenecer, presuntamente, a una organización criminal dedicada a lavar dinero del narcotráfico.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, puso como ejemplo este caso de la alcaldesa de Marbella como el de "un cargo público que, durante el ejercicio de su cargo, ha incrementado de manera cuantiosa y no explicada su patrimonio", y aseguró que casos como aquel necesitan de "un delito para luchar contra la corrupción". Y su homólogo de En Comú Podem -la rama catalana de los morados-, Jaume Asens, afirmó que el nuevo delito de enriquecimiento ilícito "es una reivindicación" que la formación lleva "mucho tiempo" planteando.