El Gobierno está dispuesto a estudiar la enmienda a la reforma de la sedición que ERC ha presentado este viernes a primera hora de la mañana. Tal y como adelantó hace casi un mes el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, el objetivo de ERC es incluir una reforma de la malversación para "revertir" los cambios del tipo penal que impulsó el PP de Mariano Rajoy en 2015. De esta forma, el lucro personal volverá a estar en el centro del delito y los protagonistas del procés (desde Oriol Junqueras, todavía inhabilitado, hasta Carles Puigdemont, que no ha sido juzgado) se verán beneficiados.

La propuesta de Esquerra añade un nuevo tipo dentro del delito de malversación para castigar con menos cárcel a quienes malversen dinero público sin ánimo de lucrarse. En estos casos las penas pasarán a ser de entre seis meses y tres años de prisión a los que se sumarán hasta cuatro años de inhabilitación para el ejercicio del cargo público. 

Este miércoles, la ministra de Defensa, Margarita Robles, declaró que "el reproche político no puede ser el mismo" cuando el delito conlleva un lucro personal y cuando no. "La posición del Gobierno es rotunda y clara. Las enmiendas se tienen que estudiar, pero hay una línea roja y es que en ningún caso el Grupo Socialista va a apoyar ninguna enmienda que de alguna manera favorezca lo que es la corrupción", añadió Robles.

Ahora el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha confirmado que la única "línea roja" del Gobierno es que no se deje de penar la malversación, con lo que el Ejecutivo estaría dispuesto a contemplar una rebaja en las penas, tal y como proponen sus socios parlamentarios. 

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El ala morada del Ejecutivo ve la reforma con peores ojos, aunque las opiniones están divididas en Unidas Podemos. El 14 de noviembre, tras las mencionadas declaraciones de Aragonès, el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, se alineaba con el PSOE y con ERC. "La respuesta del Código Penal no puede ser la misma" en los casos en los que la malversación de dinero público lleva al "enriquecimiento personal" del malversador que en los que eso no ocurre, expresó Asens.

Por el contrario, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, lleva días tratando de rebajar la buena acogida inicial de Asens. Echenique, ya hace un par de semanas, aseguró que la reforma de la malversación tiene "aristas, como no se le puede escapar a nadie". Y, en privado, dirigentes tanto de Podemos como del núcleo más cercano a la vicepresidenta Yolanda Díaz rechazan que el Gobierno se preste a una reforma del Código Penal que no solo es ad hoc -algo que rechaza el entorno de Díaz- sino que, además, podría generar una cascada de titulares negativos para el Ejecutivo.

La oposición, por su parte, considera que "todo es corrupción", haya o no haya lucro personal. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno de recrudecer "sus ataques a las instituciones y al Estado de Derecho" y ha asegurado que su partido volverá a tipificar como delito la sedición "y cualquier forma de corrupción". 

En 2015 fue el Partido Popular quien impulsó un cambio legal para ampliar la concepción del delito de malversación recogiendo bajo este tipo penal la administración desleal de caudales públicos. De esta manera, si alguien repetía una consulta como la que impulsó Artur Más en 2014, sería acusado de malversación. Así fue, de hecho, con los imputados del procés.

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El año que siguió al 9N (la consulta convocada por Artur Mas en 2014) trajo una respuesta del Partido Popular, que gozaba en 2015 de una mayoría absoluta liderada por Mariano Rajoy. Esa ventaja le permitió aprobar en las cámaras parlamentarias una reforma del delito de malversación que amplió la concepción del mismo. 

Antes de aquella modificación, malversar significaba sustraer indebidamente caudales públicos para obtener un lucro (para el propio malversador o para un tercero). El cambio legal hizo que la administración desleal del patrimonio público se incluyese bajo el paraguas de la malversación. Desde ese momento, basta con perjudicar el patrimonio público administrado para ser considerado un malversador a ojos del Código Penal. 

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La reforma incluía un segundo cambio, un agravante para los supuestos en los que el patrimonio perjudicado supere los 250.000 euros. Las penas máximas previstas para estos casos pasaron de los ocho a los doce años de prisión. 

Tanto la reforma de la sedición como la posible modificación de la malversación se están dando en un contexto muy concreto, el de una negociación ligada a los Presupuestos de 2023, los últimos de la legislatura. En el caso de la sedición, el Gobierno defiende que su reforma atiende a la necesidad de equiparar la legislación española a la europea. Sin embargo, se le acusa de emprender una reforma legal diseñada ad hoc para los líderes independentistas.

Desde 2015 solo se han impuesto 11 condenas por sedición, por lo que se trata de un delito muy poco frecuente y que afecta principalmente a los protagonistas del 1-O. En lo que respecta a la malversación, Esquerra reconoce abiertamente que el objetivo de la reforma es beneficiar a los líderes del procés, tanto a los indultados como a los que no han sido juzgados todavía. En este sentido, al menos 24 implicados en el 1-O podrían verse beneficiados por una eventual reforma de la malversación.

Empezando por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, la cascada de políticos independentistas que pueden salir mejor parados continúa. La reforma afectaría a los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que permanecen inhabilitados, y a Toni Comín, Clara Ponsatí y Luis Puig, que están huidos junto a Puigdemont.

A ellos se suman el presidente de ERC en el Parlament y ex secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el también diputado y exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó; a los que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha enviado a juicio por malversación, prevaricación y desobediencia grave por los preparativos del 1-O.

El problema es que la malversación es un delito mucho más común que la sedición y, teniendo en cuenta el amplio historial de corruptelas en la España de los últimos años, una reforma legal que suponga volver a la legislación previa a 2015 podría tener efectos secundarios indeseados. En los últimos siete años se han impuesto 499 condenas por malversación y una parte de ellas corresponde a delitos que no incluyen ánimo de lucro. 

Fuentes jurídicas explican a 20minutos que, al reformarse una ley,  el efecto de la reforma se aplicaría retroactivamente. "La ley previa a 2015 no imponía penas de prisión en los supuestos sin ánimo de lucro", destacan. "Si hay reducción de penas, se rebajarían las condenas de implicados en el procés, el caso Gürtel o el de los ERE de Andalucía", y si se excluyen conductas, estas "podrían quedar despenalizadas", confirman las fuentes.