Una reforma del delito de malversación como la apuntada por el Gobierno y ERC podría beneficiar a al menos 24 políticos independentistas actualmente investigados, procesados o condenados por este ilícito penal a causa del 1-O, entre ellos los que fueron presidente y vicepresidente de Cataluña Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente.
Entre los directamente beneficiados por la eventual reforma estarían los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo (TS) por malversación y sedición: Junqueras, sentenciado a 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación; y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, con penas de 12 años tanto de cárcel como de inhabilitación. En su caso, fueron indultados de permanecer en prisión, pero la inhabilitación sigue vigente.
Además de los ya condenados, una reforma de la malversación afectaría a Puigdemont y a los exconsejeros Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, todos huidos pero reclamados por el instructor del 'procés', Pablo Llarena, por dicho delito y sedición.
A ellos se suman el presidente de ERC en el Parlament y ex secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el también diputado y exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó; a los que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha enviado a juicio, por malversación, prevaricación y desobediencia grave por los preparativos del 1-O.
De acuerdo con la investigación judicial, Jové -miembro de la delegación catalana en la mesa de diálogo entre Moncloa y Govern- desoyó los mandatos del Tribunal Constitucional contra la organización del referéndum independentista, presuntamente había obtenido datos personales de los catalanes de forma irregular para elaborar un censo, participó "activamente" en la búsqueda de locales para votar y en su ordenador había archivos como 'modelo de papeleta'.
Entre los indicios contra Jové y Salvadó, la instructora detalla que hicieron presentaciones ante otros Estados y organismos para obtener financiación y también que se dotó a la Agencia Tributaria del sistema e-Spriu, capaz de recaudar, gestionar y ejecutar impuestos para los que "no se tenían competencias" como IRPF, IVA o Sociedades.
La instructora también cree que Salvadó ideó un programa de homogeneización de los mecanismos internos de tramitación de tributos y cotizaciones sociales que ingresaba la Generalitat al Estado, para "controlar y contar con la máxima información posible sobre sujetos tributarios y sobre las cuotas satisfechas de los impuestos estatales no cedidos".
Los preparativos del 1-O
Además, hay otros 14 excargos del Govern a los que el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona procesó en 2019 por malversación y otros delitos por los preparativos del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, aunque actualmente la causa permanece en un limbo judicial.
La Audiencia Provincial mantuvo dicha resolución, pero ordenó a la jueza volver a interrogar a los 29 procesados (incluidos esos 17) y ahora se estudia su concurrencia con otra causa, la que se investiga en el Juzgado de Instrucción Número 18 de Barcelona sobre los gastos exteriores del procés.
Uno de estos investigados es Antoni Molons, exsecretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia de la Generalitat, al que se procesó por malversación y prevaricación por su presunta intervención para contratar a las agencias encargadas de realizar los anuncios que después se publicitaron sobre la votación ilegal y para la campaña del registro de catalanes en el exterior.
Joaquim Nin, ex secretario general del Departamento de Presidencia, fue señalado por malversación, prevaricación y desobediencia por participar en la contratación de campañas publicitarias -la jueza mencionó un anuncio destinado a promover la inscripción como votantes de catalanes residentes en el extranjero-, por comprar dominios web como referendumcatalunya.cat y porque "tuvo conocimiento" de los procesos de adjudicación y adquisición de material para el 1-O.
Jaume Clotet, ex director general de Comunicación, fue procesado por malversación por su presunta implicación en la compra de dichos dominios y, concretamente, porque habría autorizado el pago de una factura emitida por el diseño de la web pactepelreferendum.cat.
Josep Ginesta, ex secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, también fue procesado por malversación por su supuesto rol en la captación de voluntarios para el 1-O y por su "relevante participación" en "la creación, desarrollo y puesta en funcionamiento de la web pactepelreferendum.cat" y en documentos como un "anteproyecto para la creación de la agencia catalana de protección social".
Otros de los investigados por malversación en esta causa son David Palanques y David Franco, exresponsables del área TIC del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia; Josué Sallent, exdirector de Estrategia e Innovación en el CTTI, y Xavier Puig, exresponsable del área TIC de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia. A todos ellos, la investigación judicial los vincula a las mismas actividades que Ginesta.
La acción exterior
Francesc Sutrías, ex director general de Patrimonio, fue procesado por malversación y desobediencia por su presunta participación en los contratos y facturas con Unipost para mover el material del 1-O, "para garantizar la presencia de observadores internacionales" y para dar instrucciones sobre cómo actuar el día de la consulta ilegal.
Aleix Villatoro, ex secretario general del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exterior y Transparencia, fue procesado por malversación, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos por su presunta implicación en la contratación del Centro de La Haya para Estudios Estratégicos y en la elaboración del censo para el 1-O.
La jueza también señaló a Amadeu Altafaj, exdirector de la delegación del Govern ante la UE, por malversación y prevaricación por un informe donde propuso contratar un servicio de asesoramiento para "dar a conocer la voluntad democrática del pueblo de Cataluña a decidir su futuro" y por su presunta intervención en la contratación y pago al Centro de La Haya.
En el caso de Albert Royo, ex secretario general del Patronato Cataluña Mon-consell de Diplomacia Pública de Cataluña, fue procesado por malversación y falsedad documental por "diversos pagos en concepto de billetes de avión y alojamiento a nombre de observadores internacionales" y a "'expertos' contratados para analizar el contexto político" en el que se desarrolló el 1-O.
Rosa María Rodríguez Curto, ex directora general del Servicio de T-Systems, también fue procesada por malversación porque "participó en la puesta en funcionamiento de las modificaciones que se pidieron por parte de la Generalitat en la aplicación del Registro de Catalanes en el Exterior".
Otros procesados
Además, a Rosa Vidal, ex interventora general de la Generalitat, la jueza la procesó por malversación, desobediencia y falsedad documental porque "tuvo cabal conocimiento de todos los contratos y pagos que fueron destinados a actos preparatorios para el referéndum".
Por otro lado, el administrador del diario El Vallenc Francesc Fabregas fue procesado por malversación y desobediencia por presuntamente encargar la impresión de los documentos 'Referéndum de autodeterminación de Cataluña 2017' y 'Lista numerada de votantes'.
Y el ex director general de Unipost Pablo Raventós también se encuentra en esta lista por haber "ocultado a la Guardia Civil, cuando se le preguntó expresamente, que había recibido un encargo de la Generalitat relacionado con el referéndum" ilegal.
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