Apenas había dado tiempo a discutir sobre la reforma del delito de sedición que el Gobierno de Pedro Sánchez negoció con el partido de Pere Aragonès, cuando se conoció que Esquerra piensa presentar una enmienda para incluir la modificación del otro delito que afecta a algunos de los líderes del procés: el de la malversación. Un cambio legal que ERC negocia disimuladamente con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y sobre el que ninguna de las partes se atreve a adelantar nada. Teniendo en cuenta el extensísimo historial de casos de corrupción que se han producido en España durante las últimas décadas, todas las formaciones políticas se abstienen de ofrecer una posición clara sobre una reforma delicada, porque "podría suponer una rebaja en las penas de los condenados" y obstaculizar la investigación de delitos, según confirman a 20minutos diversas fuentes jurídicas. 

Las mencionadas fuentes indican que los delitos relacionados con la corrupción "son muy difíciles de probar". En consecuencia, muchas veces los jueces se topan con la imposibilidad de aplicar condenas por corrupción o cohecho y tienen que acudir a delitos más leves como la prevaricación, la malversación o el delito fiscal. "El enriquecimiento personal es muy difícil de demostrar", advierten, con lo que establecer esta condición para aplicar el delito de malversación podría dificultar "futuras condenas" y provocar "excarcelaciones o absoluciones". 

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Cabe recordar, en este sentido, que desde 2015 se han ejecutado hasta 599 condenas por malversación, un delito que afecta, entre otros, a los propios parlamentarios designados a votar su eventual reforma. Entre los posibles beneficiados por esta modificación de la ley estarían los condenados por malversar dinero público utilizándolo para el referéndum ilegal de Cataluña, entre ellos Oriol Junqueras, que permanece inhabilitado para el ejercicio de cargo público a pesar de haber sido indultado y liberado de la pena de prisión. 

Pero la reforma podría afectar también a Francisco Correa, condenado por la trama Gürtel; Iñaki Urdangarín y Jaume Matas, por su condena en el caso Nóos, o el socialista andaluz José Antonio Griñán, pendiente de entrar en prisión como parte del caso de los ERE. 

"Por lo que se ha dicho de la reforma, parece que su intención es rebajar las penas de los que desvían fondos públicos y no se los quedan,  lo cual llevaría a rebajas de penas como con los abusos sexuales", explica la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, Mercedes Arán. Tanto ella como el resto de fuentes consultadas advierten, sin embargo, de que "todavía no se conoce el contenido de la reforma" y, por lo tanto, hay que tener cautela a la hora de hablar de "especulaciones". 

La iniciativa de cambiar el delito partió del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que tras haber cerrado la reforma de la sedición planteó ir a por la malversación, ilícito por el que fueron condenados algunos de los líderes del procés. El president habló de revertir la reforma ejecutada por el Partido Popular en 2015, por la cual se pena de igual modo a aquellos que se lucran con dinero público y a los que simplemente hacen un uso indebido del mismo.

Ahora se contempla modificar el tipo contemplado en el Código Penal, no se sabe exactamente si para rebajar las penas en caso de que no haya beneficio personal o para que se deje de considerar malversación la administración desleal ejercida por un cargo público. La catedrática de Derecho Penal de la Universidad Ceu San Pablo Ana Olalde señala que se trata de un delito "muy complejo", por lo que si no se modifica con atención y cautela podría acabar pasando "lo mismo que ha ocurrido con la ley del solo sí es sí". 

Aún así, la catedrática recalca que "solo estamos especulando" y hay que esperar a conocer "el texto final". "Lo único que podemos sacar en claro es que si la reforma beneficia al reo, todos aquellos que hayan sido penados se van a beneficiar". 

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Un beneficio para el condenado que sería además irreversible, igual que lo es para los agresores que han sido excarcelados o han visto reducida su condena tras la aprobación de la ley de 'solo sí es sí'. La razón es que, partiendo del principio de favor para el reo, una vez una norma se modifica y el delito pasa a estar menos penado, el condenado se puede beneficiar de la norma más favorable para él, retroactivamente.

"Tanto las condenas previas a 2015 como las posteriores podrían quedar impunes. Hay que analizar los textos concretos y de momento solo tenemos declaraciones políticas, pero si, como se ha dicho por parte de algunos responsables políticos, se pretende vincular la malversación únicamente a casos de enriquecimiento personal, eso puede ser muy negativo", explica el juez y portavoz de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia. 

Según señala Bosch, el hecho de que la reforma esté estrechamente vinculada a una negociación política es algo "habitual". "La oportunidad o falta de oportunidad política la debe valorar la ciudadanía con su voto", apunta el juez, que advierte sin embargo de la posibilidad de que la reforma de la malversación deje impunes a condenados por casos como la Gürtel o los ERE. Mercedes Arán suscribe esta versión y añade que la reforma "jurídicamente es posible, mayores disparates se han hecho". "Es un tema de democracia", zanja la magistrada. 

"Una reforma de la malversación en algunos de los términos que se están apuntando no está justificada y genera peligros en la lucha contra la corrupción"

"A mí lo que me preocupa es que esto sea dañino para la sociedad, y yo creo que una reforma de la malversación en algunos de los términos que se están apuntando no está justificada y genera peligros en la lucha contra la corrupción", explica Bosch. 

En línea con él, Ana Olalde hace hincapié en los efectos negativos de una eventual reforma de cara a próximas investigaciones. "Igual que en el delito de estafa, en el que hay que probar el engaño, limitar la malversación a los casos en los que hay enriquecimiento supone limitar las opciones de la acusación", alega la catedrática. 

Sobre el hecho de que la reforma legal esté tan estrechamente relacionada a un contexto político concreto y busque beneficiar a un grupo concreto de personas, los juristas opinan que esto "se da en multitud de ocasiones". "Deberíamos centrarnos como sociedad en determinar los comportamientos que queremos que sean delito y si esos delitos están bien contemplados. El derecho debería centrarse simplemente en el contenido, el porqué y la fundamentación de la norma", señala en esta línea Olalde. 

"Los jueces habíamos recomendado reformar la sedición mucho antes del 'procés'"

Arán señala además que la reforma de la malversación es un asunto muy distinto a la de la sedición. "Los jueces habíamos recomendado reformar la sedición mucho antes del procés, pero la modificación de la malversación para rebajar las penas sería un disparate político". En línea con estas palabras de la jueza, Joaquim Bosch opina que la reforma de la sedición puede ser "positiva con independencia del contexto, porque la ley está muy desfasada y nos aleja del contexto europeo". El juez explica que "en cambio, en un contexto similar, reformar la malversación para que queden impunes muchas conductas puede beneficiar a muchos corruptos".