El Gobierno de Pedro Sánchez, junto con Unidas Podemos, acaba de plantear la posibilidad de reformar el Código Penal con el objetivo de eliminar el delito de sedición, aunque también se contempla rebajar el delito de malversación de fondos. 

Esto ha abierto un amplio debate entre las diferentes formaciones políticas, sobre las consecuencias de eliminar o rebajar este tipo de delitos, que están directamente relacionados con la corrupción.

El delito de malversación de fondos

El delito de malversación de fondos está recogido en el Código Penal, concretamente, en el Capítulo VII, de la malversación. En la ley se explica que todos aquellos cargos públicos o quienes tengan la facultad para administrar el patrimonio público, serán castigados en caso de infringir las normas, excediéndose en el ejercicio de las mismas y, por tanto, causando un perjuicio al patrimonio administrado.

Esto está directamente relacionado con la corrupción, es decir, los cargos públicos y las autoridades que utilicen el dinero público que administran para lucrarse o de forma ilícita estarán sujetos a las penas que marca la ley.

En el caso de que la cuantía sobre la que se ha causado un perjuicio patrimonial no exceda los 400 euros, se impondrá una multa de uno a tres meses. 

Por el contrario, en desfalcos mayores, habrá penas de prisión que pueden ir de los dos a los seis años, además de la inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a 10 años.

Por otro lado, las penas de prisión podrían llegar desde los cuatro a los ocho años, así como la inhabilitación absoluta de 10 a 20 años, en caso de que se dé una de estas circunstancias:  

"Si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado", concluye el Código Penal.