La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido este jueves el modelo de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que se ha referido como "el más independiente" del entorno europeo. Lo ha hecho en un desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, en el que ha afirmado que "el Gobierno no tiene nada que ver en la renovación del CGPJ", a pesar de que ella misma ha reconocido que la dimisión del que fuera presidente del órgano de gobierno de los jueces hasta hace apenas una semana, Carlos Lesmes, provocó que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, convocara al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para desbloquear la situación.

Llop ha insistido en que la renovación del CGPJ, que lleva cuatro años bloqueada por la falta de acuerdo entre PSOE y PP, "corresponde al poder legislativo", si bien es el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien está liderando la negociación por parte de los socialistas. De este manera, la titular de Justicia ha recalcado la independencia del sistema de elección de los vocales del Poder Judicial, un procedimiento en el que, a su juicio, "el Ministerio de Justicia no es que tenga poco papel, es que no tiene que tener ninguno". "Yo no pertenezco a ningún partido político", ha añadido la ministra, que ha subrayado la necesidad de "hacer pedagogía" y "evitar confusiones".

Asimismo, ante las presiones de la Unión Europea y del PP para modificar el sistema de elección de los jueces, la titular de Justicia ha añadido que el "magnífico" modelo actual cuenta con el aval del Tribunal Constitucional y que ya son los propios jueces quienes eligen a los nombres de entre los cuales el Congreso y el Senado nombran finalmente a los veinte vocales del Poder Judicial. Por tanto, a juicio de la ministra, el problema no está en el modelo, sino en el hecho de que se haya "quebrado el principio de lealtad institucional". "Sin lealtad institucional no conseguiremos logran ninguna transformación", ha afirmado.

En la misma línea, Llop ha evitado valorar tanto la dimisión de Lesmes, que abandonó el pasado 12 de octubre la presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ como protesta contra la situación de bloqueo, como la consecuente bicefalia provocada al frente de ambos órganos, que han pasado a estar encabezadas por los magistrados Francisco Marín y Rafael Mozo respectivamente. La titular de Justicia ha argumentado que la salida de Lesmes es una "decisión personal" y que corresponde "exclusivamente" al Supremo y al CGPJ decidir sobre su sustitución.

Francisco Marín y Rafael Mozo, los sustitutos de Carlos Lesmes en el Supremo y en el CGPJ

Además de reconocer el daño que los cuatro años de bloqueo del CGPJ han provocado en la "imagen institucional" del sistema judicial, Llop ha recordado que los ciudadanos perciben la Justicia como "lenta y con carencias de funcionamiento" y que incluso "hay quien tiene la percepción de que nuestra Justicia se encuentra entre las peores de la UE". Por ello, ha reivindicado el "sentido de Estado" para abordar el "grave" problema de eficiencia y eficacia del que adolece el actual sistema de administración de justicia, cuyo modelo, según la ministra, está "agotado" y "no se parece en nada a la España en la que vivimos".

"Huir de la polémica" en torno a la ley trans

Respecto a las grietas que la demora en la tramitación parlamentaria de la ley trans ha reabierto en el seno del Gobierno de coalición, la titular de Justicia ha querido sosegar el debate y ha pedido "huir de las polémicas". "Se trata de reconocer derechos de las personas y de hacerlo con seguridad jurídica y, sobre todo, teniendo en cuenta la perspectiva de infancia", ha expresado. 

"La legislatura no va a terminar en una semana", ha añadido para quitar hierro al hecho de que el Congreso haya retrasado la tramitación ampliando "soberanamente", gracias a los apoyos de PSOE y PP, el plazo de presentación de enmiendas, una decisión recibida con muchos recelos por Unidas Podemos, que se opone y que considera que los socialistas están retrasando la norma con la intención de bloquear su tramitación.

La ministra también se ha referido a una posible reforma del delito de sedición, que ERC exige para dar el visto bueno a los Presupuestos, para "homologar" las penas previstas a las de los ordenamientos jurídicos del resto de Europa, ya que, a su juicio, las penas actuales son "desproporcionadas". Pese a afirmar que dicho delito "necesita revisión", ha negado que haya ningún tipo de oportunismo para favorecer el apoyo de ERC a las Cuentas. "Los Presupuestos van por su lado y la reforma de la sedición por el suyo", ha aclarado.