Nuevo retraso en la tramitación de la ley trans que amenaza con reabrir una batalla campal en el seno del Gobierno que parecía cerrada. Este martes, la Mesa del Congreso amplió por quinta vez el plazo para presentar enmiendas a este proyecto de ley, lo que supone aplazar una semana más -como mínimo- su tramitación. La decisión se tomó gracias a la mayoría que sumaron PSOE y PP en el órgano y fue recibida con muchos recelos por Unidas Podemos, que se opuso y que considera que los socialistas están retrasando la norma con la intención de bloquear su tramitación y reabrir, incluso, el debate sobre la autodeterminación de género.

La decisión fue defendida apenas unas horas después de que fuera adoptada por parte de la secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso, Isaura Leal, que justificó la necesidad de extender el plazo para presentar enmiendas a la ley trans asegurando que una norma con "una envergadura importante" y que "aborda el reconocimiento de nuevos derechos" necesita "un poco más de tiempo a la hora de posibilitar no solo la presentación de enmiendas por parte del PSOE, sino también por parte del resto de grupos". 

Fuentes de la Moncloa, por su parte, se desvinculan de la decisión del PSOE en el Congreso y se limitan a afirmar que "es el tiempo de los grupos parlamentarios", pese a que Gobierno y grupo suelen ir de la mano en sus acciones.

Con la de este martes, ya son cinco las veces que se ha ampliado el plazo de enmiendas para este proyecto de ley desde que entró al Congreso en septiembre, aunque tan solo dos ampliaciones han tenido lugar desde que el texto superó el debate de totalidad del 6 de octubre, mediante el que varios grupos intentaron derribar el proyecto antes de que empezara siquiera a discutirse. No obstante, este martes sí se dio luz verde a seguir tramitando otras leyes que llegaron al Congreso a la vez que la ley trans, como la reforma de la ley del aborto.

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La decisión adoptada por la Mesa, con los votos de PSOE y PP, ha sentado muy mal en Unidas Podemos, y fuentes moradas abundan en lo que ya planteó abiertamente el martes la coportavoz de Podemos, Alejandra Jacinto: en el partido hay "preocupación" ante la posibilidad de que el PSOE pueda estar maniobrando para "forzar" un retraso en la tramitación de esta norma y para reabrir el debate sobre la autodeterminación de género. "Hay una mayoría de la ciudadanía que entiende que los derechos de las personas trans son derechos humanos, y este es un debate que no está abierto en la ciudadanía, por mucho que algunos lo intenten abrir" en el Congreso, deslizó este martes el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique.

En la misma línea se expresó posteriormente la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, que aseguró que Unidas Podemos no entiende "a qué vienen las dudas" del PSOE en torno a la puesta en marcha de un proyecto de ley trans "que se cocinó durante dos años". Rodríguez, además, afeó al PSOE que el debate sobre la autodeterminación de género "ha causado muchísimo sufrimiento a las personas trans y a sus familias", y pidió "cerrar el texto cuanto antes" y no "reabrir" el asunto. "Lo único que sabemos es que dicen que tienen que trabajar la ley, pero desconocemos en qué, porque esta ley se discutió durante casi dos años en el seno del Gobierno con mucha intensidad", espetó.

No obstante, Isaura Leal negó este martes que la intención del PSOE sea retrasar la tramitación de la ley trans, aunque evitó responder a la pregunta de si el PSOE va a intentar enmendar la ley para modificar el concepto de autodeterminación de género. Y es que precisamente este asunto es la pieza clave de la norma y fue el que el año pasado retrasó la aprobación de la ley trans en el Consejo de Ministros, ya que suscita profundas diferencias entre PSOE y Unidas Podemos y en el movimiento feminista en general.

La autodeterminación de género

Los morados y, por extensión, el Ministerio de Igualdad, apuestan por que la ley permita el reconocimiento legal de la identidad de género de una persona solo con su declaración, aunque también cumpliendo ciertos requisitos para evitar un uso fraudulento de la norma. Finalmente, y tras una pugna que duró meses, esa fue la postura que se impuso después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hiciera decantarse la balanza del lado defendido por la ministra de Igualdad, Irene Montero.

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No obstante, una parte del PSOE rechazaba entonces y aún sigue teniendo muchas dudas en torno a esta posibilidad, y su apuesta es que las personas trans deban aportar ciertas pruebas de que lo son de manera estable para cambiar legalmente su identidad de género. La gran defensora de esta posición durante su etapa en el Gobierno fue la exvicepresidenta Carmen Calvo, que mantuvo durante meses una dura pugna con Irene Montero a tenor de esta cuestión y que defiende que elegir "el género sin más que la mera voluntad o el deseo" pone "en riesgo los criterios de identidad del resto de españoles".

En el PSOE, no obstante, también hay voces más próximas a las tesis que defiende Unidas Podemos sobre la cuestión trans. Y, de hecho, la decisión de los socialistas de volver a ampliar el plazo de enmiendas del proyecto de ley provocó que la histórica militante socialista Carla Antonelli, que es trans y que ha defendido durante décadas los derechos de este colectivo, anunciara este martes su baja del PSOE. 

Según Antonelli, la decisión adoptada por su partido es una "nueva maniobra" que oculta "el amago de más recortes en la ley" y la intención de la formación socialista de llevar su tramitación "al próximo año, ya inmersos en las elecciones autonómicas y municipales, lo cual será otra de las posibles argumentaciones para nuevos retrasos" en la aprobación de la norma.

El PP, por su parte, aprovechó las tensiones dentro del Gobierno y también dentro del propio PSOE para cargar contra los socialistas. "Nosotros hemos dicho desde le principio que este proyecto de ley no debía tramitarse por procedimiento de urgencia y somos consecuentes con ello, lo que no entendemos es que el PSOE, que decía que era tan urgente, ahora diga que no", espetó a este respecto la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, que señaló que los populares quieren "que haya un debate en profundidad sobre una ley que puede generar un daño irreparable para niños, niñas y adolescentes, no solo desde el punto de vista de la salud sino también desde el punto de vista de la seguridad jurídica".