El Congreso de los Diputados acogió el pasado jueves una comparecencia en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía como objetivo anunciar nuevas medidas para paliar la subida de los precios de la energía. Detalló el socialista una nueva batería de medidas que supondrían una inversión de más de 3.000 millones de euros, pero no solo. El debate también fue un primer envite entre los grupos de cara a la tramitación de los Presupuestos de 2023, que dentro de dos semanas afrontan una votación clave -la de las enmiendas a la totalidad- en la que volverán a ser clave los socios parlamentarios del Gobierno -véase ERC, PNV o EH Bildu-, a los que el dirigente quiso cuidar pese a la dureza que todos ellos emprendieron contra el Ejecutivo.

El más duro fue el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que recuperó su versión más exigente con el Gobierno y cargó contra el incremento del gasto en Defensa incluido en el proyecto de cuentas públicas presentado la semana pasada. "No sabemos si serán los Presupuestos más sociales de la historia de la humanidad, eso lo seguirán diciendo por tercer año consecutivo. Lo que sí sabemos es que serán los Presupuestos más militaristas de la historia", ironizó Rufián, que llegó a espetar a Sánchez que "con lo social nunca cumplen, pero con lo militar siempre cumplen".

No obstante, poco soliviantó al presidente. Sánchez dedicó diez minutos -al PP le contestó durante 20- de su réplica a tratar de convencer a Esquerra de las bondades que traerán consigo las últimas cuentas de la legislatura. En 2023, si se aprueban, Cataluña recibirá una inversión "récord" de más de 2.500 millones de euros, un 23,7% que en 2022. "Y está justificado, porque tenemos que reforzar las políticas de bienestar de la Generalitat", lanzó el presidente desde la tribuna. No se quedó ahí Sánchez, sino que dio una batería de cifras para demostrar su compromiso con la autonomía catalana. Así, detalló que en sus cinco años gobernando, Cataluña habrá recibido un 42,4% más de recursos económicos "que en los últimos cinco años del Partido Popular". 

En este sentido, también presumió de las ejecuciones de las obras del Gobierno en la autonomía: 11,7 millones de euros más de ejecución mensual que con Mariano Rajoy; una inversión de 14,4 millones más al mes en 2022... "Puede decirme que es insuficiente, pero no que no mostramos voluntad y compromiso", añadió Sánchez. Todo con el objetivo de "contrarrestar", dijo, esa sensación "que están intentando imponer [en referencia a ERC] de que el Gobierno de España no está empeñado en cumplir con sus compromisos".

Con todo, a nadie se le escapa que el tono de ERC tiene más de escenificación que de realidad porque sus críticas se producen en un momento en el que los republicanos necesitan destacar su perfil propio y reforzar su discurso más soberanista para evitar acercarse al PSC a siete meses de las elecciones municipales y, así, taponar eventuales fugas hacia un Junts que acaba de salir del Govern catalán y que ahora tiene manos libres para ondear la bandera del independentismo más contundente. 

Es por ello por lo que en el seno del Gobierno central hay tranquilidad, porque además ya se han dado pasos para tratar de asegurarse el apoyo de los republicanos, como lo relativo a la ley de vivienda. Los socialistas se negaron a volver a incluirla en el pacto presupuestario con Unidas Podemos de este año. En 2021, ambos socios pactaron un texto que se quedó paralizado una vez entró al Congreso de los Diputados, ya que los morados incluyeron enmiendas pese a ser ese su texto. Esto molestó en las filas socialistas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llegó a sacarles incluso de la negociación en unas declaraciones en las que sí se abrió a debatirla con ERC, algo que ya ha ocurrido con diferentes reuniones.

La partida de la negociación con ERC también se jugará en la mesa de diálogo, donde ya se han dado avances. El viernes, el president Pere Aragonès desveló que pactó con el Gobierno de Sánchez que no se recurriese ante el Tribunal Constitucional la ley sobre el catalán en las escuelas aprobada el pasado mes de julio. 

Nada nuevo en el horizonte, pues ya Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, confirmó en julio el espaldarazo del Ejecutivo central a esa norma que sortea la obligación de que en los colegios se dé un 25% obligatorio de las materias en castellano. Se hizo acordando en la mesa de diálogo con la Generalitat que en Cataluña se dará "autonomía" a los centros educativos para "reforzar la lengua que consideren".

Los aliados vascos, menos duros que ERC

El mismo tono que con ERC lo utilizó el presidente con el PNV y con EH Bildu, que, eso sí, no fueron tan críticos con el presidente. EH Bildu, que ha salvado varios textos claves durante esta legislatura pese a que las negociaciones con ellos no sean tan fluidas, está cómodo con las medidas que desde julio ha ido avanzando el presidente. Desde el impuesto a las grandes fortunas a las medidas anunciadas el pasado jueves y que permitirá reducir "a más de la mitad" la factura de 1,7 millones de hogares. "Compartimos que hay que reforzar el Estado del Bienestar", les recordó Sánchez a los abertzales.

Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, no quiso entrar en el debate sobre los Presupuestos, y de hecho afeó al presidente del Gobierno que realizara una comparecencia en el Congreso "con la tramitación presupuestaria lanzada". "Ni es el momento ni la prudencia durante unas negociaciones lo aconseja", espetó a la vez que denunció que la sesión únicamente responde a la "obsesión" de Sánchez "por relatar por enésima vez las benefactoras medidas que ha ido adoptando el Gobierno" y generó "un riesgo innecesario de choque dialéctico con aquellos con los que quiere pactar" las cuentas, como el propio PNV. Pese a las dudas, los vascos -a los que el PSE apoya en el País Vasco- tampoco han fallado en las votaciones importantes del Ejecutivo.