Espaldarazo del Gobierno a la ley catalana que sortea la obligación de que en los colegios se dé un 25% obligatorio de las materias en castellano. El Ejecutivo de Pedro Sánchez y la Generalitat han acordado "fortalecer el impulso de la lengua catalana en la educación" dando "autonomía" a los centros educativos para "reforzar la lengua que consideren". Es el principal acuerdo resultante de la tercera mesa de diálogo que han celebrado este miércoles ambas administraciones en una reunión en la que han fijado las bases para "desjudicializar" el conflicto y que ha tenido una duración de casi dos horas y media. 

"Damos autonomía al centro educativo para reforzar la lengua que considere", ha asegurado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha apuntado que esta es la "literalidad" de la ley que el Parlament aprobó como respuesta al requerimiento judicial de que se diera un 25% en castellano en las aulas, norma que fue apoyada por PSC, ERC, Junts y los comunes. "Se apuesta por reforzar la autonomía de los centros", ha añadido el ministro, señalando que en el acuerdo firmado se destaca que el catalán debe ser "la lengua vehicular" en la escuela y que el castellano tiene que estar presente, aunque los criterios para cada centro se basará "exclusivamente en criterios pedagógicos".

Bolaños, hombre fuerte de Pedro Sánchez en el Ejecutivo, ha sido quien ha encabezado la delegación del Gobierno, en la que también han estado presentes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; el ministro de Cultura, Miquel Iceta; y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Al otro lado de la mesa estaban la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, y el de Empresa, Roger Torrent, como miembros fijos de la mesa. También el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, y la de Cultura, Natalia Garriga. Todos ellos son de ERC porque JxCAT, como socio minoritario de la coalición catalana, ha declinado acudir.

El Parlament aprueba la ley sobre el catalán en la escuela que pretende sortear el 25% de castellano

En total, se han alcanzado dos acuerdos. El primero, que es en el que se ha incluido el punto sobre el catalán en las escuelas, también implica que el Gobierno central incluirá "una perspectiva lingüística en los diferentes proyectos normativos" que impulsen ambos gobiernos. Se involucrará así a las universidades y centros de investigación de Cataluña en el "diseño de políticas públicas". 

Asimismo, el Ejecutivo se compromete a "asegurar la presencia de Cataluña" en instituciones nacionales, comunitarias e internacionales como la Unesco. Por un lado, el Gobierno se ha comprometido a reformar el Reglamento del Senado para que los senadores puedan intervenir en catalán. Y, por otro, se solicitará al Parlamento Europea que se pueda utilizar el catalán en el pleno. Esto deberá realizarlo mediante una propuesta "técnica y financieramente viable" antes de fin de año.

Del mismo modo, el Gobierno "facilitará" que haya representantes del Govern en foros que traten "políticas con dimensiones lingüísticas". De la Generalitat o de cualquier otra administración autonómica con lengua cooficial que lo solicite, según ha puntualizado Bolaños.

Uno de ellos para potenciar el uso del catalán dentro y fuera de nuestro país. Así, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a reformar el reglamento del Senado para que los senadores puedan intervenir en catalán. Y también a solicitar al Parlamento Europeo que sea considerado lengua de uso para que se pueda utilizar también en la Eurocámara si ésta así lo acepta. Bolaños ha explicado que estas medidas son extensibles a otras lenguas cooficiales de nuestro país, como el euskera o el gallego, siempre que sus respectivos Gobiernos regionales así lo soliciten.

ERC renuncia de facto a la vía unilateral

Con todo, el pacto sobre el catalán no es lo único que han firmado este miércoles ambos Ejecutivos. Esta ha sido la tercera mesa de diálogo, pero ha sido la que supone "un paso adelante más", a juicio de Bolaños. Y es que en el trasfondo de los acuerdos está la renuncia implícita de ERC -ya que Junts no ha asistido- a la vía unilateral y a comenzar un nuevo procés. Es por ello por lo que desde Moncloa hacen especial hincapié en la "superación de la judicialización" del conflicto.

En el documento que trata sobre ese extremo, ambos firman la "apuesta la por soluciones políticas, siempre en el marco de la seguridad jurídica". Sin concretar más, también alcanzan un pacto "político e institucional con la seguridad jurídica, el ordenamiento y los principios democráticos" que se sellarán en diferentes proposiciones de ley que se devengan de reuniones futuras de la mesa de diálogo. 

A vueltas con la sedición

Según Bolaños, en la mesa no se ha hablado de "nada más" que lo expuesto en los acuerdos. Sin embargo, a su finalización, ERC ha vuelto a solicitar la reforma del delito de sedición, lo que abriría la puerta a que el expresident Carles Puigdemont pudiese volver a España sin ser encarcelado directamente. En la rueda de prensa posterior al encuentro que dio desde Blanquerna, sede de la Delegación del Govern en Madrid, Vilagrà aseguró que sí existe la mayoría parlamentaria suficiente -mayoría absoluta-.

No obstante, desde el Gobierno aseguran lo contrario. Bolaños ha vuelto a rechazar que vayan a intentar una reforma que tenían muy avanzada. La idea era rebajar las penas previstas, pasando de 15 a ocho años de prisión, un trabajo que el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya había comenzado a hacer. Sin embargo, en enero, Bolaños avanzó que había "otras prioridades".