España vive en una espiral de desigualdad entre generaciones. Mientras que los jóvenes todavía no se han recuperado del brutal hundimiento de sus salarios tras la gran recesión de 2008, el colectivo de los jubilados ha ido aumentando su poder adquisitivo. Los datos son llamativos. Mientras que los salarios reales (ajustados con la inflación) de los menores de 29 años eran en 2020 entre un 5 y un 12% más bajos que cuando estalló la burbuja, la pensión media de jubilación se ha revalorizado un 29% (también ajustada con la inflación).

A consecuencia de ello, la diferencia de poder adquisitivo entre los pensionistas y los jóvenes se ha ido reduciendo drásticamente en la última década. En 2008, el salario bruto de un joven entre 25 y 29 años era de 17.434 euros, un 53% más elevado que la pensión media de jubilación, que alcanzaba los 11.403 euros. Solo doce años más tarde esta brecha se había reducido hasta el 13%. El caso de los menores de 24 años es incluso más llamativo: este colectivo ha pasado de cobrar un sueldo un 17% superior al de la jubilación promedio, a estar un 20% por debajo.

El hecho de que la diferencia entre ambos colectivos se haya estrechado tanto en los últimos años tiene mucho que ver con cómo afrontaron la crisis de 2008. Mientras que la gran recesión disparó las tasas de paro juvenil y hundió los salarios, los gobiernos evitaron recortar las pensiones, que fueron el salvavidas de muchos hogares durante lo peor de la crisis. Aun así, estas prestaciones estuvieron congeladas varios años y apenas crecieron un 0,25% anual entre 2013 y 2018. 

El motivo principal que ha impulsado el poder adquisitivo de los jubilados es la entrada en el sistema de pensionistas de personas -especialmente mujeres- que han tenido carreras laborales más largas, estables y mejor remuneradas que las de sus predecesores. Una tendencia que irá al alza en los próximos años a medida que la generación del baby boom se vaya jubilando.

El empobrecimiento de los jóvenes y las jubilaciones masivas previstas para los próximos años son los dos reversos de una misma moneda. Por un lado, los salarios bajos desincentivan la natalidad y aportan menos a la hucha de las cotizaciones, que son la base del sistema de pensiones. Esto obliga al Estado a tirar de otros ingresos para poder hacer frente a los costes. Unos fondos que se dejan de invertir en otras partidas como sanidad o educación.

Las perspectivas de futuro a medio plazo y largo plazo no son buenas. Actualmente, hay 2,2 trabajadores cotizando por cada pensionista, pero la Airef estima que esta proporción podría reducirse a 1,87 en 2050. En consecuencia, el gasto en pensiones se dispararía del 10,9% del PIB actual al 14,2% en 2050. 

Ante este panorama, España se ha comprometido con la Comisión Europea a idear un mecanismo para garantizar que el sistema es sostenible en el futuro. De ello depende el desembolso de miles de millones de euros de dinero europeo procedente de los fondos de recuperación. El Ejecutivo ha propuesto una pequeña subida del 0,6% en las cotizaciones sociales en los próximos diez años para llenar la hucha, una alternativa que no convence en Bruselas, aunque todavía la Comisión no se ha pronunciado oficialmente. 

Además, la decisión del Ejecutivo de revalorizar las pensiones con el IPC arroja aún más incertidumbre. El Gobierno se ha comprometido a que los pensionistas no pierdan ni un ápice de poder adquisitivo, pero a la vez pide contención en las subidas salariales a los trabajadores y propone alzas en los sueldos de los funcionarios por debajo de la inflación.

Un sistema muy heterogéneo

El problema del poder adquisitivo de los pensionistas es complejo. Se trata de un colectivo formado por casi 11 millones de personas, de las que buena parte (7,9 millones son jubilados) tienen poco margen para conseguir ingresos más allá de los que le garantiza el Estado. Muchos llevan varios años fuera del mercado laboral y no están en disposición de trabajar, aunque también es cierto que es frecuente que tengan menos gastos que la población en edad laboral (suelen tener vivienda en propiedad, gozan de tarifas reducidas y a menudo no tienen hijos que mantener).

Sin embargo, la imagen general es la de un colectivo en el que predominan las rentas bajas. Más de la mitad de los jubilados tienen una pensión por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI). En la mitad restante, predominan los jubilados mileuristas, aunque una parte nada desdeñable (casi medio millón) se aproximan a la pensión máxima (2.707 euros al mes en 14 pagas en 2021). Además, hay 1,3 millones de jubilados que reciben una pensión superior al salario medio en España.