El bloqueo político en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva siendo insostenible desde el mismo día en que entró en funciones, hace casi cuatro años, pero es ahora cuando ha entrado en una fase realmente crítica. Tal es la situación, en la que ni el Gobierno ni el PP parecen dispuestos a ceder en sus posiciones, que la Comisión Europea ha decidido tomar cartas en el asunto y esta semana su responsable de Justicia visitará España para tratar de mediar. Mientras, el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, empezará a preparar su relevo tras su decisión de dimitir si el bloqueo persiste.

El CGPJ se debía haber renovado en diciembre de 2018, tal y como manda la ley orgánica que regula su funcionamiento. Han sido varios los intentos por sustituir a los veinte vocales -aparte de su presidente-, para lo cual se necesitan al menos dos tercios de Congreso y Senado. Esto implica el acuerdo entre los dos grupos mayoritarios del Parlamento, es decir, PSOE y PP, pero las exigencias de los populares para cambiar la normativa de elección con el objetivo de lo que ellos llaman "despolitización de la justicia" no han sido atendidas por los socialistas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, por su parte, acusa al partido de Alberto Núñez Feijóo de situarse fuera de la ley.

¿Por qué Lesmes prepara su dimisión?¿Puede forzar el desbloqueo del CGPJ?¿Se renovará el Constitucional?

La realidad es que, casi cuatro años después, el CGPJ mantiene una mayoría salida de unas Cortes en las que el PP tenía mayoría absoluta, la que consiguió Mariano Rajoy en 2011. La composición del Parlamento es radicalmente distinta y a eso es a lo que apela el Gobierno cuando defiende que el órgano de gobierno del Poder Judicial emana de la soberanía popular y, por tanto, debe ser reflejo de las sensibilidades que ahora, y sobre todo desde las elecciones de 2019, predominan en Congreso y Senado.

En estos años, han sido numerosos los pronunciamientos de las instituciones europeas instando a PSOE y PP a sentarse a dialogar para renovar el CGPJ, pero también insisten en que España debería explorar otras formas de elección de los vocales del órgano para que haya una mayor participación de las asociaciones de jueces, más allá de proponer una lista de candidatos a los partidos. Así que socialistas y populares se agarran a una u otra excusa para no ceder en sus pretensiones y no alcanzar ningún acuerdo para renovar el Consejo.

Por si no fuese difícil todo este proceso, como se ha constatado en los últimos cuatro años, decisiones como la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de ascender a la máxima categoría de la Carrera Fiscal a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, quien a su vez fue ministra de Justicia del primer Gobierno de Sánchez, han sido duramente criticadas desde el PP, pues no encajan en esa "despolitización" que defienden a capa y espada y que ponen como condición para negociar.

La UE se ve obligada a mediar

La situación es tan insostenible y es tal la falta de diálogo entre Gobierno y PP que esta semana el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, va a visitar España para reunirse con las dos partes y tratar de "acercar" posiciones. Será los próximos 29 y 30 de septiembre cuando el comisario se verá con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, pero también con el PP, con asociaciones de jueces y con el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.

"Podemos también implicarnos en el diálogo, no solamente pedir que haya un diálogo (entre las fuerzas políticas), sino tratar de acercarles. Ya lo hemos hecho e intentaré hacerlo en esta visita", explicó Reynders la semana pasada desde Bruselas.

Esta va a ser la semana del Poder Judicial, y no solo por la visita del comisario. El otro protagonista de esta historia será Carlos Lesmes, quien ya está preparando su eventual renuncia. El aviso lo hizo a principios de septiembre y muchos no se lo creyeron -"no tendría sentido, es el capitán del barco", llegó a decir Feijóo-, pero lo cierto es que ha encargado un informe jurídico con el mecanismo para su sustitución al frente del CGPJ y del Tribunal Supremo. Y esto lo explicará él personalmente a los órganos que preside, al Supremo el lunes y al CGPJ el jueves.

La fecha de la dimisión no está clara, más que nada porque Lesmes no dio ninguna, aunque sí habló de días, por lo que todo podría acelerarse la semana que viene. Su amenaza se vio como una fórmula para intentar presionar a Gobierno y PP, pero de momento las partes no parecen darse por aludidas. Y aunque la salida del presidente del CGPJ no implicaría descabezar en la práctica este órgano -le sustituiría el presidente de la Sala Primera del Supremo-, sí lo dejaría en un estado de debilidad mayor si cabe de lo que está ya.

El CGPJ no solo hace nombramientos de magistrados en altos cargos de órganos judiciales, sino que también se encarga de conceder bajas laborales a los jueces, de la inspección de juzgados y tribunales o de la formación y selección de jueces. Un órgano que pierde a su presidente electo y tiene sus funciones muy mermadas puede perder parte de su legitimidad.

Brecha en el sector conservador

El paso dado por Lesmes parece ya sin marcha atrás y no ha sentado nada bien a parte del sector conservador del CGPJ, al que pertenece el presidente. De poner en duda la dimisión y calificar la advertencia de Lesmes de "ciencia ficción" han pasado a no dar crédito con el informe técnico que el magistrado ha solicitado y a avisar de que esta decisión "no ayuda" en los problemas por los que pasa la institución.

El ambiente, por tanto, va a llegar muy caldeado al Pleno que va a celebrar el CGPJ este jueves y en el que se tratará la obligada renovación de dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que el órgano ha de hacer, otro frente más para la institución. Renovación que, a su vez, también está bloqueada. Aunque el Consejo está incapacitado para hacer nombramientos discrecionales por una reforma legal impulsada por PSOE y Unidas Podemos, otra contrarreforma posterior del Gobierno le habilitó a sólo poder designar a candidatos al tribunal de garantías con el objetivo de buscar en este órgano una mayoría progresista. 

Pero lo cierto es que esto no ha resuelto nada: el sector conservador del CGPJ está dilatando los nombramientos, asegurando que no encuentra candidatos al TC; el sector progresista, por contra, sí ha presentado nueve propuestas. El Gobierno está esperando, mientras tanto, para poder nombrar los dos magistrados que le corresponden, pues la renovación del Constitucional, formado por 12 miembros, se debe realizar por tercios y, por tanto, Ejecutivo y CGPJ tienen que ir a la par.

El Gobierno quiere dar tiempo al órgano de gobierno de los jueces porque sabe que hay muchas dudas jurídicas de que sea legal nombrar a los dos magistrados sin el CGPJ. Y aunque dio de plazo hasta el 13 de septiembre y ya han pasado casi dos semanas, continúa a la espera. Pero en los últimos días, la ministra de Justicia ha ido elevando el tono: "Supongo que los sueldos también se nos suspenden cuando, por problemas de agenda, no podemos cumplir la ley y nuestros cometidos constitucionales", llegó a decir Pilar Llop.

El propio Lesmes también parece querer dejar renovado el Constitucional y cumplir con la ley antes de dejar definitivamente el puesto al frente del CGPJ. Así que si del Pleno del jueves no salen ya las propuestas, se está planteando convocar una nueva reunión la siguiente semana, el 3 de octubre, trasladando aún más presión a los vocales conservadores que no terminan de dar el paso. Pero más allá, no parece haber plan B, ni C, ni D. El Poder Judical se encamina a la incertidumbre total.