La parálisis en leyes como vivienda o familias mantiene los Presupuestos encallados pese a la cesión de Sánchez en el impuesto a los ricos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El presidente Pedro Sánchez junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
EUROPA PRESS

Al Gobierno le queda apenas una semana para que termine el plazo constitucional para presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado en el Congreso y las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos no tienen visos de llegar a buen puerto a tiempo. Los socialistas han tratado de darles un impulso asumiendo una propuesta morada como la del impuesto a las grandes fortunas, que rechazaron en sede parlamentaria hace apenas unos meses. Pero exigencias clave de Unidas Podemos para pactar las cuentas públicas, como la derogación de la ley mordaza o la aprobación de la ley de vivienda, siguen paralizadas y están dificultando que se cierren las conversaciones.

El anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que el Gobierno aprobará para 2023 un nuevo impuesto para las grandes fortunas pilló con el pie cambiado a Unidas Podemos, que se ha mostrado cauto a la espera de conocer el diseño que plantea el Ministerio. El PSOE, no obstante, intenta apuntarse un tanto doble con este movimiento: se lanza a dar la batalla fiscal a un PP que ha tomado impulso a la hora de bajar impuestos a las rentas más altas y, además, busca contentar a los morados asumiendo como propia una propuesta que hasta ahora siempre había rechazado.

Fuentes de Unidas Podemos consideran positivo el paso adelante que han dado los socialistas. Pero, al mismo tiempo, tanto en público como en privado la palabra que más utilizan los dirigentes morados para definir la sensación que les genera el actual estado de las negociaciones es "preocupación". Una intranquilidad que, dicen, tiene que ver con el hecho de que el proyecto de Presupuestos se esté retrasando más de lo inicialmente previsto porque -denuncian- el PSOE se niega a asumir ninguna de sus propuestas principales.

Este tira y afloja no es nuevo: en todos los Presupuestos que han negociado los dos socios de coalición desde el inicio de la legislatura, PSOE y Unidas Podemos han sufrido momentos en los que la negociación parecía bloqueada y, finalmente, han terminado llegando a un acuerdo. Nadie contempla otro escenario que no sea el de que haya pacto, aunque lo que parece muy complicado es que sea antes del 1 de octubre, como marca la Constitución, un plazo que el año pasado ya se incumplió. Y la incógnita es si ese acuerdo llegará a raíz de que los socialistas se avengan a desbloquear algunas de las leyes paralizadas.

En este sentido, hay una ley que destaca sobre el resto: la de vivienda. La puesta en marcha de la norma en unos meses fue una condición que sirvió para aprobar los Presupuestos de 2021, para las cuentas de 2022 Unidas Podemos exigió impulsar la norma tras meses de retrasos y, para los Presupuestos de 2023, la demanda de los morados es que se termine de tramitar de una vez el texto en el Congreso. Aunque eso sí: tanto Unidas Podemos como ERC o EH Bildu, imprescindibles para que la norma sea aprobada, insisten en un mecanismo de regulación de los alquileres más ambicioso y en endurecer las medidas contra los desahucios de familias vulnerables. 

Tras la durísima negociación -que se extendió durante todo un año- entre PSOE y Unidas Podemos para cerrar el proyecto de ley, los socialistas son muy reacios a aceptar cualquier cambio porque, a su juicio, supone reabrir las conversaciones. Pero los morados insisten en que el problema no es solo que ellos quieran ir más allá de lo pactado en el seno del Gobierno para la ley de vivienda, sino que ERC o EH Bildu no darán luz verde a la norma en el Congreso si no incluye un endurecimiento de la regulación del mercado de arrendamiento.

La ley de familias, en 'stand-by'

Así las cosas, las fuentes consultadas afirman que la negociación de la ley de vivienda está prácticamente paralizada, a pesar de que el compromiso alcanzado por el Ejecutivo con la UE era tenerla en marcha antes de este octubre. Y algo similar ocurre con la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, comúnmente conocida como ley mordaza, aunque en ese caso quienes exigen los cambios son fundamentalmente ERC y EH Bildu y no tanto un Unidas Podemos, que ya pactó con el PSOE un amplio paquete de enmiendas conjuntas hace meses.

La falta de avance en la negociación de Presupuestos también tiene que ver, según fuentes moradas, con la falta de interés del PSOE en impulsar la tramitación del proyecto de ley de familias, que está desde hace meses listo para ser aprobado en Consejo de Ministros y pasar al Congreso. El borrador de ese texto ha sido elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra, y en él Unidas Podemos ha planteado propuestas como la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a seis meses o la extensión a las madres desempleadas la ayuda de 100 euros al mes por hijo menor de tres años.

Ambas medidas no han sido bien recibidas por el ala del Gobierno del PSOE, que considera que no es el momento de ponerlas en marcha en un momento de crisis económica. De hecho, buena prueba de lo paralizada que se encuentra la ley de familias es que Belarra anunció el pasado mayo que había pactado con los socialistas comenzar a tramitarla este septiembre y, a una semana de que acabe el mes, no parece que ese plazo vaya a cumplirse.

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