Por si las diferencias en materia judicial o energética eran pocas, el PSOE y el PP se han introducido de lleno esta semana en una batalla antigua que ha ido ganando fuerza: la fiscal. El Gobierno ha respondido anunciando un nuevo impuesto para gravar el patrimonio de los que más tienen al órdago lanzado por el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, que aseguró el lunes que lo suprimiría, emulando a Esperanza Aguirre, que dio este paso en la Comunidad de Madrid en 2011. La guerra de la fiscalidad, pues, ha comenzado. Y lo ha hecho a pocos meses de las elecciones municipales y autonómicas, que darán paso a finales de 2023 a las generales.

"Estamos encantados con el debate y vamos a ir a ganarlo". La frase, dicha por un alto cargo del Gobierno, resume a la perfección el ánimo con el que Moncloa ha decidido afrontar esta pugna. Desde la sede de Presidencia del Gobierno están "tranquilos" y ya tienen definido el marco ideológico bajo el que pretenden contraponerse a los populares. La idea, pues, es sencilla: enarbolar el discurso de que los ricos deben pagar más en momentos de crisis frente al mensaje del PP, que desdeñan por afectar a un pequeño porcentaje de población. 

Así las cosas, el Ejecutivo ya se ha lanzado a contraponer los dos modelos que, a su juicio, hay en la actualidad: el del Gobierno, que "fortalece lo público" frente a "otros" que "eliminan impuestos a los privilegiados". Bajo este contexto se ha de leer el anuncio realizado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de su intención de imponer un impuesto a las grandes fortunas. 

Tras negarle su implantación a Unidas Podemos -el PSOE llegó a votar en contra de una proposición en este sentido en el Congreso-, el miércoles abrió la puerta con un "estudia" y, el jueves, lo dio por hecho: "Igual que ha ocurrido con el impuesto a las energéticas y el impuesto a la banca, trabajaremos en una fórmula temporal" del gravamen a las grandes fortunas "y posteriormente las circunstancias dirán si es necesario o no prorrogarlo".

Sin más detalle, la titular de Hacienda y número dos del PSOE sí quiso dejar claro que están "hablando de personas millonarias" que no superan el 1% de la ciudadanía del país, empujando al PP a posicionarse. Este matiz es importante, ya que dentro de su relato, el Gobierno prevé insistir en que ese "infierno fiscal" que Moreno y también la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anuncian que se convertirá España solo afectará a una pequeña parte de la población: la más pudiente.

Montero anuncia un impuesto temporal a las grandes fortunas a partir de 2023

Otro de los datos que desde Moncloa y desde el PSOE han lanzado esta semana y que explica el marco discursivo del Ejecutivo es el 0,2%, que es el porcentaje que se verá beneficiado de la eliminación del Impuesto al Patrimonio andaluz. Como contraposición, destacan, la autonomía dejará de ingresar más de 100 millones de euros al año, "que se podrían dedicar a la Sanidad o a la Educación". En este argumento basó su interpelación en la rueda de prensa del martes la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, que comenzó a lanzar preguntas al aire mirando fijamente a cámara. “A quien nos escuche, ¿es usted beneficiario de este regalo fiscal? La inmensa mayoría, no. ¿Cree que esto le beneficia? No. ¿Cree que le afecta? Claro que le afecta, nosotros hacemos bajadas de impuestos de los que se benefician el 99% de los españoles y el PP, para una minoría que con más de un millón de euros”, señaló.

"Con una mano recortan impuestos al 0,2% de la población -en referencia al número de beneficiarios de la eliminación del tributo en Andalucía- y con la otra piden recursos al Estado", dijo ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa. Desde Nueva York argumentó también que esta legislatura, protagonizada por la pandemia de coronavirus, el volcán de La Palma y la guerra, ha "demostrado cuán importante es la inversión pública para la Educación, la Sanidad o para luchar contra la emergencia climática". "Esto cuesta dinero", ha reflexionado en referencia a los sanitarios, a los médicos, "y todos tenemos el deber de contribuir".

Un guiño para los Presupuestos

Con todo, el anuncio de Hacienda sobre el impuesto a grandes fortunas también tiene otra lectura, pues supone un gesto que puede acercar la aprobación de los Presupuestos de 2023 al gustar a sus socios de coalición y a los parlamentarios. Eso sí, en Unidas Podemos el anuncio de la ministra Montero ha sido recibido con satisfacción, pero también con cautela. Fuentes de la formación morada consideran que el hecho de que el PSOE haya aceptado poner en marcha un impuesto a las grandes fortunas -después de negarse repetidamente desde junio- es un "gesto positivo" de cara a encarrilar los Presupuestos Generales del Estado, pero apuntan que lo importante es conocer cómo se concreta la idea, algo que ocurrirá cuando Hacienda ofrezca los detalles del gravamen que proponga.

Y es que en la cúpula de Unidas Podemos se ha extendido una cierta preocupación por la marcha de las negociaciones con el PSOE para presentar el proyecto de cuentas para 2023 en el Congreso. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, exigió públicamente la semana pasada al PSOE "pisar el acelerador" en estas conversaciones, y en privado varios dirigentes morados se quejan de que los socialistas no están cediendo en cuestiones importantes para ellos, como la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad, la ampliación de la ayuda de 100 euros por hijo a las madres en paro o la aprobación de la ley de vivienda y de la nueva ley de seguridad ciudadana que sustituirá a la ley mordaza.