La fecha límite para presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 se acerca y, según Unidas Podemos, las negociaciones con el PSOE se encuentran atascadas. Por ello, los morados han decidido pasar a la ofensiva: la semana pasada exigieron "valentía" públicamente a los socialistas, y se han lanzado a presionar a su socio de Gobierno en temas sensibles para la coalición, como la sanidad, el gasto militar o la largamente retrasada ley de vivienda, que sigue empantanada en el Congreso sin señales de que vaya a desbloquearse en el corto plazo.
La Constitución establece que el Ejecutivo debe presentar el borrador de las cuentas para el año que viene, como tarde, el próximo 30 de septiembre, aunque en los últimos años la irrupción del multipartidismo ha flexibilizado una obligación que antes se cumplía a rajatabla. El año pasado, sin ir más lejos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llevó al Congreso los Presupuestos el 13 de octubre, tras una complicada negociación con Unidas Podemos que dilató algo más de lo esperado la elaboración del proyecto. Y este año nada apunta a que las conversaciones vayan a ser más sencillas.
El pasado viernes, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, aseguró sentir "preocupación" por el hecho de que las negociaciones se encuentren aún "muy atascadas" habiéndose sobrepasado el ecuador de septiembre. Y este lunes, los morados quisieron elevar la presión al PSOE en relación a una de las leyes estrella de la legislatura en materia sanitaria: la conocida como ley Darias, que para Unidas Podemos no es suficientemente explícita a la hora de prohibir la privatización de servicios sanitarios públicos salvo en casos muy excepcionales.
El texto pasará su segundo examen parlamentario en el Congreso el jueves, y los morados amenazaron este lunes con dejar caer el texto -como pretenden grupos como Vox, Junts, PDeCAT o Cs- si los socialistas no se sientan a negociar y se comprometen a modificar la ley para que garantice el veto a las privatizaciones sanitarias. Esa amenaza tiene que ver con un convencimiento ideológico real, porque es cierto que Podemos quiere llegar más lejos a la hora de blindar la sanidad pública de posibles externalizaciones. Pero también supone una forma de elevar la presión al PSOE en plena negociación presupuestaria y de contar con una nueva carta con la que condicionar estas conversaciones.
Por el momento, y pese al poquísimo margen que hay para negociar una enmienda que actualice la ley Darias -el plazo para presentarlas termina el miércoles-, los socialistas se han limitado a resaltar su "capacidad de negociación y acuerdo en temas fundamentales para la ciudadanía de esta país". El PSOE, por el contrario, sí ha sido más tajante en asuntos como el incremento del gasto militar, pactado por el presidente Pedro Sánchez con la OTAN para que en 2029 España invierta el equivalente al 2% de su PIB en defensa. Unidas Podemos se ha opuesto taxativamente a este aumento, pero la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró este lunes que los socialistas no van a abrir ese debate.
El compromiso de aumentar el gasto militar lo ha asumido el presidente Sánchez en persona y "se va a cumplir", afirmó Robles. Y en privado, algunos dirigentes de Unidas Podemos asumen que hay vías para que el PSOE ponga en marcha este incremento de la inversión en defensa incluso sin su beneplácito y sin hacerlo a través de los Presupuestos Generales del Estado, si bien otros hacen hincapié en que reforzar esta partida en las cuentas del año que viene alejaría el necesario apoyo de ERC o EH Bildu a las mismas. En cualquier caso, la posición oficial sigue siendo la misma, y este lunes el coportavoz morado Pablo Fernández afirmaba estar "en contra de cualquier partida en materia de defensa y militar".
La ley de vivienda
La tercera área en la que Unidas Podemos ha incrementado la presión al PSOE en los últimos días es la vivienda. Este lunes, quien tomó el testigo fue la líder morada en el Gobierno, Yolanda Díaz, que exigió a los socialistas que se desbloquee "con carácter de urgencia" la tramitación de la ley de vivienda, varada en el Congreso desde hace meses, porque "es fundamental para la calidad de vida de nuestro país". Y la semana pasada, Podemos insistió en pedir al PSOE que negocie sus enmiendas a la norma, que buscan un mecanismo de regulación de precios del alquiler más ambicioso o reforzar la protección contra el desahucio de familias vulnerables.
A la parte socialista del Gobierno no le ha hecho ninguna gracia que Unidas Podemos apremie públicamente a acelerar la negociación de la ley de vivienda porque considera que los morados no deberían intentar reabrir una negociación que costó un año cerrar, y que otorgó a la norma el frágil equilibrio sobre el que está construida. Pero, lejos de rebajar la presión, Unidas Podemos llevará este martes al Congreso una proposición no de ley con la tercera de sus principales reivindicaciones para la norma: la cesión de los pisos de la Sareb -el banco malo creado por la administración pública para absorber los activos tóxicos de los bancos- para ponerlos en régimen de alquiler social.
La iniciativa, al tratarse de una proposición no de ley, no tendrá ningún efecto jurídico incluso si la Cámara Baja la aprueba: únicamente servirá para presionar al Gobierno. Pero, con ella, Unidas Podemos forzará al PSOE a posicionarse públicamente sobre una de sus reivindicaciones y, de paso, podrá defender en la tribuna del Congreso su posición para exigir el desbloqueo de la ley de vivienda.
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