Existen pocas dudas ya de que el Gobierno incumplirá un nuevo plazo para la ley de vivienda, en este caso el acordado con la UE para que la norma esté ya en marcha. El compromiso con Bruselas era que el texto legal estuviera publicado en el BOE antes del 30 de septiembre, pero el proyecto sigue bloqueado en el Congreso sin que PSOE y Unidas Podemos hayan conseguido ponerse aún de acuerdo entre ellos sobre el contenido final de la norma. Los socialistas tampoco han alcanzado un pacto con socios como ERC o EH Bildu, claves para sacar adelante la ley y que exigen un mecanismo de regulación de los alquileres más ambicioso.
La negociación de la ley de vivienda ha sido peliaguda desde el principio, y buena prueba de ello es que PSOE y Unidas Podemos tardaron todo un año en acordar un texto conjunto, pese a que se habían fijado un plazo inicial de cuatro meses para redactarlo. Tras pasar por el Consejo de Ministros, el proyecto de ley llegó al Congreso en febrero y superó en marzo su primer escollo parlamentario. Pero desde ahí, parálisis: desde abril, cuando se cerró el plazo para presentar enmiendas, los grupos no han sido capaces de consensuar aún un documento conjunto y a menos de dos semanas del fin del plazo pactado con Bruselas, no se atisba una solución rápida a la negociación.
En el ala del Gobierno del PSOE existe malestar porque consideran que, más allá de que no se haya podido llegar aún a una posición conjunta con ERC y EH Bildu, el hecho de que Unidas Podemos haya presentado sus propias enmiendas al proyecto de ley también está contribuyendo a dificultar la negociación. Los socialistas consideran que los morados no deberían intentar reabrir una negociación que costó un año cerrar, y que otorgó a la norma el frágil equilibrio sobre el que está construida.
Especialmente difícil fue pactar la regulación de los alquileres, precisamente uno de los puntos en los que Podemos -y también ERC o EH Bildu- quiere profundizar. Por ello, el PSOE se muestra poco proclive a reabrir la negociación, aunque los morados se defienden y sostienen que no es inhabitual que los grupos que forman parte del Gobierno traten de enmendar en el Congreso los proyectos que salen del Consejo de Ministros. De hecho, las fuentes consultadas ponen como ejemplo el movimiento del propio PSOE hace unos días, cuando registró una enmienda en la Cámara Baja a la Ley de Bienestar Animal elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales que busca evitar que se aplique a los perros de caza.
La modificación que plantea Unidas Podemos en la ley de vivienda y que más complicada es de aceptar para el PSOE busca que todos los propietarios, tanto grandes como pequeños, estén obligados a rebajar el precio de sus alquileres -y no solo a congelarlo- cuando los pisos se encuentren en zonas declaradas como de mercado tensionado. Este cambio sería clave, ya que supone ampliar enormemente el alcance de la regulación de los arrendamientos, y en la negociación que tuvo lugar en el seno del Gobierno para diseñar la ley de vivienda el PSOE se resistió hasta el final a establecer esta medida: lo que finalmente se pactó es que esta rebaja solo sería obligatoria para los fondos y empresas cuyo negocio es el alquiler.
Las enmiendas de ERC
Unidas Podemos, no obstante, también aspira a que la ley recoja la prohibición de los desahucios de familias vulnerables sin una vivienda alternativa donde puedan alojarse, así como que "la totalidad de viviendas de la Sareb [el banco malo, de titularidad pública] han de ser incluidas en el parque público de vivienda en alquiler". Además, los morados exigen que la norma se apruebe lo antes posible y vinculan su puesta en marcha a un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado. Y advierten de que, sin hacer cambios, ERC y EH Bildu no ofrecerán a la ley de vivienda su apoyo, que es imprescindible para que salga adelante.
Y es que los republicanos también buscan ampliar algunas de las cláusulas de protección a los inquilinos que recoge el proyecto de ley. ERC quiere que la prórroga automática de los contratos de alquiler sea durante siete años cuando el casero sea una persona física -actualmente son cinco años- y de doce años cuando el arrendador sea una empresa -el periodo actual es de siete años-. Asimismo, ERC plantea eliminar el plazo de 18 meses que incluye la ley para que el mecanismo de regulación de los alquileres contenido en ella entre en vigor.
Los republicanos quieren también quieren endurecer este mecanismo que a PSOE y Unidas Podemos les costó meses pactar, robusteciendo el control de precios en zonas tensionadas en detrimento de los incentivos fiscales a los propietarios que pongan sus pisos en alquiler, una medida incluida por la presión del PSOE en la negociación con Unidas Podemos. ERC apuesta por que los caseros puedan deducirse como máximo un 80% de los ingresos que consigan por el arrendamiento, frente al 90% del proyecto de ley original.
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