El Gobierno consigue empezar a tramitar en el Congreso los impuestos a la banca y las energéticas pese al rechazo del PP

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
EFE
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

El Gobierno va quemando etapas para que los impuestos extraordinarios a la banca y las eléctricas que prometió poner en marcha a partir de 2023 estén aprobados antes de que termine el año. Este martes, el Congreso de los Diputados aprobó comenzar a tramitar la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos al respecto, y lo hizo gracias al apoyo de los habituales socios parlamentarios del Ejecutivo: ERC, PNV y EH Bildu, además de otros pequeños partidos como Más País o Compromís. La iniciativa, por el contrario, no contó con el respaldo del PP, que ha decidido votar en contra tras una semana en la que no llegó a descartar hasta el último momento la posibilidad de abstenerse.

El paso que dio este martes el Congreso no implica que los impuestos hayan sido ya aprobados definitivamente: únicamente supone que la proposición de ley ha sido tomada en consideración, por lo que ahora pasará a ser debatida en comisión y los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas a la misma. No obstante, el Gobierno ya ha dejado claro que aspira a que la tramitación sea rápida para que las tasas estén en vigor a partir de enero, y la amplia mayoría con la que contó este martes augura un proceso relativamente plácido.

Parece muy complicado, no obstante, que en esa tramitación el Ejecutivo vaya a conseguir sumar el apoyo del PP a sus medidas. El diputado popular Mario Garcés defendió el voto en contra de su grupo parlamentario a empezar a tramitar los nuevos impuestos con un duro discurso en el que acusó al Gobierno de ser una "máquina de creación de pobres", e insistió en la que fue una de las grandes críticas de la derecha y uno de los asuntos en los que también insistió más la izquierda: la posibilidad de que bancos y energéticas acaben repercutiendo el coste de los nuevos impuestos a los usuarios.

"¿Creen realmente que no se va a trasladar la carga tributaria a los españoles? Pues claro que se va a hacer", espetó Garcés, que además criticó que el Gobierno apueste por que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigile que estos costes no se repercutan. "No hay fórmula matemática" con la que un organismo como la CNMC pueda demostrar que se produce este aumento de los precios, espetó el diputado del PP, que definió la puesta en marcha de los dos nuevos impuestos como un ejemplo de la "felonía fiscal" en la que, a su juicio, está inmerso el Ejecutivo.

En la misma línea, Vox auguró que "serán las pymes y las familias las que sufrirán el aumento del coste de crédito derivado" del nuevo impuesto a la banca, y también "las que se verán afectadas por la destrucción de empleo y cargarán sobre sus espaldas" tanto esa tasa como la que afectará a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. "En el escenario desolador en el que estamos, lo último que nos hace falta son subidas de impuestos", espetó su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, que incluso llegó a asegurar que la iniciativa "planea sobre lo inconstitucional".

Los socios piden más contundencia

Por el contrario, el Ejecutivo contó en el debate con el apoyo de sus habituales socios, aunque estos también le pidieron algunas modificaciones en unas tasas que, a juicio de las formaciones de izquierdas, llegan tarde y se quedan cortas. En este sentido se pronunció el diputado de ERC Joan Margall, que espetó al PSOE que "o hace políticas de izquierdas, o la derecha les pasa por encima". ERC planteó, además, que los impuestos a banca y eléctricas no sean temporales, como plantea el Gobierno, sino "permanentes mientras los beneficios sean extraordinarios", y exigió que la tramitación de esta iniciativa sea "rápida".

En el mismo sentido se pronunció la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que calificó como "un buen paso" la puesta en marcha de estas dos tasas, pero anunció que su grupo presentará dos enmiendas en las próximas semanas para profundizar en ellas. La primera busca lo mismo que quiere ERC: que los nuevos impuestos sean permanentes y no estén circunscritos solo a 2023 y 2024. Y la segunda, que tengan un mayor poder recaudatorio, porque "hay mucho margen" para que energéticas y banca, que se están "enriqueciendo", aporten más, señaló Aizpurua.

Asimismo, la formación abertzale también reclamó que el Gobierno incluya expresamente en el texto legal un punto que reconozca que la gestión de los nuevos impuestos será competencia, en Navarra y el País Vasco, de las haciendas forales. Y la ausencia de estos puntos en la propuesta que comenzó a tramitarse este martes fue una de las principales críticas al texto del PNV, cuyo portavoz, Aitor Esteban, se mostró confiado en que el Gobierno tenga "voluntad" para modificar este asunto.

No obstante, los nacionalistas vascos también criticaron otros asuntos más de fondo de una propuesta que, ideológicamente, no ven con especial simpatía. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, fue el presidente del PNV entre 2004 y 2008 y ha sido uno de los principales críticos de unos impuestos que ha calificado como los de las "tres mentiras". Y este martes, Esteban criticó algunas de las características de las tasas contra las que ya cargó Imaz, como que vayan a aplicarse sobre el volumen total de negocio de cada empresa energética y no sobre los beneficios directamente.

En concreto, el gravamen destinado a las energéticas afectará a eléctricas, gasistas y petroleras que tuvieran ingresos brutos superiores a los 1.000 millones de euros en el año 2019, y gravará con un tipo del 1,2% el total del dinero ingresado por estas empresas en el año 2022 y 2023. Utilizando esa magnitud, y no el beneficio neto, el Gobierno pretende evitar que la capacidad recaudatoria del impuesto quede diluida. Así ocurre, por ejemplo, con el impuesto de sociedades, en el que los grandes grupos utilizan exenciones y deducciones para reducir la cantidad final de dinero a pagar. El Ministerio de Hacienda explica que los ingresos brutos -antes de impuestos y sin descontar los gastos de la compañía- son una cifra mucho más sencilla de concretar y mucho más complicada de maquillar.

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