El juez de la Audiencia Nacional encargado de investigar el asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua Miguel Ángel Blanco ha acordado este jueves retirar el pasaporte al exjefe de ETA Mikel Albisu, alias 'Mikel Antza', al tiempo que ha descartado decretar su ingreso en prisión provisional después de una comparecencia en la que tanto él como María Soledad Iparraguirre, 'Anboto', se han negado a declarar.

En un auto emitido unas horas después de su comparecencia ante el magistrado, y al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, ha fijado que el otrora líder de la banda terrorista deberá comparecer ante el juzgado más próximo a su domicilio cada quince días.

Por último, el juez insta a 'Mikel Antza' a que designe un domicilio y un teléfono en los que pudiera ser notificado o citado, advirtiéndole a su vez de que "el incumplimiento de las obligaciones impuestas llevaría a decretar su inmediato ingreso en prisión".

García Castellón ha accedido de esta forma a lo solicitado por la Asociación Dignidad y Justicia, la Asociación Víctimas del Terrorismo y el Partido Popular que, como acusaciones populares, habían pedido la retirada de pasaporte del propio 'Mikel Antza'.

El instructor adopta estas medidas "ante la gravedad de los hechos investigados y las elevadas penas de prisión con que se reprimen". Con todo, el magistrado descarta su ingreso en prisión provisional en tanto que "requiere que concurran los requisitos de riesgo de fuga y de ocultación de fuentes de prueba", no siendo "factible su apreciación".

Sin "riesgo de reiteración delictiva"

"Debemos tomar en consideración que en la actualidad no existe dicho riesgo de reiteración delictiva, ante la disolución de la organización terrorista ETA y el cese en sus actividades criminales. Por ende, no cabe atender a la gravedad de los hechos que se pudieran cometer en el seno de la organización terrorista. De ahí que tampoco se den los requisitos exigidos por el precepto que comentamos, con lo que, a fin de cuentas, no existe base legal suficiente como para acordar la prisión provisional del investigado", explica.

Además, el magistrado sostiene que "pese a lo detallado y exhaustivo del informe confeccionado por la Guardia Civil, del que dimana la atribución de la condición de investigado" a 'Mikel Antza', "no se concreta, en el específico momento de comisión del hecho delictivo, el lugar físico en que se encontraba el investigado", un "aspecto que ha de tenerse en cuenta en este momento en que se decide sobre la imposición de medidas cautelares personales".

Cabe recordar que la Audiencia Nacional ya retiró a 'Mikel Antza' el pasado mes de diciembre su pasaporte, prohibiéndole asimismo salir de territorio nacional sin autorización judicial. Fue, en concreto, tras su declaración en otra causa, en la que el magistrado Alejandro Abascal indaga en el asesinato del teniente de alcalde de San Sebastián Gregorio Ordóñez (PP) el 23 de enero de 1995.

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Esta decisión del magistrado llega después de la declaración en sede judicial del propio 'Mikel Antza' y de María Soledad Iparraguirre, 'Anboto'. En declaraciones a los medios, recogidas por esta agencia de noticias, la abogada de los exdirigentes ha explicado que 'Mikel Antza' se ha acogido a su derecho a no declarar aludiendo al hecho de que ya fue condenado por su pertenencia a la banda, cumpliendo la pena de prisión en Francia.

En el caso de 'Anboto', que también ha descartado responder a todas las preguntas, la exjefa de ETA se ha referido al principio de especialidad tras recordar que fue entregada por Francia por otros hechos distintos.

"Venganza" de la Audiencia Nacional

Tras la declaración judicial, la letrada de ambos etarras ha criticado la "cascada" de procedimientos que se están abriendo en los últimos meses en la Audiencia Nacional y que, a su juicio, "no tienen base ni en la legislación ni en la jurisprudencia".

La abogada se ha referido de esta forma a la reapertura de causas judiciales que ahondan en la presunta responsabilidad de los integrantes de la cúpula de ETA en algunos de los asesinatos más impactantes de la organización, como el del propio Miguel Ángel Blanco.

Si antes se hacía para luchar contra ETA, ahora solo se puede hacer por venganza

A su juicio, este impulso a las pesquisas está "fuera de cualquier tiempo". "Si antes se hacía para luchar contra ETA, ahora solo se puede hacer por venganza y para ganar en el territorio de la Audiencia Nacional la batalla del relato que no consiguen ganar en lo político y lo social", ha sostenido.

A su juicio, este tipo de citaciones "suponen desde el punto de vista de los derechos y jurídico una situación excepcional y un atropello". "Nos traen al recuerdo de los peores tiempos de la llamada ingeniería jurídica que se creaban imputaciones de la nada y donde un informe de la Guardia Civil valía más que lo que decía un juez", ha lamentado.

Un "soplo de aire fresco"

Para la abogada de la Asociación Dignidad y Justicia, Vanessa Santiago, estas citaciones suponen un hilo de "esperanza" para las víctimas. Según ha señalado, el impulso de estas causas contra los exdirigentes de ETA suponen "un soplo de aire fresco" por parte de la Justicia a pesar de la "situación política actual".

Fue el pasado mes de marzo cuando el juez García Castellón acordó reabrir la investigación sobre el asesinato del concejal del Partido Popular después de admitir a trámite una querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ).

En su escrito, la asociación dirigía su acusación contra los nueve jefes de la banda en el momento de los hechos: Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias 'Iñaki de Rentería'; José Javier Arizcuren, alias 'Kantauri'; María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'; Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias 'Gadafi'; Mikel Albisu, alias 'Mikel Antza'; y Asier Oyarzabal, alias 'Baltza'.

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Cabe recordar que, en el caso del asesinato de Blanco, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ya condenó en 2006 a 50 años de cárcel al exdirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', y a su compañera sentimental y miembro de ETA Irantzu Gallastegui Sodupe, 'Amaia', como autores materiales.

En su sentencia, el tribunal aseguraba que ambos "planificaron y ejecutaron el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, siguiendo las directrices de la cúpula de la organización terrorista ETA, que tenía entre sus objetivos más inmediatos el secuestro de un concejal del PP para exigir a cambio de su liberación el acercamiento de los presos de la banda a cárceles del País Vasco".