Mikel Albisu, conocido como Mikel Antza y Soledad Iparraguire, conocida como Anboto, exjefes de ETA, se han negado a declarar este jueves en la Audiencia Nacional por el secuestro y asesinato del edil del PP en el municipio de Ermua, Miguel Ángel Blanco hace 25 años. Estos han alegado que ya habían sido condenados en Francia y, además, que el país no los había entregado por esta causa.

Tras su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, se ha solicitado la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la fijación de un domicilio. Esta solicitud ha sido realizada por Dignidad y Justicia, Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el PP.

Estas medidas ya están establecidas desde hace unos meses a algunos miembros de la excúpula de ETA por el asesinato del concejal Gregorio Ordóñez en 1995. Estas pautas se pueden acordar en otra causa por si en una de ellas se le llegaran a retirar.

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Mikel Antza, pareja sentimental de Anboto, ha llegado caminando minutos antes de la citación junto a sus abogados habituales de ETA como Amaia Izco, y también del diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, que no ha llegado a entrar en la sede del tribunal. Antza se encuentra en libertad desde 2019 tras cumplir condena en Francia por integración en organización terrorista.

Sin embargo, Anboto ha comparecido por videoconferencia desde la prisión en la que cumple múltiples condenas. Cuando se ha negado a declarar ha invocado el principio de especialidad por no haber sido entregada a España en 2019 por esta causa. Esta causa ha sido recientemente reabierta a raíz de una querella de la Asociación Dignidad y Justicia que, al igual que con Ordóñez, apunta a la responsabilidad de la dirección de ETA en esas fechas.

Esta se encuentra en la misma situación que el tercer exjefe etarra imputado por el secuestro y asesinato del joven edil: José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri. El juez, en este caso, optó por pedir a Francia que le permita ampliar los motivos por los que en su día fue devuelto a España y poder así interrogarle.

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La abogada de ambos exjefes de ETA, Amaia Izco, ha calificado la causa de "atropello" y "situación excepcional" con un coste "social y político muy importante".

"Está fuera de cualquier tiempo porque si en otros tiempos se hacía con la excusa de la lucha contra ETA, en este momento solo se puede hacer por venganza y por ganar (...) esa batalla del relato que no consiguen ganar ni en lo político ni en lo social", ha criticado.

Vanessa De Santiago, abogada de Dignidad y Justicia, la asociación de víctimas que impulsó el procedimiento, ha elogiado que haya "jueces valientes" que "están dispuestos a investigar al comité ejecutivo" de ETA, dado que la decisión de cometer un atentado tan "deleznable" no dependía de los miembros de un comando, sino del comité ejecutivo "y como tal hay que investigar a sus integrantes".

En otros tiempos se hacía con la excusa de la lucha contra ETA, en este momento solo se puede hacer por venganza y por ganar

Imputación de exjefes de ETA

Esta acusación a los tres exjefes de ETA se produjo hace un par de semanas tras recibir un informe de la Guardia Civil para determinar los miembros que integraban el Comité Ejecutivo de ETA (ZUBA) y su posible participación en el secuestro y asesinato del concejal de Ermua.

Este informe señalaba a un cuarto miembro de esa cúpula etarra, José Ignacio Gracia Arregi, Iñaki de Rentería, que finalmente ha quedado fuera de esta causa por prescripción. 

Antza y Anboto, que declararán por videoconferencia desde prisión, han sido las primeras comparecencias de imputados que practica el juez desde que abrió el procedimiento.

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Los investigados, pese a no ser los ejecutores materiales, que ya fueron condenados, entre ellos Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, tuvieron "una participación en comisión por omisión, atendida la posición de dominio que ostentaba" dicho órgano "con capacidad real, durante las más de 48 horas en las que se prolongó el secuestro, para poder detenerlo".

Además, la acción terrorista que el comando Donosti ejecutó no pudo materializarse por su propia iniciativa, sino que lo realizó siguiendo las órdenes y con la autorización expresa de sus superiores, los integrantes del Comité Ejecutivo" de ETA, señala el juez.