El Gobierno tiene un reto para los que serán los últimos Presupuestos Generales del Estado de la legislatura: incrementar el gasto en defensa, como se ha comprometido a hacer con la OTAN, y a la vez mantener y acrecentar las inversiones en políticas sociales para paliar los efectos de una inflación desbocada que, por el momento, no da signos de moderarse. Combinar ambos extremos, en un primer vistazo, puede parecer tan imposible como la cuadratura del círculo. Pero la parte socialista del Ejecutivo está convencida de que es viable si se aprovecha un efecto secundario del elevado IPC y el crecimiento que, pese a todo, mantiene la economía: la mayor recaudación que conseguirá el Estado a través de los impuestos.
La elaboración de las cuentas para 2023 comenzó hace un par de semanas, aunque los ministerios de PSOE y Unidas Podemos ya llevan algo más de tiempo haciendo llegar sus primeras propuestas al Ministerio de Hacienda. Tras unos Presupuestos que fueron muy expansivos en 2020 y 2021 para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, esta negociación estará condicionada por la crisis económica desatada por la invasión de Ucrania, así como por la elevada inflación, que provocará un incremento automático en partidas como la revalorización de las pensiones, vinculada a un IPC que está disparado.
Además, las medidas sociales puestas en marcha para afrontar esta alza de los precios tampoco son baratas, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó hace unos días en una entrevista en La Sexta que el Ejecutivo seguirá "articulando medidas para amortiguar las consecuencias económicas y sociales de la guerra". No obstante, Sánchez afirmó en esa misma entrevista que mantener e incluso incrementar el gasto en medidas sociales "no es incompatible con responder a una necesidad que tienen sociedades democráticas como las nuestras: garantizar la seguridad que ahora mismo no está 100% preservada" elevando el gasto militar.
El compromiso alcanzado por España con la OTAN es tener para 2029 una inversión en defensa equivalente al 2% del PIB, lo que supone prácticamente duplicar la cuantía que actualmente se gasta. Pero la medida ya ha generado una dura oposición en el ala del Gobierno de Unidas Podemos, que ha asegurado que aspira a "convencer" al PSOE de que lo que necesita la ciudadanía no son "tanques" sino "más rentas garantizadas, que la atiendan en atención primaria en 24 o 48 horas" y "tener especialista en el médico".
"La pregunta que hay que hacerse, si se destina más dinero a la inversión militar, es de dónde sale", planteó Belarra, en la línea del que ha sido el gran argumento morado de los últimos días: que un aumento del gasto militar implicaría tener menos recursos para áreas sociales. Pero ese es un axioma que el PSOE no admite porque, según fuentes de la parte socialista del Gobierno, el aumento de la recaudación tributaria permitirá afrontar tanto el incremento del gasto en Defensa como el social.
Este aumento de los ingresos del Estado no se producirá, muy probablemente, a través de una reforma fiscal que el PSOE ahora mismo rechaza poner en marcha, aunque el Ejecutivo sí se ha comprometido a aprobar para 2023 un impuesto a los beneficios extraordinarios de las eléctricas del que no ha dado más detalles.
No obstante, el aumento de los precios ya genera por sí solo mayor recaudación a través del IVA, por ejemplo, y lo mismo ocurre con el incremento de las pensiones, que elevará la recaudación por IRPF. En concreto, entre enero y mayo de este año las arcas públicas han ingresado más de 15.559 millones de euros más por impuestos que en el mismo periodo de 2021, un incremento del 19%. La recaudación por IVA se ha disparado un 21,4% y los ingresos por IRPF lo han hecho un 15%.
Los escollos del Gobierno
Pese a que el Gobierno es optimista con que la recaudación extra por la inflación será suficiente para cuadrar unas cuentas con más gasto social y en defensa, no todo el mundo lo ve así. Organismos como la Airef, la Comisión Europea o el Banco de España han pedido recientemente ajustes fiscales para reducir el desequilibrio en las cuentas públicas españolas, maltrechas tras la pandemia.
El lunes pasado, la Airef -un organismo independiente dedicado a vigilar las finanzas españolas- pidió expresamente que los ingresos extra se dediquen a reducir el déficit estructural y recomendó por primera vez que cualquier aumento de gasto estructural (como sería el caso de la inversión en defensa) se financie también con ingresos estructurales. "La inflación a corto plazo mejora la recaudación, pero a medio deteriora el saldo fiscal", resumen.
Desde la Comisión Europea se pide también a España una política fiscal "prudente" para 2023, en la que el gasto público no supere el crecimiento esperado de la economía a medio plazo. La Airef ha estimado que, para cumplir con esta recomendación, España podría permitirse gastar 15.000 millones más en 2023 que en 2022. Con una revalorización de las pensiones que costará unos 13.000 millones según la autoridad fiscal, el margen para gastar se quedaría en apenas 2.000 millones. Una cifra completamente insuficiente para cuadrar los objetivos del Gobierno.
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