El Gobierno pacta con EH Bildu el desbloqueo del proyecto de ley de memoria democrática tras meses varado en el Congreso. Este martes, la portavoz abertzale en la Cámara Baja, Mertxe Aizpurua, anunció un acuerdo con el Ejecutivo por el cual, entre otros cambios, la formación ha conseguido que la nueva norma vaya a poder aplicarse a violaciones contra los Derechos Humanos cometidos hasta 1983, cinco años después de aprobada la Constitución. Es decir, incluyendo las etapas de los gobiernos democráticos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo.

En concreto, la enmienda aprobada por PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu -y también pactada con Más País- dispone que el Gobierno deberá designar "una comisión técnica que elabore un estudio" sobre la "vulneración de los Derechos Humanos" que se hubiera producido entre "la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983". Esta comisión será la encargada de indicar "posibles vías de reconocimiento y reparación" a las víctimas, entre las que se podrían encontrar, por ejemplo, los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, secuestrados y asesinados por el GAL.

"Como se ha dado en otros procesos transicionales de muy diversos países, aún después de la entrada en vigor de la Constitución y la indudable importancia que supuso para el nuevo ordenamiento jurídico democrático, pudieran persistir elementos que ocasionaran supuestos de vulneración de Derechos Humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos", argumenta la enmienda.

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Con el apoyo de EH Bildu a la norma, el Gobierno se garantiza que salga adelante en las próximas semanas, pese a que ERC sigue manteniendo sus reservas ante un texto que consideran tibio. Los republicanos no han confirmado cuál será el sentido definitivo de su voto, aunque parece complicado que ERC apoye la ley teniendo en cuenta que no incluirá su principal reivindicación: la nulidad de la ley de amnistía para facilitar la investigación de los crímenes del franquismo, que PSOE y Unidas Podemos rechazan porque -según recuerdan- la norma sirvió para liberar a los presos políticos de la dictadura.

Ahora, la comisión

La ponencia encargada de dar los últimos toques al texto se reunió este martes por segunda vez en unos días, después de meses de parálisis, y dio luz verde a esta y otras enmiendas de EH Bildu y de otros grupos para conseguir que el proyecto pase a la siguiente fase de su tramitación: el voto en comisión, que tendrá lugar la semana que viene y que dejará la ley lista para ser aprobada de forma definitiva por el Pleno del Congreso, algo que previsiblemente ocurrirá en julio. El Gobierno ha contado con los apoyos de PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu, PNV, PDeCAT y Más País, lo cual ha conseguido que los votos de ERC hayan sido irrelevantes.

Además de extender el ámbito de aplicación de la ley hasta el año 1983, la nueva ley de memoria democrática reconocerá de manera explícita "la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas constituidos a partir del golpe de Estado de 1936", una reivindicación de EH Bildu a la que el Gobierno también ha accedido para garantizarse su voto. Esa ilegalidad de los tribunales de la dictadura implicará "la nulidad de todas sus resoluciones y condenas", que también estará recogida de manera expresa en la ley.

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Asimismo, los abertzale han acordado con el Gobierno la cesión del espacio del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de San Sebastián. Ese inmueble, utilizado por el dictador Francisco Franco durante sus estancias veraniegas en la ciudad, fue el lugar donde los GAL torturaron en 1983 a Lasa y Zabala antes de ser asesinados, por lo que su cesión tiene un gran peso simbólico para EH Bildu. Dicho traspaso, que incluye tanto el inmueble en sí como sus terrenos y la documentación que se guarda en ellos, deberá realizarse en un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley.