El 30% de rebaja del precio del transporte público incluido en el nuevo decreto anticrisis del Ejecutivo para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania podría no afectar a todos los usuarios del mismo. Y es que, el Gobierno ha decidido dejar en manos de las comunidades autónomas la devolución del importe que les correspondería a las personas que compraron un abono anual antes de que entrase en vigor el decreto anticrisis, que comenzará a ser efectivo el próximo viernes y que estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre de 2022, aunque dicho descuento en el transporte público no será efectivo hasta septiembre.

Así consta en el decreto, que fue publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En el texto, el Ejecutivo explica que la "administración correspondiente", en este caso cada comunidad autónoma, "podrá decidir si habilita un sistema para permitir la devolución al usuario" que haya comprado un abono anual en el primer semestre del año "de la parte proporcional que corresponda al 30% de cuatro meses", en referencia al período septiembre-diciembre. Eso sí, finaliza matizando con esta frase: "Sin que este procedimiento de devolución sea obligatorio".

No será este el único margen de decisión que tendrán las comunidades autónomas, puesto que el Ejecutivo también permitirá que amplíen aún más el descuento en el precio. Y es que, la rebaja del Gobierno tiene dos aristas diferenciadas. En el caso de los "abonos y cualquier título de transporte terrestre" que dependan directamente del Estado -es decir, Cercanías, que es un servicio que presta Renfe y que circula por vías titularidad de Adif, ambas empresas estatales vinculadas al Ministerio de Transportes- la rebaja será del 50%. Esto conllevará que en Madrid el bono mensual de Cercanías pase a costar 14,5 euros en vez de los 29 euros actuales; y en Cataluña el precio baje de los 25,5 euros que cuesta ahora a 17,7, según ejemplificó el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa que ofreció el sábado, tras aprobar el plan anticrisis.

El cheque de 200 euros del Gobierno: quién puede solicitarlo y cómo hacerlo

En el caso de los servicios de metro y autobús, que dependen de las comunidades autónomas, la rebaja del Gobierno será de un 30%. Para ello, el Ejecutivo transferirá 200 millones de euros y, además, les dará la posibilidad de ampliar ese descuento hasta el 50%, aunque ese 20% de diferencia lo deberían pagar las CCAA con fondos propios.

Con todo, la reducción de las tarifas del transporte público es una de las medidas estrella incluidas en el nuevo decreto. La fórmula finalmente aprobada es fruto de la negociación entre el PSOE y Unidas Podemos. Y es que, el sector morado, impulsado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propuso en un primer momento un fondo público para lograr que el abono transporte costara 10 euros en todo el territorio que costaría al Estado de 560 millones, más del doble de lo que gastará en los descuentos aprobados el sábado.

Asimismo, también se prorroga la ayuda de 20 céntimos por cada litro de carburante ya incluida en el anterior decreto que entró en vigor el pasado mes de abril. La subvención, pues, se seguirá aplicando de forma generalizada y no en función de la renta, un extremo que el Gobierno también había barajado.

En total, el decreto supondrá gasto superior a los 9.000 millones de euros: 3.600 millones de euros que el Ejecutivo dejará de ingresar por las rebajas impositivas y otros 5.500 millones de ayudas directas. Incluidos en este último montante están los 540 millones que se destinarán a otra de las medidas importantes del nuevo plan: el cheque de 200 euros que el Ejecutivo dará a trabajadores, autónomos y parados con bajos ingresos. Los beneficiarios de esa ayuda de pago única serán aquellos que en 2021 percibieron ingresos inferiores a 14.000 euros anuales y contaran con un patrimonio que no superase los 43.196 euros. El cálculo del Gobierno es que podrán recibirla hasta 2,7 millones de personas, aunque el decreto "beneficiará" a los 47 millones de españoles, según quiso incidir Sánchez el sábado.

Quienes no podrán pedirla serán los receptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que seguirá aumentado en un 15% hasta final de año. Esta cantidad es similar a lo que subirán las pensiones no contributivas -las de viudedad, orfandad o invalidez-, que fue un punto pactado por el Ejecutivo con EH Bildu.