El Gobierno aplaza a septiembre la subvención al transporte público, que será del 50% en Cercanías y del 30% en metro y autobús

Restablecido el servicio de la línea 5 de Cercanías entre Atocha y Villaverde Alto
Estación de Cercanías de Atocha.
20M EP

El Gobierno ha incluido finalmente la reducción del precio del transporte público en el nuevo decreto contra las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Ucrania aprobado este sábado. No obstante, dicha rebaja en los precios, que será de un 50% en Cercanías y un 30% -como mínimo- en metro y autobús, no entrará en vigor hasta septiembre, con el comienzo del curso escolar y laboral después de las vacaciones de verano.

“Queremos fomentar el uso del transporte público”, ha asegurado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ha comparecido este sábado tras la aprobación en un Consejo de Ministros extraordinario del plan anticrisis, que esta vez tendrá una vigencia de seis meses -hasta el 31 de diciembre de 2022- y cuyo gasto supera los 9.000 millones de euros: 5.500 millones en ayudas directas y 3.600 millones de euros que el Ejecutivo dejará de ingresar por las rebajas impositivas.

En ese montante se incluye el coste que tendrá la subvención al transporte público, que todavía Moncloa no ha concretado. En concreto, se rebajará a la mitad los "abonos y cualquier título de transporte terrestre" que dependan directamente del Ejecutivo. Esto es, Cercanías, que es un servicio que presta Renfe y que circula por vías titularidad de Adif, ambas empresas estatales vinculadas al Ministerio de Transportes. "En Madrid, un bono mensual de Cercanías cuesta 29 euros y pasará a costar 14. En Cataluña, pasará de los 25,5 euros actuales, a 17,7", ha puesto como ejemplo el presidente.

En el caso de los servicios de metro y autobús, que dependen de las comunidades autónomas, la rebaja del Gobierno será de un 30%, que podrá ser completado hasta el 50% si la autonomía lo complementa con fondos propios. Asimismo, también se financiará el transporte rural siempre y cuando se compre un abono de dos o más viajes, según fuentes del Ministerio de Transportes.

La reducción a la mitad del transporte público es una de las medidas estrella incluidas en el nuevo decreto anticrisis y la configuración finalmente aprobada es fruto de la negociación entre el PSOE y Unidas Podemos. Y es que, el sector morado, impulsado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, propuso en un primer momento un fondo público de 560 millones de euros para lograr que el abono transporte costara 10 euros en todo el territorio.

"Es incomprensible que en una ciudad como Madrid, los trenes de Cercanías o el metro no estén bonificados y, sin embargo, se nos esté bonificando la gasolina o el diésel", dijo entonces la también ministra de Trabajo. La propuesta se inspiraba en el abono mensual puesto en marcha en Alemania de manera extraordinaria que permite usar de modo ilimitado autobuses, metros y trenes regionales por nueve euros al mes. Eso sí, el funcionamiento del sistema de transporte público en España varía depende de la comunidad autónoma, así como las tarifas y abonos que existen en cada red. Este extremo es el que ha provocado que finalmente se haya optado por la reducción en forma de porcentaje y no el abono a 10 euros que pedían los morados.

Se mantiene el descuento a los carburantes

El decreto aprobado este sábado también prorroga la ayuda de 20 céntimos por cada litro de carburante, ya incluida en el anterior decreto que entró en vigor el pasado mes de abril. La subvención, pues, se seguirá aplicando de forma generalizada y no en función de la renta, un extremo que el Gobierno también había barajado. En un primer momento, fueron los ministros de Unidas Podemos los más combativos al respecto. 

"Cuando son subvenciones a toda la población son medidas regresivas. No necesita la misma cantidad de subvención una gran fortuna que cobra 200.000 euros al año que una pequeña fortuna, por decirlo irónicamente, que no llega ni a 10.000", dijo en su momento el ministro de Consumo, Alberto Garzón. No obstante, también la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se sumó a estudiar esa posibilidad, finalmente descartada por el Ministerio de Hacienda. 

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