PP y Ciudadanos darán juntos la batalla lingüística en Cataluña. El decreto-ley aprobado este lunes por la Generalitat con el objetivo de incumplir la sentencia del TSJ de Cataluña que obliga, como mínimo, a educar en los colegios catalanes con un 25% de castellano ha desembocado en un acercamiento entre Inés Arrimadas y Alberto Núñez Feijóo, el primero desde que éste ascendiera a la presidencia del PP.

También será la escenificación de una oposición conjunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instalado en una encrucijada permanente con sus socios parlamentarios y cuya postura, cuanto menos, consideran de tibieza ambas formaciones. "De mirar para otro lado", acusó Feijóo a Sánchez este martes desde Rotterdam. El diagnóstico en Ciudadanos es aún más duro, también en Vox, y deslizan la aplicación del artículo 155.

El canal de comunicación, confirman fuentes de ambos equipos, se abrió hace varios días. Fue Arrimadas quien tomó la iniciativa y exploró el apoyo tanto del PP como de Vox. En el Parlament de Cataluña, donde los populares no cuentan con grupo parlamentario, los tres partidos registraron el pasado jueves una petición de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias sobre la ley del catalán pactada por ERC, JxCat, PSC y En Comú Podem. El acuerdo, que provocó el retraso de la aprobación, generó la respuesta de Pere Aragonés y la convocatoria del consejo extraordinario donde se aprobó el decreto el lunes. Ciudadanos y Vox ejercerán la defensa del castellano en el Parlament con un recurso ante el Consejo de Garantías, pese a que los de Santiago Abascal amagasen con retirarse este miércoles.

PP, Vox y Cs estudian recurrir ante el Constitucional el decreto catalán que ignora la sentencia del 25% de castellano en las aulas

El asunto también ha sido abordado al más alto nivel parlamentario entre Cuca Gamarra, portavoz popular en el Congreso, y Edmundo Bal, su homólogo en Ciudadanos. Los dos se sentarán la semana que viene para que el acercamiento siga fermentando. 

Ni PP ni Ciudadanos cierran el paso a que Vox forme parte de la entente, aunque la sensación es que los de Abascal harán la guerra por su cuenta. "Cualquiera que se quiera sumar tiene la puerta abierta para esta defensa del castellano", aseguran fuentes de Génova, a quienes gustaría "tener el apoyo del PSOE". Un extremo del todo descartable, a juicio de la formación naranja. "Sánchez, obviamente, no va a presentar un recurso de inconstitucionalidad porque haría tambalear su Gobierno", estiman fuentes de Ciudadanos a 20minutos.

Un acuerdo "concreto"

Desde ambos partidos acotan la primera alianza para este camino en "concreto". Feijóo, pese a su perfil moderado, siempre ha causado escepticismo en Ciudadanos. Unos recelos forjados, paradójicamente, por la política lingüística que ejerció como presidente de la Xunta de Galicia durante 13 años, considerada por los liberales como "nacionalista". El reciente error confeso del coordinador general del PP, Elías Bendodo, que afirmó en una entrevista que España era un "Estado plurinacional", no hizo sino ahondar en la herida, lo que desencadenó la petición de los naranjas para una modificación del artículo 2 de la Constitución y la eliminación de la palabra "nacionalidades".

"La palabra 'nacionalidades' provoca que se formen territorios de primera y de segunda", arguyen en Ciudadanos. Fuentes cercanas al presidente popular defienden que su política siempre ha sido la de un "bilingüismo cordial" y reconocen los "muchos puntos de divergencia" con los naranjas. "Ciudadanos ha intentado encontrar elementos de desgaste, pero nos encanta que nos encuentren ahora como aliados lingüísticos", se congratulan de cierta manera.

Ciudadanos y Vox abogan por el 155

El incumplimiento del mandato judicial alcanza tales cotas de gravedad para Ciudadanos y Vox que justificaría, en su opinión, la activación, de nuevo, del mecanismo que otorga al Senado el artículo 155 de la Constitución. Bal tildó el hecho "una situación de excepcionalidad" que requiere de un "mecanismo excepcional". 

Abascal, por su parte, apremió sin tapujos "intervenir la Generalidad de una manera sostenida, permanente y contundente". Es decir, la aplicación del 155 "hasta que no pare la persecución del español en sus aulas y hasta que sus dirigentes no cejen en su constante rebeldía". "Quien no esté dispuesto a aplicarlo, que se eche a un lado", desafió el líder de Vox.

"EL PSOE está a favor de el español esté fuera de las aulas", dicen desde el PP, aunque no van más allá: "Ni descartamos ni amplíamos: de momento, el recurso". Arrimadas, capitaneando una actuación independiente de su partido, denunció este miércoles ante la Fiscalía conseller de Educación, Josep González-Cambray, y otros miembros de su departamento. La líder de Cs, además, lo acusó ante los medios de "estar actuando como un matón". Y añadió: "No vamos a dejar ni una infamia sin combatir y no vamos a dejar ni una herramienta democrática sin utilizar para defender los derechos de los catalanes".