PP, Vox y Ciudadanos estudian presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del Gobierno catalán que esquiva la obligación de un 25%, como mínimo, de uso del castellano en las aulas. Los de Santiago Abascal y los de Inés Arrimadas van más allá y consideran que la norma aprobada por la Generalitat es susceptible de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. 

La réplica de la oposición llega apenas 24 horas después de que el Govern se reuniera de forma extraordinaria para aprobar un decreto que diluye los porcentajes protegidos en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Una "inaplicación", según figura explícitamente en el texto promulgado por la Generalitat, con el fin de "garantizar el catalán en las escuelas y el modelo de escuela catalana", defendió el president Pere Aragonès el lunes en el Parlament.

"Si inevitablemente nos convocan ante la necesidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional, ya lo hemos trasladado a Ciudadanos, que cuente con nosotros para un recurso de inconstitucionalidad", ha censurado Alberto Núñez Feijóo esta mañana desde Rotterdam, donde se celebra el Congreso del Partido Popular Europeo. El jefe de los populares satisface así la petición de Ciudadanos, quienes con solo nueve diputados -se requieren 50- no pueden acudir solos al máximo órgano de revisión constitucional.

Feijóo acusa a Sánchez de "mirar para otro lado"

"Esto es un esperpento político", considera el líder del PP, que ha reivindicado una política de "bilingüismo cordial". "Es muy triste que en pleno siglo XXI haya un gobierno de una comunidad autónoma que esté en clara irregularidad, en clara ilegalidad, y que ese gobierno tenga el apoyo del PSC y que el PSOE esté apoyándose en los partidos de ese Gobierno para gobernar España", se ha lamentado el líder de la oposición, que ha acusado a Pedro Sánchez de "mirar para otro lado". 

Cada vez que se pregunta a un miembro del Gobierno de Sánchez, éste contesta afirmando que las resoluciones judiciales tienen que cumplirse, sin dar más explicaciones y sin hacer ningún tipo de exigencia al Ejecutivo catalán para que acaten la sentencia del TSJC.

El líder de Vox, por su parte, ha apremiado a "intervenir la Generalidad de una manera sostenida, permanente y contundente". Es decir, la aplicación del 155 "hasta que no pare la persecución del español en sus aulas y hasta que sus dirigentes no cejen en su constante rebeldía". "Quien no esté dispuesto a aplicarlo, que se eche a un lado", ha desafiado Abascal. 

La misma interpretación, si bien con un tono más templado, que ha hecho desde Ciudadanos su portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, que ha asegurado que se trata de "una situación de excepcionalidad" que requiere de un "mecanismo excepcional". Bal considera "gravísimo" lo que tilda de una "patente desobediencia de los mandatos" judiciales. "El Gobierno debe llevar esto al TC", ha instado a Sánchez, ya que si el Gobierno central es el que impugna una ley autonómica, la aplicación de ésta puede quedar en suspenso si así se solicita al tribunal.

Vox rechaza la oferta de Cs de "recurrir juntos"

La sintonía en la lectura de lo sucedido ha provocado que Arrimadas, líder naranja, haya propuesto a Vox "recurrir juntos ante el Consejo de Garantías Estatutarias el decreto del Govern que ataca a las familias catalana". Algo, según ha desvelado a través de un tuit, a lo que Vox "se ha negado". "Es una decisión incomprensible", a juicio de Arrimadas, ya que "un recurso así fue precisamente lo que la semana pasada impidió la aprobación de la norma pactada por PSC y separatistas". 

De momento, la iniciativa la ha tomado el Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso, que ya ha registrado una proposición no de ley para frenar  "el enésimo desafío del Gobierno catalán al Estado de Derecho, al impedir por decreto que los directores de centros educativos apliquen el mandato de la justicia".