"Cuando quiera la parte catalana". Así respondía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta semana al hablar sobre la fecha de la reunión pendiente entre él y el president de la Generalitat, Pere Aragonès, por las escuchas legales a independentistas por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el malware Pegasus, lo que puso en peligro la continuidad de la legislatura. No obstante, el hecho de dejar en la pelota en el tejado de ERC puede volvérsele en contra al PSOE, ya que es posible que la reunión coincida con la campaña de las elecciones andaluzas, una imagen que puede lastrar aún más las posibilidades de Juan Espadas de arrebatarle la Junta a Juanma Moreno.

Sánchez trasladó a Aragonès su disposición a sentarse el pasado 6 de mayo. Era la primera vez que ambos coincidían tras publicarse que esas escuchas habían sucedido en esta legislatura y con el socialista en La Moncloa. En la clausura de las jornadas anuales del Cercle d'Economia mantuvieron una breve conversación en la que el presidente aceptó su propuesta de reunión. La reunión, según la definió el propio president, era "urgente". Pero nada se ha vuelto a saber desde entonces y ya han pasado 16 días. Así las cosas, más que papeles, lo que se han repartido desde Moncloa y el Palau han sido las culpas. 

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Según el propio Aragonès, su disposición es total, pero no quiere que el encuentro sea solo "una foto", pese a que desde el Ejecutivo no han dejado de sucederse los gestos: una investigación de las escuchas por parte del Defensor del Pueblo -que ratificó que contaban con autorización judicial- o la introducción de ERC, Bildu y la CUP en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.

Esto demuestra que desde Moncloa tendrán que seguir haciendo gestos, pese a que incluso dentro de las filas de ERC haya quien está optando por bajar el tono para no convertirse en el partido del "no a todo" y porque saben que todavía faltan por llegar leyes sociales al Congreso a las que será difícil oponerse, como la reforma de la 'ley mordaza'. El problema para el Ejecutivo es que los tiempos no acompañan y que, al menos públicamente, han entregado el poder de convocatoria a ERC.

Y es que parece difícil que esa reunión vaya a producirse en la semana entrante a juzgar por la apretada agenda del presidente del Gobierno. No, al menos, en los primeros días, ya que Sánchez estará en Davos (Suiza) el lunes, el martes y el miércoles. Nada más llegar, el jueves, comparecerá en el Congreso de los Diputados, justamente, por el caso Pegasus. 

Así, no parece probable que esa convocatoria, en caso de producirse, ocurra antes del viernes 27 de mayo, cuando quedará justo una semana para que comience oficialmente la campaña de las elecciones andaluzas. Es un escenario que no se descarta en las filas socialistas y que ven como muy poco favorable para una campaña en la que el PSOE quiere intentar cambiar el rumbo de los últimos comicios y en la que los populares tratarán de retener un bastión históricamente socialista para intentar trasladar ese aire de cola a nivel nacional.

A todo ello, además, se suma un panorama que a priori no parece muy afable para Espadas, el candidato del PSOE, a juzgar por las encuestas. Sin ir más lejos, el último Barómetro Andaluz publicado por el Centro de Estudios Andaluces (Centra) no daba ninguna posibilidad a los socialistas. Según dicho barómetro, el PP-A obtendría el 34% de los votos, lo que le otorgaría entre 43 y 44 escaños (ahora tienen 26). Con todo, y pese a empeorar el resultado de la última encuesta de diciembre que les daba un 35,1%, la distancia con el PSOE-A seguiría siendo de 8,7%, ya que Espadas obtendría el 25,3% de los votos y entre 30 y 31 escaños, empeorando los 33 conseguidos en 2018 por la expresidenta Susana Díaz.

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En este contexto, sería complicado para el PSOE tener que hacer gestos que pudieran darle plano nacional a unos comicios autonómicos y que le facilitarían la campaña a las derechas. Este temor fue el que llevó en parte a retrasar 'sine díe' la mesa de diálogo con Cataluña que estaba prevista a comienzos de este año.

Tras celebrar una sesión en septiembre de 2021 que dio a luz a un acuerdo sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat que terminó frustrándose, el Govern presionó para una nueva cita en enero. No obstante, el Ejecutivo se opuso por la cercanía de los comicios de Castilla y León, que se celebraron en febrero y que no otorgaron un buen resultado a los socialistas.