Unanimidad -o casi- entre españoles por un pacto de Estado para topar el precio de la energía. Exactamente, el 94,2% de la ciudadanía española considera "muy" o "bastante" importante que el PSOE, partido líder del Gobierno de coalición, y el PP, formación mayoritaria en la oposición, se pongan de acuerdo para frenar la escalada de precios del 'pool', que este miércoles se mantiene por encima de los 186 euros/MWh.

De ello da parte el barómetro del CIS sobre cuestiones de actualidad, realizado a 2.357 personas desde el 26 al 29 del pasado abril. Aunque publicado este miércoles, las fechas de la elaboración del sondeo coinciden con un mes horribilis en el mercado de la energía, cuando la factura de la luz del usuario medio alcanzó los 124,90 euros -un 53,2% por encima de los 81,55 euros del mismo abril del año pasado- siendo el quinto más alto de la historia, según datos de Facua-Consumidores en Acción.

El Gobierno aprueba 5.000 de los 10.000 millones en créditos ICO para empresas afectadas por el encarecimiento de la energía

Abril también fue un mes de alto voltaje en las negociaciones 'técnicas' entre los gobiernos de España y Portugal y la Comisión Europea por aplicar un mecanismo que permitiera una bajada de los precios del mercado ibérico de la electricidad (Mibel). Finalmente, Bruselas dio luz verde "provisional" a la llamada “excepción ibérica” en mayo y el Ejecutivo de Sánchez ha anunciado esta semana que este viernes aprobará -en un Consejo de Ministros extraordinario- un tope máximo al precio del gas natural para la generación de electricidad. La medida prevé abaratar hasta un 30% la factura de la luz, de acuerdo con los cálculos gubernamentales que notificó la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.

Fondos UE, renovación del CGPJ... se exigen más consensos

Por regla general, casi el 90% de los encuestados cree que es "muy" o "bastante" importante que los partidos políticos lleguen a pactos de Estado sobre materias clave de la política nacional. De hecho, según la encuesta, el 92% opina que los políticos tienen "la obligación" de alcanzar dichos consensos en asuntos que afecten a los españoles. 

Entre los temas que más interés concitan figura la gestión de los fondos europeos, donde España es uno de los países más beneficiados con alrededor de 140.000 millones, de los que casi 70.000 se desembolsarán en forma de transferencias a fondo perdido y el resto como préstamos a bajo interés. Los fondos de recuperación, llamados oficialmente “Next Generation EU”, todavía no han sido recibidos en su totalidad y entre los que sí han aterrizado en España, se agolpan algunas dificultades burocráticas para ponerse en marcha. Así, 9 de cada 10 españoles vería con muy buenos ojos un pacto de Estado en esta materia.

Casi en la misma proporción, se reclama un acuerdo de iguales características para la transición energética, un requisito, por cierto, que Europa impone en los proyectos estatales que se nutran de los fondos para afrontar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del coronavirus.

En otro orden de prioridades, el 85,6% de los españoles exige que los principales partidos políticos dejen a un lado sus diferencias ideológicas y  alcancen un trato para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya regeneración lleva caducada tres años, y el Tribunal Constitucional (TC), cuya próxima renovación se debería hacer en junio. La llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP avivó el debate, que ha vuelto a verse eclipsado por otros episodios de la actualidad.

Finalmente, los españoles también coinciden en la necesidad de alcanzar pactos de Estado para afrontar la lucha contra la violencia de género, que el año pasado sufrieron más de 30.000 mujeres en España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone un 3% más que en 2020. En este campo, a diferencia del resto, sí que se han fraguado pactos de Estado. Los más notorios, en diciembre de 2017 y, más recientemente, el alcanzado en noviembre de 2021, cuando todo el arco parlamentario, salvo Vox, acordó incluir todas las formas de violencia de género -como la vicaria o la económica-, blindar la financiación pública y proteger a las asociaciones feministas.