El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la primera mitad de la línea de créditos ICO que aprobó dentro del plan de choque por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, destinados a empresas que se hayan visto afectadas por el aumento de los costes, particularmente de energía. En concreto, se han activado avales por valor de 5.000 millones de euros, la mitad de los 10.000 millones que figuran en el decreto que convalidó el Congreso  el pasado 28 de abril.

Esta línea de avales públicos figura entre las medidas económicas para hacer frente a las consecuencias de la guerra y, aunque constan en el decreto ley que aprobó el Gobierno a finales de marzo para empezar a otorgarse necesitaban todavía recibir el visto bueno de Bruselas. 

Una vez aprobados, estos avales se destinarán a aportar liquidez a empresas y pymes que se hayan visto afectadas por el encarecimiento de los costes, particularmente energéticos, ha explicado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Se podrán pedir a las entidades bancarias hasta el 1 de diciembre de 2022 y por estos avales el ICO cobrará una comisión de gestión y administración de un 0,5%.

Aval de hasta el 80%

Para créditos por importe de hasta 400.000 euros, cubrirán hasta el 80% de este importe o 35.000 euros cuando se trate de empresas del sector primario, acuicultura o pesca, en una o varias operaciones de préstamo. El plazo de amortización será de 10 años.

De 400.000 euros en adelante, avalarán el 80% de la cantidad total en el caso de que el crédito lo pida una pyme y el 70% si es una empresa más grande. Las pymes tendrán 10 años para amortizarlos y las empresas más grande, ocho. El importe total del préstamo no podrá ser mayor del 15% del volumen de negocios anual medio total del beneficiario durante los tres últimos ejercicios o del 50% de los costes de la energía en los doce meses anteriores a la solicitud del préstamo

Para todos los casos el Gobierno ha fijado un periodo de carencia de 12 meses, es decir,  no tendrán que empezar a devolver el crédito hasta pasado un año desde su concesión.

Según lo aprobado por el Consejo de Ministros, las empresas beneficiarias de estos avales públicos deberán mantener abiertas las líneas de circulante de sus clientes hasta el 31 de diciembre de 2022 y los bancos que concedan los créditos respaldados por el ICO "deberán aplicar los mejores usos y prácticas bancarias en beneficio de sus clientes y no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto".