Incluir todas las formas de violencia de género -como la vicaria o la económica-, blindar la financiación pública y a las asociaciones feministas, promover la especialización profesional de todos los actores implicados o consolidar el plan de sensibilización y prevención. Son algunas de las claves acordadas por los grupos parlamentarios en la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género que se ha firmado este jueves en el Congreso de los Diputados.

Montero se compromete a incrementar la protección y el apoyo a las víctimas de violencia machista: "No estáis solas"

El Pacto, que se alcanzó por primera vez en 2017 con un consenso sin precedentes, sentó las bases para garantizar la respuesta a la violencia machista y reforzar las acciones para erradicarla. Cuatro años después, todos los partidos políticos menos Vox han renovado y sellado ese compromiso y han actualizado el dictamen. El actual caducaba en septiembre de 2022. 

La renovación del Pacto de Estado cobra especial relevancia por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora este 25-N, y por el hincapié que el departamento dirigido por Irene Montero viene haciendo en la urgencia de hacer frente a esta lacra desde la unidad institucional. 

"Hoy hemos hecho política de Estado, alcanzando un acuerdo con el mismo consenso que el año 2017, para actualizar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, convertirlo en permanente y blindar su financiación, así como todas sus medidas que nos permiten combatir todas las formas de violencia contra las mujeres", celebró la ministra de Igualdad tras la firma. La actualización, subrayó, "implica medidas importantes", tanto para la financiación como para la mejora de las condiciones presupuestarias.

En primer lugar, y según el acuerdo al que ha tenido acceso 20minutos, se pretende "consolidar" un sistema de cogobernanza, respetando las competencias de cada administración (nacional, autonómica y local) y manteniendo el "espíritu" del dictamen original "de situar a los municipios en el primer plano de la respuesta". 

Financiación permanente y plurianual

Respecto a la financiación, los grupos parlamentarios han acordado la obligación de dotar de una financiación pública "estable, suficiente, adecuada y con independencia del ciclo económico" para sostener las actuaciones de prevención, detección y respuesta especializada a las víctimas. Se establece también que los fondos gocen de la "flexibilidad" y la "capacidad" de ser ejecutados de forma plurianual.

Además, se contempla también un anuncio que ya avanzó el Ministerio de Igualdad. Se trata de garantizar la financiación de las organizaciones feministas que luchan contra la violencia machista con el 1% del total de los fondos.

Atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

Asimismo, se incluye también una de las reivindicaciones que venía abanderando el departamento dirigido por Irene Montero, que incidía en extender la asistencia a todas las formas de violencia contra las mujeres, tal y como se establece el Convenio de Estambul. 

De este modo, a partir de ahora se atenderán también a otras víctimas que han sufrido violencia por el hecho de ser mujeres, y no solo a las que la padecen por parte de sus parejas o exparejas. Inciden especialmente en la violencia económica, la violencia vicaria y la violencia en el ámbito digital.

Por otro lado, se comprometen a reforzar la protección a las mujeres "doblemente vulnerables" por los obstáculos añadidos que presentan a la hora de salir de la violencia. Estas son las mujeres mayores, mujeres migrantes, pertenecientes a minorías étnicas, mujeres rurales, mujeres con discapacidad o mujeres en situación administrativa irregular. 

Especialización y concienciación

Otro de los puntos acordados en la actualización es el objetivo de fomentar la especialización y formación de los profesionales de todos los sectores que intervienen, directa o indirectamente, en la prevención de la violencia y en la atención a las víctimas; así como a aquellos que tienen relación directa con los agresores, "especialmente en el ámbito de la justicia". 

En esa misma línea, se establece el deber de "hacer permanente" el Plan Estatal de Sensibilización y Prevención -englobando en él programas de educación; campañas de concienciación social-; así como la Estrategia Estatal frente a la violencia contra las mujeres, que deberá aprobarse obligatoriamente cada cinco años.

Refuerzo de la red de recursos y evaluación periódica 

El documento acordado por los partidos políticos insta también a "perfeccionar" los circuitos de atención integral, declarando como servicios esenciales todos aquellos destinados a la reparación y atención de las mujeres víctimas de violencia de género. 

Se comprometen asimismo a reforzar medidas que faciliten la autonomía económica de las mujeres que hayan sido víctimas, "especialmente en el ámbito laboral"; así como a "ampliar la red de recursos" con especial atención a las zonas rurales a través de, entre otras medidas, la digitalización. 

Por último, la renovación establece la obligación de llevar a cabo una recopilación de información y monitoreo de las acciones llevadas a cabo por todos los organismos implicados, para poder elaborar informes cada cuatro años. Asimismo, la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto elaborarán un informe de actividad y de evaluación del cumplimiento de todas las medidas, con una periodicidad que será también cuatrienal. 

Con el apoyo del PP pero sin el de Vox

Montero ya avanzó esta mañana que, "pese al clima político en otros ámbitos", el acuerdo se iba a conseguir sin ninguna duda, reforzando así el "rotundo mensaje de unidad institucional" al que la ministra viene apelando en las últimas semanas. "He visto al PP con absoluta responsabilidad de Estado para poder asumir esa actualización del Pacto", avanzó durante una entrevista en TVE. Finalmente, el Ejecutivo logró cerrar un acuerdo in extremis, pocas horas antes de anunciar que la renovación iba a ser efectiva. 

Vox impide que el Congreso apruebe una declaración institucional contra la violencia machista con motivo del 25-N

Al acto de firma del nuevo dictamen, celebrado en un acto en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, han asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Igualdad, Irene Montero y representantes de todos los grupos, tanto del Congreso como del Senado, salvo Vox. 

El partido de Santiago Abascal ya impidió este miércoles que el Congreso aprobara una declaración institucional en contra de las violencias machistas.