El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que comparecer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones por los casos de espionaje conocidos en las últimas semanas -incluido el que le afecta a él mismo-, pero la Cámara Baja no investigará lo sucedido. Así se aprobó este martes en la Junta de Portavoces después de que PP, Vox y las formaciones nacionalistas e independentistas sumaran sus votos para obligar a Sánchez a acudir al Congreso, una comparecencia que contó con el voto contrario de PSOE y Unidas Podemos. Por el contrario, los socialistas y el PP derribaron el intento de crear una comisión de investigación sobre las escuchas.

La exigencia del Congreso de que Sánchez ofrezca explicaciones ante el Pleno se produce apenas 24 horas después de que el Gobierno desvelara que el propio presidente y la ministra de Defensa, Margarita Robles, habrían sido víctimas de infiltración en sus teléfonos móviles en 2021 con el programa Pegasus. Esos dos casos se suman a los más de 60 desvelados contra dirigentes independentistas catalanes y vascos en 2017 y 2020, por los cuales Unidas Podemos, ERC, EH Bildu o el PNV habían pedido abrir una comisión de investigación en el Congreso, algo que no tendrá lugar por la oposición de PSOE, PP, Vox y Cs este martes.

Fuentes socialistas defienden su oposición a esta comisión de investigación asegurando que las indagaciones que ya se han puesto en marcha, como la que llevará a nivel interno el Ejecutivo, son suficientes para esclarecer las incógnitas que rodean al espionaje. Estas fuentes señalan, además, que al tratarse de asuntos reservados el foro para discutirlos en el Congreso es la comisión de secretos, recientemente desbloqueada y que se constituirá en breves.

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Allí, en esa comisión, comparecerá el próximo jueves a las 9 de la mañana la directora del CNI, Paz Esteban, una de las dirigentes más señaladas por la incapacidad del centro de evitar las escuchas a Sánchez y Robles. Los socios del Gobierno, no obstante, rechazan que la comisión de secretos vaya a servir para aclarar públicamente el espionaje porque, entre otras cosas, sus deliberaciones son secretas y los portavoces no pueden revelar el contenido de las discusiones. Y, por ello, este martes calificaron de "torpeza" que el PSOE haya bloqueado la comisión de investigación.

Los socios exigen contundencia

Así lo planteó la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que aseguró que "es el propio Gobierno el primer interesado en aclarar todo lo ocurrido en todos los extremos", más incluso ahora que hay miembros del Ejecutivo directamente intervenidos. "Se ha espiado hasta al presidente del Gobierno sin que el CNI lo haya sabido", y "cuanto más habla el Gobierno, más se está enredando y más interrogantes y dudas surgen", denunció Aizpurua, que sin embargo sí se mostró a favor de la comparecencia de Sánchez y de "todo el que pueda aclarar algo".

En el mismo sentido se expresó su homólogo del PNV, Aitor Esteban, que denunció que el PSOE está "equivocando el diagnóstico y empañando la realidad de las cosas". Esteban criticó que los socialistas argumenten que no pueden darse explicaciones públicas sobre este asunto porque es información reservada, y sostuvo que, "con el mismo razonamiento que dice que no se podría decir nada en una comisión de investigación, podemos concluir que la comisión de gastos reservados entonces no serviría en absoluto para aclarar las cosas". "Claro que hace falta investigar, porque mientras no se haga, el Gobierno decide qué se hace público qué no", denunció el portavoz del PNV.

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Por su parte, el líder de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, ironizó con la negativa del PSOE a poner en marcha una comisión de investigación y puso en duda que España sea una "democracia plena". Además, Rufián volvió a amenazar con que ERC deje de apoyar al Gobierno, y afeó al PSOE no ser "consciente de las consecuencias" de no poner en marcha una comisión de investigación. "Esto no se va a tapar y se puede cargar la legislatura", insistió el portavoz republicano, aunque fuentes de la formación rebajaron posteriormente el tono y aseguraron que ERC no va a comenzar a decir "no a todo", especialmente cuando están aún pendientes de aprobarse leyes como la de vivienda o la reforma de la ley mordaza.